La revocación de mandato, defendamos al INE
Por: Claudia Edith Anaya Mota
El pasado 3 de septiembre de 2021, el Senado de la República aprobó la Ley de Revocación de Mandato y entró en vigor el 12 días después, luego de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Esta legislación se construyó para brindarle a la ciudadanía un instrumento de democracia participativa para retirar del cargo al titular del Poder Ejecutivo Federal bajo el supuesto de pérdida de confianza de su desempeño.
Esta Ley reglamenta el artículo 35 de nuestra constitución donde dejamos claro que la única autoridad para organizar y calificar este ejercicio, sería el Instituto Nacional Electoral, en tanto que los Partidos Políticos, sí podrían convocar la participación ciudadana pero (mucha atención aquí) sin usar recursos de su financiamiento público y privado.
Quedó establecido que este proceso de participación procedería únicamente con la petición del 3% de la ciudadanía inscrita en la Lista Nominal de Electores y que solo podría solicitarse en una sola ocasión durante los tres meses posteriores al cumplimiento de los primeros tres años de un periodo presidencial.
En relación a los resultados, solo serán vinculantes cuando la ciudadanía considere que el Presidente debe retirarse de su cargo por pérdida de confianza y participen, al menos, 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores y que representen, al menos, a 17 entidades federativas.
Recuerdo que incluso durante la discusión, se retiró una propuesta de MORENA que permitía al Presidente de la República opinar e informar sobre la revocación, pero esta fue retirada para impedir que esta legislación fuera a parar a los tribunales y se retrasara su entrada en vigor.
Los requisitos legales para convocar al ejercicio de revocación fueron cumplidos y hasta con creces. En enero de este año, el INE dio a conocer que contaba con el registro de 2,845,634 firmas, es decir, 103.1% de lo requerido por la ley y se logró la participación de la ciudadanía de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.
Desafortunadamente, esta herramienta que empodera al ciudadano, se corrompió desde el momento en que no fueron ciudadanos quienes impulsaron la convocatoria, sino ex legisladores y funcionarios ligados al partido político del Presidente y además, dijeron que querían su ratificación, no su revocación.
A lo anterior, se suma el problema en que el partido en el poder en la Cámara de Diputados puso al INE al no darle los recursos suficientes para cumplir con su obligación constitucional de instalar el mismo número de casillas del proceso electoral anterior como lo mandata el art. 41 de la Ley de Revocación de Mandato y al no contar con los recursos necesarios, el Instituto promovió una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya respuesta fue que las autoridades electorales cumplieran con su responsabilidad tanto como lo permitiera su presupuesto, es otras palabras, si el INE instala pocas casillas, es porque MORENA no les dio el presupuesto para instalar más.
En la segunda semana de marzo de este año, hubo un nuevo intento para torcer la Ley como a MORENA le conviene y es que sus diputados federales y sus senadores presentaron y avalaron en menos de una semana, un decreto interpretativo para que las declaraciones de servidores (incluido el Presidente) no se quedaran prohibidas durante la veda electoral de alguna campaña o ejercicio de participación ciudadana, como lo es la consulta de revocación de mandato (justo lo que retiraron en el Senado para evitar la judicialización de la norma) y el pasado 28 de marzo, el Tribunal Electoral de la Federación declaró “inaplicable el Decreto de interpretación auténtica del concepto de propaganda gubernamental”, pero francamente a ellos, poco les importa porque están y siguen en campaña usando recursos públicos ante la mirada de todas y todos.
Lo cierto es que MORENA y sus legisladores en el Congreso de la Unión estuvieron de acuerdo con las reglas, pero ellos mismos son quienes se han dedicado una y otra vez a violarlas y a las consecuencias de su propio aval, ahora las califican como “ataques a la democracia” (sic).
*Senadora de la República.
