Sin simulación: la nueva ley sobre desaparición
Por: Claudia Anaya Mota
México enfrenta una grave crisis de derechos humanos, evidenciada por el alarmante número de personas desaparecidas. Esta situación pone de manifiesto la incapacidad de las autoridades federales y estatales para enfrentar el problema de manera efectiva. Ante la falta de respuestas institucionales, los colectivos de personas buscadoras han surgido como una respuesta directa a la ineficiencia en la investigación y búsqueda por parte del Estado.
En este contexto, madres y familiares de personas desaparecidas han asumido la búsqueda de sus seres queridos, reconociendo que este fenómeno, lejos de disminuir, se repite una y otra vez. Para dimensionarlo: entre el 1 de enero de 1980 y el 1 de enero de 2018 se registraron aproximadamente 123 mil personas desaparecidas; mientras que, entre el 1 de enero de 2019 y el 1 de enero de 2025, la cifra asciende a 163 mil.
Las colectivas han enfrentado amenazas, intimidaciones y acoso tanto de grupos criminales como, en algunos casos, de autoridades. Han sido víctimas de ataques físicos, desapariciones y asesinatos, incluyendo a madres buscadoras y sus aliados. El costo psicológico y emocional de esta labor es inmenso, sumado a la revictimización constante y la falta de apoyo institucional.
Los riesgos extremos que enfrentan las Madres Buscadoras subrayan la urgencia de que el Estado garantice protección y respaldo efectivos a su labor. La propuesta presentada por la titular del Poder Ejecutivo Federal para una nueva Ley sobre Desaparición Forzada no atiende el problema de raíz: no contempla medidas preventivas ni establece una política pública sólida para proteger a las posibles víctimas. Más bien, parece una iniciativa centrada únicamente en la identificación de personas fallecidas, con elementos que ya están contemplados en la legislación vigente.
Hace unos días, me reuní en el Senado de la República con el colectivo Madres en Resistencia, quienes compartieron conmigo su experiencia. De ese encuentro, identifiqué diversas deficiencias institucionales que requieren atención inmediata, entre ellas:
a) La insuficiencia de abogados victimales y la falta de sensibilidad de los existentes, derivada de una escasa capacitación;b) La sobrecarga de trabajo de los fiscales, que manejan demasiadas carpetas de investigación;
c) La ausencia de fiscales de interconexión, lo cual afecta el seguimiento de casos donde la persona desaparecida es originaria de un estado y desaparece en otro, debido a la falta de coordinación entre fiscalías;
d) La falta de recursos económicos para las personas buscadoras, quienes enfrentan constantemente el obstáculo del “presupuesto insuficiente”;
e) La ausencia de políticas efectivas de prevención de la desaparición.
Por todo lo anterior, es fundamental que el oficialismo no simule atender esta crisis con una legislación ineficaz. Es imprescindible que escuche y atienda la voz de los colectivos de búsqueda para que la nueva legislación se construya desde la experiencia de quienes viven en carne propia las fallas del sistema.
La participación de quienes buscan incansablemente a sus seres queridos es esencial para crear una legislación que no se limite a definiciones legales, sino que refleje las vidas, las esperanzas y el dolor persistente de quienes han perdido a alguien. Su inclusión no es solo una cuestión de justicia: es un requisito indispensable para una ley que aspire a marcar una verdadera diferencia.
Senadora de la República
