Proteger la soberanía nacional no es proteger criminales
Por: Claudia Anaya Mota
La semana pasada trascendió información sobre la existencia de investigaciones en Estados Unidos que involucrarían a actores políticos del estado de Sinaloa por delitos relacionados con el narcotráfico. Este asunto vuelve a poner sobre la mesa una discusión incómoda pero indispensable: los alcances de la jurisdicción internacional y el verdadero significado de la soberanía nacional.
Las autoridades federales estadounidenses, particularmente fiscales en distritos como el del sur de Nueva York (que es la misma que juzgó a Joaquín Guzmán Loera y a Genaro García Luna, han sostenido durante décadas una doctrina jurídica consistente: cuando una conducta delictiva —como el tráfico de drogas— produce efectos dentro de su territorio, sus tribunales pueden ejercer jurisdicción, incluso si los actos se realizaron fuera de sus fronteras. Este criterio ha sido reiterado en múltiples precedentes judiciales y ha servido de base para procesar a líderes del crimen organizado que operaban desde otros países.
En términos generales, los delitos relacionados con el narcotráfico en Estados Unidos —regulados principalmente en el Título 21 de su Código— contemplan sanciones severas, que pueden ir desde penas mínimas obligatorias hasta cadena perpetua, dependiendo de la sustancia, la cantidad y la participación en la conspiración. En estos casos, no es necesario acreditar que todos los involucrados ejecutaron directamente el delito: basta demostrar la existencia de un acuerdo criminal y algún acto en su ejecución.
Más allá de los detalles jurídicos, lo verdaderamente preocupante es el trasfondo político. Cuando surgen señalamientos de esta naturaleza, no se trata únicamente de posibles actos individuales de corrupción, sino del riesgo de captura institucional por parte del crimen organizado. Es decir, la posibilidad de que estructuras completas del poder público —gobiernos locales, autoridades de seguridad e incluso representación política— se vean infiltradas o cooptadas, tal como sucede con el caso Sinaloa.
Frente a ello, ha surgido un discurso recurrente: la defensa de la soberanía nacional. Sin embargo, conviene precisar qué significa realmente este principio. La soberanía implica la capacidad del Estado mexicano para gobernarse a sí mismo, proteger su territorio y garantizar la seguridad de su población. No es, ni puede ser, un escudo para encubrir conductas delictivas, mucho menos aquellas que trascienden fronteras y afectan a otros países.
Desde el punto de vista jurídico, México cuenta con mecanismos claros para atender estos casos. El artículo 119 constitucional y la Ley de Extradición Internacional y los tratados suscritos por el Estado mexicano, como el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos. Este marco prevé, entre otras cosas, la figura de la detención provisional con fines de extradición, que puede solicitarse mientras se formaliza la petición. En ese supuesto, el Estado requirente cuenta con un plazo —generalmente de hasta 60 días— para presentar la solicitud formal acompañada de las pruebas correspondientes.
No se trata de decisiones políticas discrecionales, sino de procedimientos jurídicos establecidos que deben seguirse con rigor. Y ahí es donde radica la verdadera prueba para las instituciones mexicanas.
Corresponde a la Fiscalía General de la República actuar con autonomía, imparcialidad y apego a derecho. No puede ni debe convertirse en un instrumento de protección política, ni simular investigaciones para dilatar o encubrir responsabilidades. La credibilidad institucional depende, precisamente, de su capacidad para investigar sin sesgos, incluso cuando los señalados pertenecen al grupo en el poder.
Si el Estado mexicano no investiga con seriedad y no actúa conforme a sus propias leyes, abre la puerta a que otras jurisdicciones lo hagan, luego entonces, el argumento de la soberanía pierde fuerza, porque la soberanía también se ejerce cumpliendo la ley, no evadiéndola.
Hoy más que nunca, México necesita instituciones que estén a la altura de su responsabilidad histórica. La relación con otros países, especialmente en materia de seguridad, exige seriedad, transparencia y compromiso con la legalidad.
Defender la soberanía no es cerrar filas en torno a personas o partidos. Es defender el Estado de derecho. Y eso implica, sin excepción, que nadie esté por encima de la ley.
Senadora de la República
