No seamos cómplices de la explotación laboral cubana
Por: Claudia Edith Anaya Mota
Hace unos días el Presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de su habitual conferencia de prensa emitida desde el Palacio Nacional, dio a conocer la contratación de médicos cubanos bajo el argumento de que hay un déficit de especialistas nacionales en diversos campos de la medicina, aunado a la negativa de muchos trabajadores de la salud de ir a laborar a comunidades alejadas de centros urbanos.
Esta decisión ha despertado muchas inquietudes en diversos sectores, comenzando por los propios colegios de médicos, especialistas en finanzas (que se preguntan si dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación se etiquetaron recursos para ello y cuál será el monto de este programa) y por supuesto, de quienes aseguran que los médicos cubanos estarán siendo víctimas de explotación laboral.
Lo anterior, se deriva de diversos llamados de atención porque el dinero que proviene del pago de nuestros impuestos que pagarán sus sueldos, no irá directamente al bolsillo de los especialistas, sino que irá directamente al gobierno cubano, que como es de todos conocido, su forma de gobierno no es democrático, sino que es una dictadura.
Ante este escenario el pasado lunes 16 de mayo, representantes de diversos medios de comunicación preguntaron al Presidente sobre cuántos médicos serían contratados, qué número y en qué estados laborarían, qué sueldo tendrían y sobre todo, qué posición tiene nuestro gobierno ante el descuento que tendrán los especialistas por parte del gobierno de Cuba.
Hasta el lunes pasado no se sabía que serán 500 médicos cubanos que se contratarán, no hay un plan de cuántos y en qué estados laborarán. Respecto a su sueldo, el titular del Poder Ejecutivo afirmó que ganarán exactamente lo mismo que un médico mexicano y respecto al pago, confirmó que este se realizará directamente al Gobierno de Cuba; en relación a los descuentos el Presidente afirmó categórico y molesto: “Nosotros no tenemos porqué meternos en eso”.
Lo cierto es que desde 2020 la Organización de las Naciones Unidas, ha manifestado preocupación por las condiciones de trabajo y de vida a la que son sometidos los médicos cubanos a través de sus “misiones médicas internacionales”, situación descrita por los propios médicos a los relatores de este organismo internacional, entre las que destacan: a) Los médicos no reciben una copia de su contrato; b) Trabajan 48 horas por semana más 16 adicionales de guardia, lo cual aumenta a un total de 64 horas semanales, muchas veces incluyendo sábados y domingos (así como lo está comprometiendo el Presidente); c) Muchos de ellos se sienten presionados por sus gobiernos a participar de estas misiones; d) No ven a su familia durante un año y solo las ven, a consideración de su supervisor; e) Son vigilados en extremo y su interacción con otras personas ajenas al régimen dictatorial, se lleva bajo la tutela y vigilancia de funcionarios cubanos para evitar su deserción…En suma, todas estas características representan un ejemplo claro de esclavitud moderna.
Ante esta situación, en algunos países médicos cubanos han demandado a los gobiernos extranjeros por explotación laboral ante tribunales internacionales, demandando por supuesto la totalidad de su sueldo y una indemnización acorde con las prestaciones vigentes en el país donde han prestado sus servicios. Muy sonado fue el programa “Misión Barrio Adentro” del Gobierno de Venezuela (2018) que fue litigado en Miami y recientemente está en litigio ante la Suprema Corte de Justicia de Washington el Programa “Mais Medicos” de Brasil. Lo único que pretenden los médicos cubanos con estas demandas -como lo ha manifestado la Dra. Ramona Matos Rodríguez quien huyó de Brasil- “es que no haya abusos contra los médicos cubanos que, como yo, nos hemos desempeñado en misiones en el exterior”.
Una administración como la que encabeza el Presidente López Obrador quien se ha autocalificado como “respetuoso de los derechos humanos”, no puede ser cómplice bajo ninguna justificación o argumento, de un proyecto internacional fundamentado en la ilegalidad al no respetar los derechos humanos fundamentales de las personas.
*Senadora de la República.
