AMPLIACIÓN A LA LEY 3 DE 3 CONTRA LA VIOLENCIA

AMPLIACIÓN A LA LEY 3 DE 3 CONTRA LA VIOLENCIA
Isadora Santibañez
La Ley 3 de 3 es uno de los pilares fundamentales en la lucha contra la violencia en todas sus formas y una protección contra la revictimización de las personas que ya han sufrido por algún tipo de manifestación violenta cometido en su contra.
Nació como uno de los principales avances legales en esta materia; sin embargo, hoy podemos decir con firmeza que se ha quedado corta, ya que solo contempla la prohibición de acceder a un cargo de elección popular para aquellas personas que han sido sentenciadas por cometer algún tipo de violencia de género, abuso sexual o por ser deudores alimentarios.
La protección de las mujeres, de los niños y de las personas más vulnerables de nuestra sociedad, no debe tener límites, no debe ser parcial, ni insuficiente, por lo que la Legislatura Local ha buscado fortalecer, ampliar y reforzar el alcance de la misma, para incluir esta prohibición a todos aquellos que tienen la responsabilidad de servir a nuestra sociedad, en especial a quienes ocupan cargos de primer nivel en los distintos órdenes de gobierno.
La violencia de género, el abuso sexual y la falta en el pago de la pensión alimenticia de las infancias, son acciones que no deben ser solapadas por las autoridades, la complicidad de aquellos que deberían proteger y servir a la ciudadanía son plagas sociales que nos deben preocupar profundamente.
No podemos permitir que quienes han sido condenados por estas prácticas perniciosas, que atentan contra la integridad de nuestras mujeres, niños y familias, sigan accediendo a cargos públicos, donde se toman decisiones que afectan a millones de personas, de lo contrario estamos mandando un mensaje erróneo, un mensaje de permisividad ante las conductas que nos destruyen como sociedad.
La ampliación a la ley 3 de 3 es una reforma simple pero contundente, que da un mensaje claro de cero tolerancia a la violencia, no es solo una cuestión legal, es una cuestión ética, moral y de dignidad. Ya que dejar que personas con antecedentes de violencia o abuso sigan gobernando, es permitir que nuestra sociedad siga siendo vulnerada por las mismas fuerzas que deben ser las primeras en erradicar la violencia.
No basta con que aquellos que buscan ser nuestros representantes sean los únicos evaluados en materia de protección a las mujeres y a las infancias, la violencia no tiene fronteras, no es laxa, no es justa y aquellos que la ejercen, por congruencia, no deben tener acceso a las estructuras de poder. Por eso esta iniciativa representa un grito de justicia, un llamado a la responsabilidad colectiva, es una muestra de que el compromiso con la igualdad y la protección de nuestros derechos fundamentales debe ser implacable.
Esta reforma no busca castigar, sino más bien garantizar que aquellos que ocupen posiciones de poder estén libres de la mancha de la violencia, el abuso y la impunidad.
Es un paso hacia una sociedad donde aquellos que deben ser ejemplos de integridad y justicia, lo sean en todos los aspectos. Porque solo de esta manera podremos construir una vida libre de violencia.