Los productores zacatecanos, rehenes de la negligencia federal
Por: Claudia Anaya Mota
En los últimos días, productores agrícolas de Zacatecas lanzaron un llamado urgente a quienes integramos el Congreso de la Unión en representación de nuestro estado. La cita fue en el Congreso local, con un objetivo claro: solicitar nuestra intervención para abrir un canal de diálogo directo con las autoridades federales, con el fin de recuperar los subsidios correspondientes a la cuota energética. El motivo de esta petición no es menor: los adeudos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) continúan acumulándose y asfixiando a cientos de campesinos.
La deuda proviene del uso de bombas de agua necesarias para irrigar los cultivos, cuyo costo eléctrico ha llegado a ser tan elevado como 200 mil pesos por unidad. Para muchos productores, esa cifra es sencillamente impagable. La respuesta de la CFE ha sido contundente y, lamentablemente, insensible: según la Unión de Pozos Agrícolas de Zacatecas, la paraestatal ha desmantelado al menos 140 equipos hídricos por falta de pago. A esto se suman 20 casos denunciados penalmente ante la Fiscalía General de la República, por agricultores que intentaron reconectar sus pozos por cuenta propia.
A esta crisis se suma otro problema igual de grave: más de 2,500 concesiones de pozos se encuentran vencidas ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y existe un rezago de al menos 1,500 trámites relacionados con la transmisión de derechos y la reposición de concesiones. A pesar de esta situación crítica, el gobierno federal no ha emitido ningún decreto para regularizar los permisos vencidos. Conagua, por su parte, justifica el rechazo sistemático de trámites con base en el llamado Plan Hídrico Nacional.
Este plan, anunciado por la titular del Poder Ejecutivo, contempla una inversión de 20 mil millones de pesos para mejorar la eficiencia del riego agrícola. Sin embargo, también implica la cancelación de miles de concesiones. En Zacatecas, donde existen aproximadamente 8,600 pozos, los productores temen que la mitad quede fuera de operación por este motivo. Paradójicamente, dicho plan reconoce la existencia del Programa Especial de Energía para el Campo en Materia de Energía Eléctrica de Uso Agrícola (PEUA), que establece una cuota energética para los productores, la cual —en el caso Zacatecas— no ha sido respetada por la CFE.
El origen de esta cadena de problemas es claro: las políticas del gobierno federal han abandonado al campo mexicano. Se han reducido los apoyos, eliminado subsidios y, lo más preocupante, prevalece una actitud de indiferencia ante las legítimas demandas de quienes producen nuestros alimentos. Nuestros productores han recurrido a todo tipo de manifestaciones: cierres carreteros, marchas, plantones. Y, hasta ahora, no han obtenido respuesta.
La acción más reciente que emprendieron fue convocarnos —a diputadas, diputados y senadoras y senadores zacatecanos— para respaldarlos en su intento de diálogo con CONAGUA y la CFE. Este esfuerzo no busca un beneficio sectorial; su objetivo es proteger la producción de alimentos, evitar una crisis de abasto y frenar un posible repunte inflacionario que nos afectaría a todos.
De seis diputados federales, solo dos acudieron al llamado: Noemí Luna y Ulises Mejía Haro. De los cuatro senadores zacatecanos, únicamente su servidora respondió. Nosotros estamos dejando de lado los colores partidistas e ideologías para unirnos y haremos lo que esté en nuestras manos, dentro del marco de nuestras facultades legales y constitucionales, para abrir el diálogo y alcanzar un acuerdo justo y duradero. Porque lo que está en juego no es solo el sustento de miles de familias del campo, sino la estabilidad alimentaria de toda la población..
Senadora de la República
