Violencia, crisis del campo y violencia institucional: cuando el abandono también golpea
Eva María López Valerio
"El campo son los pies que sostienen a una Nación, cultivar la tierra no es solo un trabajo, es un acto de amor".
En Zacatecas y en gran parte del país, el campo mexicano vive una de las etapas más dolorosas y contradictorias de su historia. Mientras los discursos oficiales hablan de desarrollo, bienestar y transformación, miles de productores sobreviven entre sequías, deudas, abandono gubernamental, inseguridad y ahora también frente a una creciente violencia institucional que castiga la protesta social en lugar de atender sus causas.
La violencia no comienza únicamente con las armas ni con los grupos criminales. También existe una violencia silenciosa que se ejerce desde el poder cuando se niegan apoyos, se abandonan comunidades rurales, se cancelan programas productivos, se desprecia la voz campesina y se responde con represión a quienes exigen justicia. Esa violencia institucional se ha convertido en una herida abierta para el campo zacatecano.
Los productores enfrentan costos impagables en semillas, fertilizantes, diésel y energía eléctrica. La sequía consume cosechas enteras y obliga a muchas familias a vender ganado, hipotecar tierras o migrar. Sin embargo, lejos de encontrar respaldo, los campesinos reciben indiferencia burocrática, promesas incumplidas y operativos de contención cuando deciden manifestarse.
La criminalización de la protesta campesina representa uno de los rostros más graves del deterioro democrático. Golpear, detener o intimidar a productores —muchos de ellos adultos mayores que han dedicado su vida a trabajar la tierra— no solo es un abuso de autoridad, sino una muestra del profundo divorcio entre gobierno y sociedad. Cuando un Estado responde con fuerza pública a quienes producen alimentos, queda claro que se ha perdido sensibilidad política y sentido de justicia social.
El campo no pide privilegios; exige condiciones mínimas para sobrevivir, políticas públicas reales y no programas asistencialistas diseñados para la fotografía oficial. Demanda precios justos, acceso al agua, créditos accesibles, seguridad y respeto. Porque sin campo no hay soberanía alimentaria, no hay estabilidad económica y tampoco existe futuro para las comunidades rurales.
Resulta indignante observar cómo se destinan recursos millonarios a propaganda y espectáculos políticos mientras las zonas agrícolas agonizan entre caminos destruidos, pozos secos y cosechas perdidas. Más ofensivo aún es ver cómo las autoridades intentan minimizar la desesperación de quienes ya no tienen margen para soportar otra temporada de abandono.
La violencia institucional no siempre deja marcas visibles, pero destruye lentamente la dignidad de las personas. Está presente cuando un productor pasa meses esperando un apoyo que nunca llega; cuando una madre campesina no encuentra atención médica; cuando jóvenes rurales abandonan sus comunidades por falta de oportunidades; cuando las autoridades escuchan más a los intereses políticos que al pueblo que dice representar.
El problema del campo no puede seguir reduciéndose a cifras maquilladas ni a discursos triunfalistas. La realidad se encuentra en los ejidos vacíos, en las tierras improductivas, en las familias endeudadas y en el miedo de quienes además de enfrentar la inseguridad criminal, ahora deben cuidarse también de la represión oficial.
México no puede construirse dándole la espalda a quienes alimentan a la nación. El campesino merece respeto, no persecución. Merece respaldo, no simulación. Porque cuando el gobierno calla las voces del campo mediante la fuerza, no demuestra autoridad: demuestra incapacidad para gobernar con justicia.
La historia ha enseñado que los pueblos pueden resistir el hambre, la sequía y la pobreza, pero difícilmente olvidan el abuso del poder. Y hoy, en el campo zacatecano, la indignación crece al mismo ritmo que el abandono.
