Beatriz Pagés
REFORMA JUDICIAL: LA PRIMERA GRAN PURGA
La reforma al Poder Judicial es la primera purga politica en contra de los adversarios más peligrosos para el régimen. En la lista de enemigos aparecen en primer lugar los ministros de la Corte y en segundo, medios de comunicación y periodistas criticos.
La puga irá avanzando y quemando etapas. Hoy, los más importante para López Obrador es “echar a la calle” a los ministros, jueces y magistrados que han sido un obstáculo a sus reformas inconstiucionales y a la conslidación de su proyecto autoritario.
Lo más importante para el autócrata de marras es deshacer de los “saboteadores” y “disidentes” de la Cuarta Trasnsformación. Primero, los destituirá, luego, podría llevarlos a juicio y a la cárcel si es necesario.
López y sus secuases quieren -como en toda dictadura- legitimar el golpe más duro y perverso que se haya intentado dar en contra la división de poderes por medio de la cooptación del voto popular en las urnas.
Con la misma estructura electoral y los mismos métodos ilegales con los que hizo ganar a Claudia Sheibaum la presidencia, quiere imponer el triunfo de ministros, jueces y magistrados para capturar el Poder Judicial.
La reforma propuesta parte de dos falsedades : no es un remedio a la corrupción y tampoco facilita el acceso a la justicia. Esas no son sus prioridades. No hay en la iniciativa una sola letra para mejorar la admnistración de justicia.
La verdadera intención es otra: vengarse de la Corte y demoler un modelo de justicia que le ha impedido a López Obrador instaurar la “república del obradorato”. Se trata de quitar a jueces y ministros incómodos por otros que le rindan pleitesía.
La aprobación de la reforma abriría la puerta a la represión y persecusión. Ya no habría jueces independientes para defender a las víctimas del régimen. La futura presidenta podría expropiar, incautar, encarcelar, acusar, exiliar a quien considere un peligro para la sobreviviencia del proyecto dictataorial sin que haya tribunales neutrales.
Es una reforma perversa por donde se le vea. No beneficia a los ciudadados, pero sí al crimen organizado. López Obrador está tratando de cerrar la piza: por un lado ordena a los militares no atacar a los criminales y ahora los delincuentes también van a poder imponer a jueces en las urnas. Negocio completo.
A la purga de ministros, jueces y magistrados va a seguir la purga de comunicadores y de otros adversarios. La operación “limpieza” apenas comienza. Hoy toca a los abogados y mañana a los periodistas, a los médicos, a los cientificos, a los académicos, a los partidos.
La investigación de la UIF en contra de Carlos Loret de Mola, de su esposa y de Victor Trujillo es el uso del terror para silenciar a quienes se atreven a exhibir la podredumbre del régimen y de la familia presidencial. La libertad de expresión -al igual que la independencia judicial- es considerada un riesgo para el futuro de la 4T y de la futura presidenta.
La destitución de ministros, jueces, magistrados y la persecusión de periodistas es decisiva para garantizar la navegación y sobrevivencia de un plan que va más allá de Sheinbaum. Ella será puesta en la silla presidencial para dar inicio a la gran purga y quitar obstáculos a la imlantación de una dictadura.
La encuesta de El Financiero donde el 62% de los mexicanos desconocer el contenido de la Reforma Judicial confirma que el gobierno se vale de la ignorancia para imponer un modelo de justicia que abrirá la puerta a la “noche de los cristáles rotos”, a la purga, persecusión política y económica de todo lo que represente una amenaza a la expansión de su poder.
