La defensa del INE tiene trincheras pendientes
Por Claudia Anaya Mota
El pasado domingo 13 de noviembre, familias de al menos 50 ciudades del país pertenecientes a 15 estados de la república, entre ellos, Zacatecas, tomaron las principales plazas y calles para manifestar pacíficamente, con conocimiento de causa, sin acarreos y sin prebendas, su rechazo a la reforma electoral propuesta por el Ejecutivo Federal y al mismo tiempo, defender al árbitro electoral, al Instituto Nacional Electoral (INE) y dejar en claro que esta institución debe permanecer ciudadana y autónoma, conformada por perfiles especializados y profesionales, alejado de los caprichos del gobierno en turno para garantizar que la voluntad ciudadana manifestada en las urnas, sea respetada.
Si bien es cierto que la marcha es un hito en nuestra historia reciente por su corte ciudadano, debemos tener en cuenta que el ojo público está puesto en una reforma constitucional que por los números con que cuenta el partido mayoritario y sus aliados en la Cámara de Diputados, es muy probable que no se apruebe, pero de fondo, nos debe ocupar la destrucción de nuestras instituciones democráticas que se ha estado gestando poco a poco desde el Congreso de la Unión.
En la reciente aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año próximo, los recursos para el INE disminuyeron casi 5 mi millones de pesos, es decir, una reducción del 20% de su presupuesto total, tres veces mayor al recorte que sufrió en 2020; llama la atención, porque en septiembre próximo, iniciarán las actividades preparatorias para el proceso federal electoral 2024 y usualmente, con estos ejercicios democráticos, el instituto requiere de mayores recursos para desempeñar su labor de manera eficiente
Es importante resaltar que el INE no solo organiza las elecciones, sino también, requiere de recursos financieros para llevar a cabo tareas de manera permanente, independientemente si hay o no procesos electorales en turno, como son: la emisión de credenciales para votar con fotografía en México y en el extranjero, el monitoreo y administración de los tiempos oficiales en radio y televisión, la fiscalización al gasto y actividades de los partidos políticos y la vigilancia a las Agrupaciones Políticos Nacionales, para que cumplan con los requisitos de ley para que en su evolución, puedan convertirse en partidos políticos nacionales o locales.
Este recorte, pareciera una manera de terminar con las instituciones asfixiándolas presupuestalmente, porque al INE que ha garantizado la alternancia en el poder de manera pacífica y con altos índices de confianza, hoy quieren ahorcarlo y reformarlo, no para que mejore, sino para que ya no lleve a cabo sus actividades tal como lo ha venido haciendo.
Tampoco debemos perder de vista la renovación de los cuatro consejeros electorales del próximo año y debemos vigilar que su participación sea pública, transparente y objetiva, es decir, que cumplan con el perfil especializado para que puedan desempeñar su importante labor y que aprueben el procedimiento tradicional que se ha llevado a cabo para que sean considerados, es decir, que cualquier persona capacitada e interesada en participar se inscriba a partir de una convocatoria que es pública, realicen un examen de conocimientos, lleven a cabo una entrevista de corte político para que posteriormente, sean electos en quintetas por los legisladores en 2/3 partes de los legisladores que conforman el Congreso.
Mi conclusión es que la marcha del 13 de noviembre fue un ejercicio ciudadano extraordinario, porque la gente se adueñó de la calle para ejercer su derecho a la libre manifestación de sus ideas, fue totalmente un acto cívico digno de reconocer y atender, pero no debemos perder el fondo, que es la intención constante de debilitar las instituciones autónomas que nos garantizan la democracia y la paz y que al menos, presupuestalmente, ellos van ganado y la ciudadanía, perdiendo.
*Senadora de la República.
