La necesaria política migratoria mexicana
Por Claudia Edith Anaya Mota
Nuestra vecindad con Estados Unidos, nos coloca como un país de origen, tránsito y destino temporal de migrantes no solo de origen latinoamericano, sino también de otros países, como Rusia o Ucrania, todo ello, a consecuencia del cambio reciente en los flujos migratorios derivados de las crisis políticas, económicas y sociales que se han presentado en los últimos tiempos.
En 2020, el Covid-19 cambió por un periodo la política migratoria de Estados Unidos a partir de la puesta en marcha del Título 42; que era una política sanitaria implementada por el ex Presidente Donald Trump que permitía expulsar a los migrantes de manera inmediata, sin posibilidad de que ellos presentaran una solicitud formal de ingreso y eran devueltos en horas a nuestra frontera en aras de proteger la salud pública.
Ciertamente, en 2020 la pandemia bajó los niveles de movilidad humana en el mundo. Sin embargo, a partir de 2021 y con la vacunación masiva de la población, el fenómeno migratorio se reactivó. Como respuesta, el gobierno mexicano, envió a cientos de elementos del ejército y de la Guardia Nacional a Chiapas, puerta de entrada a nuestro país por la frontera sur y argumentó que se trataba de una medida sanitaria para impedir la propagación del coronavirus, argumento poco sólido, dado que había pasado más de un año del inicio de la pandemia.
Para los especialistas, la presencia de la Guardia Nacional en la frontera sur, no se debió a medidas de protección a la salud, sino mas bien, fue una respuesta ante la amenaza a México por parte de la administración Trump, de imponer aranceles si no controlaba el flujo de migrantes, cosa que el Gobierno mexicano respondió al multiplicar los retenes y controles en toda la ruta, pero sobre todo en el sur y luego entonces, se incrementaron también las violaciones a los derechos humanos.
En 2022 la Organización Internacional Migrante que pertenece a las Naciones Unidas, alertó que en México, el tránsito de migrantes se había incrementado 44% más en comparación con el año anterior, al sumar poco más de 444 mil personas. Esto se vio reflejado en albergues donde el hacinamiento, la falta de alimento, de servicios básicos y de atención médica, trajeron protestas que culminaron en una tragedia como la que vimos recientemente en Ciudad Juárez, dejando a 40 personas fallecidas a causa de un incendio provocado.
Es de resaltar que acorde con el Sistema Nacional de Alerta a la Violación a los Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Migración como la sexta institución que más denuncias tiene por parte de las personas migrantes debido a: i) Dilación en el proceso administrativo en su atención; ii) Omisión en la atención médica; iii) Detención arbitraria; iv) Trato cruel y degradante y iv) Impedimento al libre tránsito.
Importante también mencionar que los alcaldes y algunos gobernadores han pedido ayuda a la Federación, porque no se destinan recursos suficientes del presupuesto federal y lo único que reciben, son medidas administrativas para la contención de la población migrante, situación que se agrava con la conclusión del Título 42 que mencionaba con anterioridad y con la entrada del Título 8, que en esencia, consiste en expulsar de la frontera estadounidense a cualquier persona que no cumpla con los requisitos de asilo y se le impedirá, por un periodo de 5 años su reingreso y podrían enfrentar hasta un proceso penal a causa de cualquier intento posterior de cruzar la frontera de manera ilegal.
Tengamos en cuenta que en Zacatecas es una entidad que expulsa migrantes, en nuestras familias, tenemos a alguien que vive al otro lado de la frontera y ha salido adelante, la migración es parte de nuestra identidad. Nosotros debemos ser conscientes de lo que padecen las personas que transitan por nuestro país y que buscan cruzar nuestra frontera para lograr una mejor vida, porque nuestros paisanos, también son víctimas de los abusos y de la corrupción en los dos lados de la frontera.
Por nuestros paisanos, por las víctimas de las crisis, de las guerras, de los gobiernos dictatoriales, las y los senadores debemos demandar, pero también ayudar a construir una política migratoria que no criminalice la migración, que respete los derechos humanos de las personas y que atendamos desde casa, las causas de este fenómeno, antes de exigir que Centroamérica, haga lo mismo.
*Senadora de la República.
