Dr. PabloQuezada
El Año de Hidalgo: cuando el poder deja de gobernar para empezar a servirse
En México no hace falta consultar el calendario electoral para saber cuándo un gobierno está llegando a su fin. Basta observar el comportamiento de la clase política. De pronto aparecen contratos de última hora, compras apresuradas, basificaciones masivas, licitaciones exprés, nombramientos de amigos y familiares, y un frenesí administrativo que durante años permaneció dormido. Es el llamado Año de Hidalgo, una expresión que retrata con crudeza una de las peores deformaciones del servicio público.
El origen del término proviene de un dicho popular tan vulgar como revelador: “Año de Hidalgo, chingue a su madre el que deje algo”. Aunque Miguel Hidalgo jamás pronunció semejante frase, su apellido quedó injustamente ligado a una cultura política donde el poder se entiende como una oportunidad para enriquecerse antes de abandonar el cargo.
El problema no es la frase. El verdadero problema es que demasiados gobiernos se han empeñado en hacerla realidad.
El último año de una administración debería ser el periodo de la rendición de cuentas, de concluir obras útiles, de fortalecer instituciones y preparar una entrega transparente. Sin embargo, para muchos funcionarios se convierte en la última oportunidad para repartir favores, proteger intereses, asegurar impunidad o aprovechar lo que consideran los últimos minutos de un negocio privado disfrazado de función pública.
Lo más indignante es que este fenómeno trasciende partidos políticos. Cambian los colores, cambian los discursos y cambian los eslóganes de campaña, pero la tentación de utilizar el poder como patrimonio personal parece sobrevivir a todas las alternancias. Quienes llegaron prometiendo acabar con los abusos terminan, en demasiadas ocasiones, perfeccionando las mismas prácticas que tanto condenaron cuando eran oposición.
La corrupción del Año de Hidalgo no siempre se refleja en maletas llenas de dinero. También se manifiesta en plazas heredadas, contratos dirigidos, concesiones otorgadas sin justificación, compras infladas, deudas públicas de última hora y decisiones que hipotecan el futuro de los gobiernos entrantes. Es un saqueo silencioso que pocas veces ocupa los titulares, pero cuyos costos terminan pagando los ciudadanos durante años.
Y mientras todo eso ocurre, la fiscalización suele caminar con una lentitud desesperante. Las auditorías llegan tarde, las investigaciones se alargan, los expedientes se archivan y las promesas de castigo se diluyen entre acuerdos políticos. La impunidad termina siendo el mejor incentivo para repetir la historia cada seis o tres años, según el cargo.
Lo más preocupante es que la sociedad ha comenzado a normalizar este comportamiento. Muchos ciudadanos ya no preguntan si habrá abusos al final de un gobierno; preguntan cuánto se van a llevar. Esa resignación es quizá la mayor victoria de la corrupción: convencer al pueblo de que el saqueo es parte natural del ejercicio del poder.
México necesita desterrar no sólo la expresión del Año de Hidalgo, sino la mentalidad que la sostiene. Gobernar no significa administrar un botín ni aprovechar una oportunidad irrepetible para hacer negocios. Gobernar es administrar recursos que pertenecen a todos y responder por cada peso gastado.
Mientras el último año de gobierno siga siendo visto como la temporada de la cosecha para los políticos, la democracia seguirá incompleta. Porque un país donde el poder se despide saqueando es un país donde la confianza ciudadana se despide mucho antes.
El verdadero legado de un gobernante no debería medirse por lo que logró llevarse, sino por lo que fue capaz de dejar.
