Extorsión sin recursos: la ley que nace sin herramientas
Por: Claudia Anaya Mota
En el Senado de la República, durante la discusión y aprobación del marco jurídico para fortalecer el combate contra la extorsión, escuchamos discursos profundamente emotivos. Sin embargo, por más legítimos que sean esos discursos, la realidad nos alcanza: no hay presupuesto suficiente para implementar la legislación que aprobamos y sin presupuesto, cualquier legislación —por noble que sea— termina convertida en una buena intención.
Destaca principalmente, que la reforma aprobada, propone que la extorsión pueda ser atraída por la Federación en ciertos supuestos; en la exposición de motivos de la reforma discutida, plantea que la modificación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada permitirá considerar la extorsión como una conducta susceptible de ser perseguida como delito federal cuando sea cometida por dos o más personas y de manera reiterada o permanente. Dicho en otras palabras, cuando haya indicios de delincuencia organizada. En papel, esto suena bien., establecen la facultad de atracción de la Fiscalía General de la República (FGR) de casi todos los supuestos de extorsión.
Hasta ahí, todo parecería avanzar en la dirección correcta. Pero la realidad presupuestal cuenta otra historia: Para 2025, la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro tiene un presupuesto de 27 millones 702 mil pesos. ¿Y cuál será su presupuesto para 2026? Exactamente el mismo, peso por peso y centavo por centavo. Eso, en términos reales, implica una reducción del 3.38 %. Lo más preocupante es que prácticamente todo ese dinero se irá en servicios personales: 27 millones 696 mil pesos destinados únicamente a nómina.
¿Y el gasto operativo? Apenas 5 mil 456 pesos. Sí, leyó usted bien: 5 mil pesos para operar una fiscalía que, además de combatir el secuestro, ahora tendría que dividirse para crear otra especializada en extorsión. ¿Cómo se pretende que funcionen dos fiscalías con los recursos de media? ¿Con qué infraestructura se investigará un delito que hoy corroe a miles de familias, comercios y comunidades en todo el país?
Si no corregimos el rumbo, la reforma nacerá muerta.
Tomemos un ejemplo: Zacatecas. Allí ya existe una Fiscalía Especializada en Secuestro, Extorsión y Delitos de Alto Impacto. Pero aunque la estructura existe, las nuevas facultades que la ley les otorgará exigen personal, equipamiento, capacitación y certificaciones estrictas. Y aquí es donde surgen las preguntas: ¿los estados están listos para asumir estas nuevas responsabilidades? ¿Cuentan con el presupuesto necesario? ¿O se les está cargando otra obligación sin respaldo financiero?
Si queremos que esta reforma funcione, urge un exhorto a los congresos locales para que destinen recursos suficientes a sus fiscalías estatales. No se trata sólo de crear nuevas estructuras, sino de reforzar las ya existentes para que puedan cumplir con las facultades que la ley les confiere.
Pero también debemos ser responsables a nivel federal. Por eso propongo revisar un fideicomiso que tiene etiquetada la Fiscalía General de la República, que actualmente cuenta con 5 mil 925 millones de pesos. Su propio objeto establece que estos recursos pueden emplearse para apoyar las tareas de investigación de la institución, es decir, sí procede utilizarlo para crear la Fiscalía Especializada en Extorsión a nivel federal.
Además, sería prudente destinar alrededor de 300 millones de pesos a cada entidad federativa para equipar, capacitar y certificar al personal que operará estas áreas. Recordemos que la Ley de Extorsión establece que quienes trabajen en estas fiscalías tendrán acceso a información altamente sensible, lo que implica evaluaciones más estrictas y una capacitación rigurosa. No basta con pasar los controles de confianza; necesitamos personal verdaderamente confiable, profesional y debidamente supervisado.
Si no tomamos estas decisiones ahora, repetiremos errores del pasado: servidores públicos que “pasan” los exámenes, pero que no dan certidumbre ni seguridad a la ciudadanía que buscan proteger.
De nada sirve legislar si no garantizamos la capacidad de implementar. No caigamos en el autoengaño legislativo. Actuemos con responsabilidad. Cumplamos con la gente.
Senadora de la República
