Ante la emergencia.
Por: Jenny González Arenas
No es la primera vez que se tendrían que suspender actividades económicas derivado
de una crisis en materia de salud. Es una decisión difícil, pero alguien tiene que asumir la
responsabilidad que esto implica.
Suspender por tiempo indefinido las actividades puede tener consecuencias graves en
cualquier economía, pero no suspenderlas puede tener implicaciones que no se recuperan
con el tiempo.
Si la economía se detiene, definitivamente habrá empresas que no lo puedan soportar,
se retrasan programas productivos, académicos, laborales, algunas cosas no se podrán
recuperarse pero, eventualmente, superada la crisis sanitaria, se podrá volver a la vida
normal y tratar, en la medida de lo posible, recuperar el tiempo perdido, incrementando las
horas de trabajo, ampliando los calendarios escolares, etcétera.
Pero no suspender, no atender de manera adecuada el problema de salud, puede ser
peor, porque se pueden perder vidas que no se podrán recuperar, se deteriorará las
condiciones de salud de las personas, se harán fuertes gastos emergentes en materia de
salud que, si se propaga la enfermedad, difícilmente serán suficientes para atender la
pandemia.
Entre el derecho humano a la salud, a la información y al desarrollo, el Estado debería
tomar medidas necesarias para que no se violente ninguno, o si es necesario que se cause
algún daño, sea el menor o el de más fácil reparación.
Se violenta el derecho a la salud, al no suspender actividades y fomentar la
propagación del virus, se estaría poniendo en riesgo la vida de muchas personas y se
estarían gastando recursos en las medidas curativas necesarias para las muchas personas
que se contagiarían.
Se violenta el derecho a la información, se están ocultando datos sobre la
enfermedad, lo que pondría en riesgo la salud de las personas y fomentar la propagación del
virus. Se esta reservando mucha información que la población necesita conocer para evitar el
contagio. Con medidas preventivas no se logra el objetivo al cien por ciento.
Se esta privilegiando el desarrollo, se esta dando mayor importancia a la actividad
económica para que no se detenga, como si con ello se fuera a generar dinero suficiente
para atender a las víctimas de la enfermedad.
No creo que esta medida sobreviva un escrutinio bajo el test de ponderación. Por el
contrario, podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que la medida adecuada sería
sacrificar temporalmente el desarrollo porque es el derecho cuya vulneración sería de más
fácil reparación, impactaría de menor manera en el ejercicio de los demás derechos lo que la
convierte en la medida menos lesiva cuando se trata de ponerla en una balanza junto con la
salud y la información.
La vida de las personas no se repara con nada, así como no gozar de la información
necesaria para tomar las decisiones adecuadas tampoco es un derecho que se pueda
sacrificar, sin embargo, detener las actividades económicas para salvaguardar la salud de las
personas, sin poner en riesgo la vida, proporcionándoles toda la información necesaria para
la protección de su salud.
El Estado tendrá sus razones, pero poner en juego la salud de la población a cambio
de no sacrificar indicadores económicos nunca será una alternativa viable en una verdadera
sociedad democrática. Nuestras autoridades tanto políticas, como económicas, como
educativas, deben priorizar la salud de todas las personas, ya sean usuarios o prestadores
de servicios, antes que cumplir con plazos establecidos o parámetros económicos, porque la
salud de las personas es mas importante que cualquier otro indicador.
