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Betty Luevano
Víctimas de la corrupción

La historia reciente clama por justicia a casos como la guardería ABC, Ayotzinapa y la más cercana, el socavón del Paso Exprés Cuernavaca, aunque dolorosamente la indignación pública dura lo que la nota en los diarios.

Únicamente las víctimas directas continúan contra corriente luchando por encontrar, aunque sin éxito, un poco de justicia enfrentándose a un monstruo de mil cabezas que, en cuanto cae alguna por accidente, otras dos surgen en su lugar.

Muchos nos preguntamos ¿cómo cerrarle el paso a la corrupción en nuestro país?, una pregunta que nos deja mudos y perplejos ante la ineficacia de un sistema que cuenta con mecanismos para ello, pero que no sólo no dan resultado, sino que cada vez se cae más en el cinismo y las consecuencias llegan a ser catastróficas en muchos casos.

Existen los Congresos federal y estatales que debieran ser un contrapeso de los excesos del Ejecutivo, pero que lejos de ello sucumben a la tentación de la dádiva y el privilegio, pues de otra manera no serían posibles los casos de los actuales ex gobernadores corruptos, unos “perseguidos” y otros detenidos, aunque con grandes posibilidades de impunidad como ya se anticipa que ocurra con Javier Duarte.

Continuando con el deber ser, hablemos de las Auditorías, desde la federal hasta las locales; tienen como función la fiscalización de las cuentas de los representantes del Ejecutivo, aunque dependiendo de los Congresos, queda claro cómo y para quienes trabajan, de tal suerte que nunca vemos el fincamiento de responsabilidades penales para aquellos que presentan irregularidades, sólo el resarcimiento de daños al erario.

Están las Contralorías estatales y la Secretaría de la Función Pública que, a su vez debieran ocuparse de vigilar el apego a la ley por parte de los funcionarios públicos, cada una en su nivel de competencia y promover el cumplimiento de los procesos de control y fiscalización de recursos. Pero simplemente no pasa nada, o mejor dicho, la corrupción sigue imperando, escalando cada vez más alto y pisando más fuerte.

La realidad es desalentadora, pues cada vez que se crea un organismo, dependencia o sistema que pretende cerrarle el paso a la corrupción, quienes la encabezan encuentran atajos para evadir la acción de la justicia, convirtiendo a todo este entramado en un gasto inútil.

Tal vez hemos planteado mal el problema y lo que deba hacerse no es cerrar el paso a la corrupción, sino a los corruptos, impidiendo por ejemplo que tras evidenciar su tendencia a los malos manejos, en casos como el del socavón, vuelvan a ocupar cargos públicos o impidiendo que puedan postularse a algún cargo de elección popular; yendo incluso hasta las empresas involucradas no permitiendo que vuelvan a ser beneficiadas por el gobierno.

Situaciones extremas como las que vivimos, con grave daño al patrimonio del país y a la seguridad de la población requieren acciones drásticas y medidas como la ya planteada tal vez no solucionen el problema de fondo, pero pueden ser un buen inicio.

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