LA MISOGINIA EN LA POLÍTICA EN MÉXICO
Adriana Bujdud Nassar
Consejera en imagen pública
La política mexicana ha sido históricamente un terreno dominado por hombres, donde las mujeres han tenido que abrirse paso enfrentando no solo estructuras patriarcales, sino también una violencia de género sistemática que se manifiesta en todas las esferas del poder. Aunque se han logrado avances legislativos en paridad de género, la misoginia en la política continúa siendo una barrera para el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres en el ámbito público.
Hasta mediados del siglo XX, la participación política de las mujeres en México era prácticamente inexistente. El derecho al voto femenino, concedido en 1953, marcó el inicio formal de su inclusión, pero no representó un acceso equitativo al poder. Décadas después, con reformas a la ley electoral, comenzaron a establecerse cuotas de género para forzar la inclusión femenina en candidaturas. Sin embargo, muchas veces estas cuotas fueron manipuladas mediante el uso de "Juanitas", mujeres postuladas que renunciaban para ceder su lugar a hombres.
La misoginia en la política mexicana adopta múltiples formas. Las mujeres que acceden a cargos públicos suelen ser objeto de ataques misóginos, cuestionamientos sobre su capacidad, sexualización y desacreditación constante. Un ejemplo emblemático fue el trato mediático hacia mujeres como Claudia Sheinbaum o Xóchitl Gálvez, cuyas propuestas frecuentemente quedan eclipsadas por ataques personales o por su imagen pública.
La violencia política de género no solo se limita al discurso. También se manifiesta en amenazas, acoso, exclusión de decisiones importantes, y en casos extremos, feminicidios. El asesinato de candidatas en procesos electorales y el hostigamiento constante en redes sociales son prueba de que ejercer la política como mujer en México implica un riesgo adicional.
México ha sido pionero en América Latina en legislar contra la violencia política de género. La reforma de 2020 tipificó este tipo de violencia como delito, lo cual representa un avance crucial. No obstante, la implementación efectiva de estas leyes enfrenta obstáculos, como la falta de denuncias, la impunidad y la resistencia de partidos políticos a sancionar a sus miembros.
Además, la paridad de género en las candidaturas no garantiza la igualdad en el acceso al poder real. Las mujeres siguen siendo excluidas de posiciones estratégicas, de decisiones clave, y a menudo se les asignan tareas secundarias o simbólicas.
Más allá de las leyes, erradicar la misoginia en la política mexicana requiere un cambio cultural profundo. La formación de liderazgos femeninos con mujeres con carreras profesionales y que avalen su inteligencia mediante la práctica y no solo por tener relación con alguien del poder, la educación con perspectiva de género y la sanción efectiva de la violencia política son elementos esenciales para avanzar hacia una democracia verdaderamente incluyente. También es crucial que los medios de comunicación y la ciudadanía dejen de replicar estereotipos machistas que refuerzan la desigualdad.
La misoginia en la política mexicana es un problema estructural que, aunque ha sido visibilizado y parcialmente legislado, aún persiste en múltiples formas. El reto es mayúsculo: no solo se trata de abrir espacios para las mujeres con preparación profesional, experiencia y ética, sino de transformar las condiciones bajo las cuales esos espacios son ocupados. Una democracia no puede considerarse plena si la mitad de su población sigue siendo violentada y deslegitimada por razones de género.
