Juntos haciendo historia
Dr. Ricardo Moneal
Sin duda, los pasados comicios del 1º de julio constituyeron el proceso electoral más importante del México contemporáneo; la ciudadanía salió a las urnas, hastiada de la situación nacional actual, y buscando un cambio significativo en la administración de los recursos públicos y en el diseño de la política económica, con la intención de garantizar de manera fehaciente un bienestar generalizado y con mayor justicia social.
De manera particular, las propuestas dadas a conocer por Andrés Manuel López Obrador, virtual Presidente electo, como parte del programa de gobierno que encabezará a partir del próximo 1º de diciembre, han sido tachadas por los detractores como pretensiones populistas, cuyo fin es manipular el sentir de la población, apelando en todo momento al sentimentalismo de los sectores más desfavorecidos de la sociedad mexicana.
En efecto, las propuestas de la plataforma de acción política de la administración federal entrante buscan, en primera instancia, revertir los efectos de las malas decisiones de las anteriores, cuya consecuencia ha sido la pauperización de la calidad de vida de millones de mexicanas y mexicanos; en este sentido, no ha sido el sentimentalismo, sino las apremiantes necesidades de la población lo que ha alimentado los planes de gobierno.
Los cambios que se requieren para la reconstrucción del descompuesto tejido social y para comenzar a revertir la profunda crisis sistémica en nuestro país son de tal magnitud, que Andrés Manuel López Obrador, públicamente, ha llamado a este eventual fenómeno la cuarta transformación de la vida pública del país, con la salvedad de que ésta se hará de forma pacífica. Los periodos históricos de la Independencia, la Reforma y la Revolución estuvieron enmarcados en procesos altamente violentos que dieron como resultado importantes cambios en todas las materias.
Igualmente, cada una de las hecatombes históricas de México fueron precedidas por contextos de crisis generalizadas, las cuales tuvieron efectos desastrosos y en su conjunto llevaron paulatinamente al estallido social, con resultados funestos para el país.
La corrupción, la indolencia, la insensibilidad y la traición a nuestra historia por parte de las cúpulas políticas de las últimas décadas precipitaron la crisis sistémica actual. Las administraciones neoliberales (capitalismo de cuates) no sólo encasillaron al país en un escenario de baja productividad y bajo crecimiento económico, sino que además aceleraron la descomposición del tejido social en zonas importantes del territorio nacional.
Una creciente falta de oportunidades para el desarrollo personal y el bienestar familiar fue la marca de las últimas administraciones; éstas nos llevaron a una crisis política sin precedentes que estuvo aparejada a una crisis de legitimidad, sin dejar de lado que la tecnocracia que ha ostentado el poder durante largos años jamás presentó un plan viable para procurar el desarrollo del país a largo plazo.
Las aparentes soluciones que han ofrecido los gobiernos recientes a los grandes problemas nacionales han caído en su mayoría en lo que se conoce como políticas de bote de basura, es decir, meros paliativos que intentan atenuar los rezagos sociales en el plazo inmediato; ausencia que contrasta con otro tipo de políticas públicas, mayormente lesivas para la sociedad, cuya expedita aprobación y efectivo desempeño sorprenden.
El prianismo fue miope y no identificó correctamente la ponderación correcta en la lista de prioridades: la educación, por ejemplo, parte fundamental para el desarrollo de un país, se ha dejado absolutamente de lado, y las últimas reformas se concentraron principalmente en la dimensión laboral del sector, de espaldas al gremio de docentes y de la ciudadanía. Por ello resulta indispensable abordar el tema educativo desde una visión integral que privilegie la formación de profesionales en diversas áreas, y que dé impulso a la investigación científica y tecnológica que detone el desarrollo industrial de nuestro país.
La población nacional lleva décadas sometida al constante empobrecimiento de sus medios de subsistencia, negándosele la posibilidad de una vida digna. Los gobiernos recientes se obstinaron en emplear modelos económicos caducos, a través de lo cual han sacrificado la inversión en el desarrollo social so pretexto de seguir las premisas que marcan los organismos financieros internacionales, por lo que la adopción del esquema neoliberal ha significado una apertura económica que ha rayado en el entreguismo de los diferentes recursos estratégicos con que cuenta el Estado mexicano.
Como bien señalan algunos analistas, en las dos elecciones pasadas se vendió la idea de que adoptar un plan alternativo de modelo político-económico era un peligro para el país, pero, ¿qué ha pasado? La fidelidad a cánones neoliberales es lo que en verdad nos ha llevado a escenarios en extremo peligrosos: devaluación de la moneda, inestabilidad económica, aumento constante de la inflación, depreciación de los salarios en términos reales, malestar social, aumento de la inseguridad y otros tantos perjuicios que se han exacerbado por la prevalencia e intensificación de la impunidad y la corrupción.
El Estado de derecho en México es más una simulación que una realidad tangible. De todo ello, el electorado es consciente y ha decidido, de manera contundente, no sólo mandar un mensaje de desdén a los grupos políticos que han auspiciado la tragedia en que se encuentra la nación, sino optar por la única alternativa sensata, cuyos planes y programas están enfocados a revertir los efectos de las malas administraciones pasadas.
El próximo gobierno del presidente electo, además de reunir todas las formas legales, cuenta con una legitimidad pocas veces vista, producto de la amplia confianza que en su figura depositó la ciudadanía, y que se traducirá en un Poder Ejecutivo fuerte, arropado por el apoyo de la mayoría en ambas cámaras del Poder Legislativo, lo cual podrá favorecer la realización de los cambios más urgentes que necesita el país.
Las propuestas del otrora candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia” van en un sentido diferente al de las medidas tecnócratas que han imperado en los gobiernos precedentes; la conducción de nuestro México cambiará para beneficio de todas y todos, no sólo de unos cuantos. En la mira está no fallarle a la ciudadanía, y con ese objetivo habrá que crear las condiciones para desarrollar un trabajo coordinado, pero respetuoso, entre los poderes constituidos.
Estamos en la coyuntura de tener un titular del Ejecutivo fuertemente legitimado, ávido de transformar las estructuras, los procesos y las políticas de gobierno, y atender las demandas históricas, y en la antesala de contar con un Poder Legislativo abierto, transparente, independiente y proactivo. Los retos que tendrá frente a sí el Congreso mexicano serán de la más alta relevancia.
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