El abuso de la prisión preventiva
Por: Claudia Anaya Mota
Uno de los temas torales de mi agenda legislativa, es la justicia. De ahí mi interés por impulsar que las y los mexicanos, tengan acceso a ella, tal como lo establece nuestra Constitución.
En este sexenio, desde el Poder Legislativo hemos aprobado una reforma constitucional y una legislación nacional en materia de extinción de dominio; hemos aprobado una reforma judicial que la mayoría pidió, para acelerar los procesos de impartición de justicia y generar criterios homologados.
Por si fuera poco, aumentamos el catálogo de prisión preventiva oficiosa, dándole al Ejecutivo la posibilidad de encarcelar a la gente sin juicio previo, tal como lo solicitaron, pese a que advertimos los problemas que generaría y las desventajas de implementarlo. Las alertas que encendimos, ya son una realidad.
Si consultamos y comparamos los últimos Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios en los ámbitos estatal y federal, publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), observamos que el estatus jurídico de las personas privadas de la libertad e internadas en una penitenciaría en el país, cuatro de cada diez (42.1%) no contó con una sentencia en 2021. En el caso de los hombres, el porcentaje fue de 41.5%; para las mujeres, 52.9%.
Resulta inquietante que de los hombres privados de la libertad e internados sin sentencia, 12.6 % ha esperado dos años o más para obtenerla. En el caso de las mujeres, este porcentaje fue de 14.2%, es decir, la población femenil padece aún más las distorsiones de la impartición de justicia.
Llama la atención que al finalizar el año pasado, en los ámbitos federal y estatal, la población privada de la libertad e internada se conformó por 220 mil 420 personas, cifra 4.4% superior a la reportada un año antes. De estas, 94.4 % eran hombres y 5.6 %, mujeres. En otras palabras, la prisión preventiva no significó necesariamente, mayor seguridad.
Lo que sí se ha incrementado, son los conflictos entre la población penintenciaria en todo el país, precisamente por la sobrepoblación y el hacinamiento. Por ejemplo: En 2021 ocurrieron 2 mil 840 incidentes de inseguridad en los centros penitenciarios federales, estatales y en los centros especializados de tratamiento o internamiento para adolescentes. Esto representó un aumento de 22.6 % respecto a la cifra reportada en 2020.
En dichos incidentes estuvieron involucradas 8 mil 830 personas: 110 personas perdieron la vida y 691 resultaron heridas. Del total de incidentes, 42.7 % correspondió a riñas. Los centros penitenciarios federales concentraron la cuarta parte de los incidentes.
Por otra parte, de los delitos cometidos por hombres privados de la libertad en los centros penitenciarios federales, 6 mil 419 (25.4 %) correspondieron a delitos en materia de armas, explosivos y otros materiales destructivos. En los centros penitenciarios estatales y centros especializados de tratamiento o internamiento, 118 mil 891 (39.8 %) correspondieron a robo. En relación a los delitos cometidos por las mujeres en el ámbito federal, el más común fue secuestro, con 27.5 % (426). En el ámbito estatal, el delito de robo concentró 29.8 % (5 mil 105).
Toda esta información debe ser tomada en cuenta para repensar el sistema judicial, tanto en la prevención del delito como en la impartición de justicia. Ya he presentado iniciativas para que se permute la prisión preventiva oficiosa por otra medida cautelar, porque como hemos visto con los datos duros, el acceso a la justicia no es pronta y expedita y la población privada de su libertad se incrementa y trae como consecuencia otros fenómenos dentro de los centros penitenciarios y ello, debido a que no hay avances en las averiguaciones previas por parte de los Ministerios Públicos.
*Senadora de la República.
