El Plan B: Una reforma electoral por la puerta de atrás
Por: Claudia Anaya
Esta semana en el Senado de la República, se discutió y se aprobó por las y los legisladores de MORENA y sus aliados, lo que públicamente se conoce como el “Plan B” de la reforma electoral, una reforma que no emana de la ciudadanía, sino desde la máxima expresión del poder político de un país: El Poder Ejecutivo.
La reforma rompe totalmente el Pacto Democrático entre los partidos políticos nacionales, porque siempre se habían construido reformas electorales de la mano de todos los grupos políticos y hoy, la cerrazón, la ausencia del diálogo y la falta de acuerdos, produce un cambio en nuestra democracia donde solo se atendió una voz y donde obviamente, dichos cambios los benefician a ellos, violentando los equilibrios que nos brindaban confianza en los resultados electorales y por ende, garantizaban la alternancia en el poder de manera pacífica.
Debemos recordar que la reforma electoral es de gran calado y por ello, en un primer momento, el oficialismo buscó que fuera aprobada como una reforma constitucional, pero, ante el rechazo multitudinario de la ciudadanía que salió a manifestarse el pasado 13 de noviembre en la capital de la República y en distintas ciudades del país, incluyendo Zacatecas, la reforma fue rechazada en la Cámara de Diputados porque no obtuvieron los votos necesarios para avalarla.
Casi un mes después, deciden presentarla y aprobarla a través de leyes secundarias regresivas, con modificaciones que dejan en franca vulnerabilidad al Instituto Nacional Electoral, a tal grado, pone en riesgo la democracia, porque no hay garantía de tener elecciones libres al reducir la capacidad del INE para salvaguardar derechos, tampoco hay garantía de que haya suficiente personal y recursos para organizar elecciones limpias y confiables, ni tampoco tiene en cuenta la experiencia obtenida luego de casi tres décadas de creación del instituto en la resolución institucional de conflictos post electorales.
Es importante resaltar que la reforma estaría quitando a casi el 80% de funcionarios que en equipo con los ciudadanos, revisan la instalación de casillas, capacitan a los funcionarios de casilla, actualizan la cartografía electoral, entregan las credenciales de elector, promueven los derechos políticos electorales, y es gracias a todos ellos, que el INE tiene garantía de eficacia operativa y técnica para darnos la confianza a los ciudadanos que quienes nos representan, fueron legalmente electos por la mayoría.
Lo más relevante, es que su origen está plagado de disposiciones legales que violan los principios establecidos en nuestra Constitución Política y pese a ello, sin el menor pudor, los diputados y senadores de MORENA aún en conocimiento de estas irregularidades, decidieron avalarla en comisiones sin tener en cuenta la opinión de expertos o de los propios senadores de otros partidos políticos, actitud que atropella nuestra democracia.
Desde la oposición, hicimos un llamado a la responsabilidad individual de cada legislador, pero también, hicimos un llamado a la responsabilidad que tendrán en todo este proceso las y los ministros de la Corte, porque identificamos que hubo violación al proceso de discusión y dictaminación de la reforma y por ello, acudiremos al máximo tribunal para que nos dé la razón, porque tenemos las pruebas y los argumentos para demostrarlo.
*Senadora de la República.
