Con MORENA, no hay órgano autónomo que resista al hiperpresidencialismo
Por: Claudia Anaya Mota
En 2016, el Congreso de la Unión concretó una reforma constitucional con un objetivo fundamental: transformar la Procuraduría General de la República (PGR), entonces totalmente dependiente del Poder Ejecutivo, en un órgano ciudadano, autónomo y libre de influencias políticas indebidas.
Esta "transformación" fue la respuesta directa a las legítimas demandas de la sociedad civil organizada y del pueblo, que clamaban por el combate a la impunidad. La vieja PGR, subordinada a los intereses políticos, había demostrado su incapacidad, o falta de voluntad, para investigar casos de alto impacto: desde violaciones a derechos humanos hasta corrupción de alto nivel, especialmente cuando había personajes poderosos de la clase gobernante implicados.
La reforma de 2016 puso a las víctimas en el centro, partiendo de la premisa de que una Fiscalía autónoma garantizaría el derecho a un acceso independiente a la justicia. Con la llegada de MORENA al máximo poder político, este anhelo ha durado poco.
La reciente salida de Alejandro Gertz Manero de la titularidad de la FGR es un indicio claro de este fenómeno. Lejos de una simple renuncia o de la advertencia de remoción, su partida por la "puerta grande" —presuntamente negociada con una Embajada— sugiere que cediò a presiones políticas, pero impuso su voluntad.
Diversos analistas han puesto el foco en que procesos semejantes se han replicado en los estados. La remoción o cambio forzado de 21 de los 32 fiscales nombrados en el último año evidencia que la prometida autonomía transexenalde las fiscalías, legislada desde 2016, ha sido prácticamente desmantelada.
El posible nombramiento de Ernestina Godoy al frente de la FGR resulta, por decir lo menos, inquietante. Su trayectoria en la Fiscalía de la CDMX estuvo marcada por episodios de opacidad y cuestionable manejo de la ley. En la tragedia mortal del colapso de la Línea 12 del Metro, por ejemplo, se denunció que los sobrevivientes firmaron acuerdos no transparentes, condicionando el apoyo gubernamental a cambio de su silencio.
A esto se suma la grave acusación, reportada por The New York Times, donde se sostuvo que Godoy, intervino teléfonos de opositores sin orden judicial. Su falta de capacidad para demostrar plenamente lo contrario, fue un factor clave para que el Congreso de la CDMX no la ratificara como Fiscal en 2024. Todo los sucedido cuando Claudia Sheinbaum era Jefa de Gobierno.
MORENA persiste en la destrucción de las instituciones del país, infligiendo un enorme daño al sistema de justicia. Ya hemos visto a una Suprema Corte de Justicia "del Acordeón" y ahora, con la posible llegada de una funcionaria cuya fama de persecución a opositores le precede, las fiscalías corren el riesgo de convertirse en instrumentos del gobierno. Su función sería someter adversarios, encubrir a los leales y procurar la justicia a capricho.
La promesa al pueblo, que tanto se dice defender, ha sido olvidada. El anhelo de contar con contrapesos reales para contener el poder y moderar el voluntarismo de las autoridades queda atrás. Ha quedado claro: bajo el hiperpresidencialismo de MORENA, no hay órgano autónomo que resista.
Senadora de la República
