La Desaparición Forzada es una herida abierta, concluye la ONU
Por: Claudia Anaya Mota
La reciente visita de Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, ha dejado al Estado mexicano frente a un espejo que devuelve una imagen devastadora. Al concluir su gira el pasado 22 de abril, Türk fue claro y contundente: calificó la crisis de desapariciones en nuestro país como una “herida abierta”. No es solo una frase retórica; es el diagnóstico objetivo de una nación donde las desapariciones continuan creciendo, ante la ineficacia de las instituciones y la permisión de la impunidad.
Hace unas semanas, en este mismo espacio, hablé de las más de 133,000 personas desaparecidas y de la crisis forense que mantiene a 72,000 cuerpos en el anonimato en las morgues y fosas comunes; esta cifra fue la que más llamó la atención del Comisionado de la ONU porque pone en evidencia la necesidad de ayudarnos con esta tarea.
El organismo internacional reconoce que desde el Congreso de la Unión tenemos reformas y leyes que han avanzado en esta materia, pero su implementación por parte del gobierno federal para convertirla en política pública, ha carecido de presupuesto que ha impedido llevar a la realidad el ejercicio de estos derechos y la protección que brinda la norma. Desafortunadamente, todo ha quedado en el papel.
Zacatecas es uno de los dolorosos ejemplos de que la realidad supera cualquier discurso triunfalista. Numerosos reportes periodísticos han señalado que la violencia y la lucha territorial entre los cárteles que han superado por mucho, la respuesta del gobierno del estado, convirtiendo la desaparición forzada en un mecanismo de control para silenciar comunidades y paralizar el desarrollo de nuestra región.
Las 3,961 personas desaparecidas o no localizadas en Zacatecas que se muestran en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, son un reflejo de la realidad que no puede ser ignorada: familias enteras buscan a sus hijos e hijas en territorios donde la autoridad parece haberse replegado. Zacatecas es hoy el síntoma de una enfermedad nacional que Volker Türk identifica con claridad: la falta de mecanismos de búsqueda inmediata y la desprotección de quienes, ante la ausencia del Estado, toman la pala y el pico para buscar a los suyos.
Lo conclusión a la que llegó el Alto Comisionado, es una realidad que todos conocemos y los familiares de las víctimas de este delito lo vivien en carne propia: la impunidad es el principal combustible que aviva esta crisis. Mientras la tasa de sentencias por desaparición forzada siga siendo casi nula, el mensaje para los perpetradores seguirá siendo de absoluta libertad. Türk convocó al gobierno mexicano a transitar de la retórica de los programas sociales hacia una estrategia de seguridad humana que ponga a las víctimas en el centro.
Las recomendaciones son puntuales y no admiten más dilación: i) Identificación Forense Masiva, que significa la dotación de recursos y autonomía a los centros de identificación para dar nombre y dignidad a los miles de cuerpos que esperan ser devueltos a casa; ii) Protección a Buscadoras, porque el asesinato de madres y padres buscadores que buscan a sus hijas e hijos, tienen derecho a saber la verdad, coartarles ese derecho, es una mancha que México no puede seguir permitiendo y iii) Implementación Local, porque de nada sirven las leyes generales que aprobamos en el Congreso de la Unión, si en los estados no se cuenta con fiscalías especializadas, capacitadas y con presupuesto suficiente.
La visita de la ONU es una oportunidad para rediseñar una hoja de ruta necesaria para vencer la crisis de desapariciones, porque ésta no se resuelve cambiando tramposamente la metodología del registro ni politizando el dolor en las conferencias matutinas; se resuelve con presupuestos etiquetados, con ciencia forense, con la purga de las corporaciones de seguridad infiltradas.
Como sociedad, no podemos permitirnos acostumbrarnos a vivir este horror y anestesiar el dolor de las víctimas y sus familias. Si Zacatecas y el resto del país han de recuperar la paz, el primer paso es reconocer que no hay paz posible sin verdad ni justicia. El Estado mexicano tiene la palabra, pero sobre todo, tiene la obligación constitucional de dejar de buscar excusas y empezar a buscar a las personas.
Es momento de que las recomendaciones de Naciones Unidas dejen de ser carpetas de investigación en un escritorio y se conviertan en políticas públicas con rostro humano. El tiempo de las víctimas se agota; la paciencia de la historia, también.
Senadora de la República
