El dolor de los desaparecidos llegó a Zacatecas
Por: Claudia Anaya Mota
La desaparición forzada es un delito que atenta contra los derechos humanos fundamentales, porque coarta la libertad de una persona, ya sea a través de un secuestro, privación ilegal o detención ejercida por otros particulares, o incluso, por funcionarios públicos. Este delito se agrava desde el momento en que las autoridades se abstienen de actuar en consecuencia, guardan silencio o niegan la información sobre el hecho.
Este delito, produce miedo e inseguridad en los familiares cercanos que viven en una constante angustia que les produce el no saber si su pariente está vivo y si lo está, en qué condiciones, dónde estará, quién se lo llevó, porqué se lo llevó y una lista interminable de interrogantes que exigen respuesta, a tal grado que muchas mujeres toman en sus manos las investigaciones, poniendo en riesgo hasta su vida, ante la falta de eficacia de las autoridades.
Lamentablemente en Zacatecas estamos viviendo ese horror. De todos es conocido que la desaparición de personas es un fenómeno que se intensificó desde 2021 y ha ido creciendo en las últimas fechas. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hasta el 2 de enero de 2023, tenía el registro de 3,309 víctimas originarias de nuestro estado.
De acuerdo con algunas investigaciones de organizaciones de la sociedad civil, la mayoría de las personas que están siendo privadas de su libertad de manera ilegal, son hombres jóvenes y por ello, se sospecha que es muy probable que sean víctimas de trabajo forzado y esta es una de las principales razones por las que comunidades enteras, abandonan su hogar y sus pertenencias para huir de los captores. Así, podemos constatar que la desaparición forzada no solo afecta a la familia de las víctimas sino a comunidades enteras, al producirles miedo ante la ausencia de la garantía de seguridad de tránsito por parte de las autoridades.
Lo cierto es que hasta hoy, Zacatecas no encabeza la lista de entidades federativas que viven este flagelo, pero sí encabeza la lista de estados más peligrosos en el país, con una tasa de 7.5 homicidios dolosos cometidos por cada 100 mil habitantes, un dato que no podemos dejar de soslayar.
A lo anterior, sumemos que de acuerdo con la organización “México Evalúa”, Zacatecas destaca porque el 95% de las desapariciones no son denunciadas por temor a represalias y en 2021, el 100% de los casos investigados quedó impune. En otras palabras, la alarmante tendencia al aumento de las desapariciones forzadas ha sido facilitada por la impunidad absoluta.
Debemos tener en cuenta que en el artículo 14 constitucional, se garantiza el derecho de las víctimas de este delito a tener personalidad jurídica y preservar su derecho a la identidad, es decir, no olvidar su nombre y su origen, y al mismo tiempo, obliga a las autoridades competentes a brindar las medidas apropiadas para asegurar la protección más amplia a sus familiares. Es necesario que en Zacatecas, se haga valer nuestra Constitución y nuestros derechos.
*Senadora de la República.
