Ricardo Monreal Ávila*
El ejemplo de Brasil
El pasado domingo se llevó a cabo la segunda vuelta de las elecciones en Brasil, para designar a su presidente, además de las y los gobernadores de los 26 estados de la Federación y el Distrito Federal. También estuvieron en juego todas las posiciones de la Cámara de Diputados y una tercera parte de las posiciones en el Senado.
En sintonía con los aires políticos que vive buena parte de América Latina, y después de una apretada segunda vuelta, la victoria presidencial correspondió a Lula da Silva, cuya elección determinará el destino de la gran nación sudamericana a partir de 2023.
En un contexto acalorado, la oferta política de las campañas se centró en temas como la crisis global; las consecuencias de la pandemia; el alza inflacionaria; el aumento de los precios de los energéticos; la agenda ambiental, particularmente la defensa del Amazonas; la reivindicación del servicio público; los subsidios para sectores estratégicos de la economía local; los procesos de privatización, y lo relacionado con las pesquisas legales.
Con el triunfo del candidato de izquierda, se espera que en Brasil recobren importancia la defensa y protección de los derechos humanos, ya que, durante el actual gobierno tuvieron lugar diversos actos contra sectores minoritarios de la sociedad. Tampoco se puede soslayar el regreso de millones de habitantes a condiciones de pobreza o pobreza extrema, lo cual acentúa la necesidad de recalibrar y ampliar las políticas de bienestar social.
Electoralmente, Brasil cuenta con el padrón de votantes más robusto de América Latina (156 millones de personas), con poblaciones diseminadas en cuatro husos horarios y con ciudadanía con derecho a sufragar en 56 países. Por ello, en los comicios del pasado 2 de octubre la utilización de las urnas electrónicas fue de gran ayuda.
De la experiencia brasileña se pueden extraer importantes lecciones, sobre todo ahora que se discute una reforma electoral en nuestro país. En primer lugar, cabría valorar en su justa dimensión los beneficios o ventajas de instituir en los códigos electorales mexicanos la figura de la segunda vuelta.
En ambientes de alta polarización política, como el nuestro, la segunda vuelta es una forma civilizada de poner a cada quien en su lugar. No es la panacea, porque se presta a crear mayorías ficticias de tinte oligárquico, pero sirve para despresurizar la vida pública.
Ahora que se han perfilado claramente dos grandes bloques ideológicos y políticos en nuestro país, la segunda vuelta sería una eficaz vía para evitar conflictos poselectorales y dar mayor legitimidad a quien obtenga el triunfo, así sea por la diferencia de un punto porcentual.
En el caso de Brasil, el proceso electoral se caracterizó por un contexto de polarización política y social, y por el alto rechazo hacia los abanderados de las principales fuerzas participantes. Así, la segunda vuelta permitió la construcción de coaliciones más amplias entre distintos sectores sociales, incluso entre aquellos que tradicionalmente no habrían votado por ninguno de los candidatos punteros.
Por otro lado, llama especialmente la atención que la ciudadanía que expresó su voluntad popular a través de las urnas electrónicas pudiera ir a dormir la noche del mismo domingo con plena seguridad y certeza de quién sería su próximo presidente, tras las elecciones de segunda vuelta más cerradas en la historia reciente.
Para garantizar las certidumbres mínimas de los resultados electorales, el voto electrónico puede ser bastante útil: no se requeriría de la compleja infraestructura de nuestro sistema electoral, orientada al traslado, recepción, conteo y custodia de las papeletas físicas. Además, se garantizaría un importante ahorro que puede destinarse a otras tareas, como la promoción de una cultura democrática.
De las diversas propuestas de reforma electoral presentadas por las principales fuerzas políticas en México, la urna o el voto electrónico se ha erigido como uno de los tópicos que reúne mayores puntos de coincidencia.
La implementación de la tecnología en nuestros procesos electorales serviría no sólo para definir a representantes populares, sino también para hacer efectivos los diferentes instrumentos de democracia participativa con que ahora contamos. Y a nivel local, serviría para hacer más incluyente y fluida la instrumentación de figuras como los presupuestos participativos.
Seguramente, en las diversas propuestas de reforma político-electoral no faltarán los debates en torno a distintas formas de organización política de las democracias contemporáneas: presidencialismo, semipresidencialismo y parlamentarismo.
De este modo, es necesario abordar la posibilidad real de poner sobre la mesa qué tipo de régimen político queremos para enfrentar los retos hacia el futuro y consolidar la transición política que vivimos. Cada una de las tres posibilidades responde a contextos históricos y culturales, por lo que el reto consiste en perfeccionar nuestras instituciones para que el Estado mexicano pueda responder a la realidad social y política imperante.
La democracia mexicana, como la brasileña, se encuentra en un proceso de construcción permanente. Por tanto, estamos ante la oportunidad de aprovechar la reforma electoral para profundizar la transición política que se experimenta en el país, a la luz de nuestra experiencia y la de naciones hermanas.
Se requerirá de voluntad política y altura de miras para considerar seriamente la pertinencia de incorporar la segunda vuelta electoral o de cambiar el sistema de organización política. Sin embargo, para estar en posibilidades de instrumentar el voto electrónico se necesita, además, hacer del acceso a internet un derecho humano fundamental y conectar por lo menos al 95 por ciento de la población.
ricardomonreala@yahoo.com.mx<br /> Twitter y Facebook: @RicardoMonrealA
*Senador por la República
