Transparencia a conveniencia.
Por: Juan Carlos Girón Enriquez
Vemos los medios de comunicación que difunden información de todo tipo, eso es bueno, porque garantiza el derecho de acceso a la información de las personas. Es una forma en que la sociedad puede contar con datos que necesita o que simplemente quiere saber.
Pero, ¿hasta que punto, la información que se publica obedece a intereses personales o políticos, sin importar el riesgo que ello implica para la sociedad o para cierto grupo social?
Recientemente, los docentes universitarios hemos sido víctimas de la publicación de datos personales patrimoniales relacionados con nuestros ingresos que se hizo a través de un medio de comunicación impreso y digital. Los universitarios no nos oponemos a que se conozca la información, mucho menos nos oponemos a que las autoridades universitarias publiquen en su plataforma de transparencia los datos que por ley están obligados a presentar, a lo que nos oponemos es a que la información sea entregada de manera tendenciosa, a los medios de comunicación, con la finalidad de que dicha información sea utilizada para amedrentar, asustar, amenazar e, incluso, poner en riesgo la integridad personal y de las familias de los docentes universitarios al hacer pública información que, si bien es cierto se encuentra en la plataforma nacional de transparencia, también es cierto que la forma en la que se publicó proviene de un documento que se extrae directamente de la propia universidad en la que la selección de nombres no es aleatoria, sino que obedece, probablemente, a una consiga de perjudicar a ciertas personas que se encuentran en contra de la actual administración o que no son del contentillo del grupo que se encuentra ahora en el poder.
La situación de violencia y delincuencia que aqueja a nuestra entidad es verdaderamente compleja. Publicar una lista de los ingresos de los docentes pone en riesgo, no solo a aquellos que aparecen en la lista, sino a todos los universitarios, porque se puede pensar que todos ganan esas cantidades. Pero la cantidad no es el problema, sino como se saca de contexto la información como si los universitarios estuviéramos sustrayendo dinero de las arcas públicas y lo estuviéramos robando.
La prima de antigüedad es un derecho, consagrado en el contrato colectivo de trabajo y con un techo presupuestal, se trabaja para poder ejercerse y la mayoría de las veces esa prestación se recibe fuera de tiempo, pero eso no debería ser el centro de la discusión, lo que deberíamos cuestionar es porque la Universidad es tan ágil para proporcionar información que pone en riesgo la seguridad de los docentes, según ellos amparados en la Ley, pero se olvida de cumplir todas las demás obligaciones de transparencia a la que la misma ley los obliga, como lo es la de publicar toda la información de procedimientos administrativos o la de publicar las convocatorias de los concursos de oposición o la de los procesos de selección de consejos o el resultado de las evaluaciones docentes o los estudios financieros con recursos públicos o los mecanismos de participación ciudadana o el padrón de proveedores y contratistas o los informes de avances programáticos o presupuestales o los balances de su estado financiero, o lo relativo a las adquisiciones directas o las licitaciones (que en el particular de esta administración se están llevando a cabo en Aguascalientes, sin transparentar por que en zacatecas no).
Que curioso que la Universidad, como sujeto obligado, sea transparente en medio de un conflicto sindical para publicar información relativa a docentes y sea oscuro para todo lo demás.
Docente Investigador de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas. e-mail: giron705@uaz.edu.mx
