Mazapil: entre el oro y el despojo
Los costos socioambientales de la minería a cielo abierto en Zacatecas
Por Eva María López Valerio
En el corazón del semidesierto zacatecano, Mazapil se ha convertido en uno de los símbolos más representativos de las contradicciones del modelo extractivo en México. Bajo la promesa de desarrollo, empleo y modernización, la minería a cielo abierto transformó profundamente el territorio, modificando no solo el paisaje natural, sino también la vida social, económica y cultural de las comunidades rurales.
La instalación y expansión de la mina Peñasquito, uno de los complejos mineros más grandes de América Latina, marcó un antes y un después para comunidades como Cedros, Cerro Gordo, El Vergel y Mazapil. Lo que inicialmente fue presentado como una oportunidad histórica para combatir la pobreza y generar crecimiento económico, hoy es percibido por muchos habitantes como un proceso de despojo territorial, deterioro ambiental y dependencia económica.
Los resultados de la investigación “Impactos Socioambientales de la Minería a Tajo Abierto en Comunidades Rurales: El Caso de Mazapil, Zacatecas”, publicada en Prisma ODS Revista Científica Multidisciplinar, evidencian una realidad alarmante: la riqueza extraída del territorio no se traduce en bienestar colectivo para las comunidades que soportan los costos ambientales y sociales del extractivismo.
Uno de los principales conflictos gira en torno al agua. En una región históricamente marcada por la escasez hídrica, la minería intensiva ha profundizado la crisis. Los testimonios comunitarios documentan reducciones de entre 40 y 60 por ciento en pozos de abastecimiento doméstico y agrícola, además del agotamiento de manantiales utilizados durante generaciones por las familias campesinas. La percepción de las comunidades es contundente: el agua dejó de ser un bien común para convertirse en un recurso subordinado a las necesidades corporativas.
El problema no se limita únicamente a la disminución del recurso. Habitantes reportan cambios en la calidad del agua, pérdida de productividad agrícola, muerte de ganado y afectaciones directas a la salud. La contaminación, el polvo permanente y las explosiones cotidianas forman parte de una nueva normalidad que ha deteriorado la calidad de vida de la población.
Paradójicamente, mientras millones de dólares salen diariamente del subsuelo zacatecano, las comunidades continúan enfrentando precariedad económica. Menos del 25 por ciento de los habitantes entrevistados afirmó haber tenido acceso directo a empleos generados por la empresa minera, y gran parte de estos trabajos son temporales o subcontratados. La promesa de prosperidad colectiva terminó concentrándose en unos cuantos actores económicos y políticos, mientras la mayoría de la población observa cómo desaparecen sus actividades tradicionales, especialmente la agricultura y la ganadería.
El modelo extractivo ha provocado además profundas fracturas sociales. Las diferencias en el acceso a apoyos, contratos y beneficios económicos han generado divisiones internas, debilitando la cohesión comunitaria y erosionando formas tradicionales de organización social. La minería no solo modifica el territorio físico; también transforma las relaciones humanas, las dinámicas de poder y el sentido de pertenencia comunitaria.
A ello se suma una creciente desconfianza hacia las instituciones gubernamentales. Muchas comunidades consideran que las decisiones se toman sin consulta real ni participación efectiva de la población afectada. La gobernanza ambiental aparece debilitada frente al peso político y económico de las corporaciones mineras, reproduciendo relaciones profundamente asimétricas entre empresa, Estado y ciudadanía.
Los hallazgos del estudio muestran que Mazapil representa un caso emblemático del llamado “desarrollo desigual”: mientras las ganancias se concentran en grandes corporaciones y élites económicas, los costos ambientales recaen sobre las comunidades rurales. La extracción intensiva de recursos naturales ocurre bajo una lógica donde el crecimiento económico se coloca por encima de la sustentabilidad, la justicia territorial y los derechos humanos.
En medio del deterioro también emergen formas de resistencia y resiliencia comunitaria. Habitantes, ejidatarios y organizaciones locales han comenzado a impulsar estrategias de defensa del territorio, gestión comunitaria del agua y búsqueda de alternativas productivas sustentables. Estas acciones reflejan que las comunidades no son actores pasivos, sino sujetos sociales que luchan por preservar su autonomía y garantizar condiciones dignas para las futuras generaciones.
Mazapil obliga a replantear una pregunta fundamental: ¿qué tipo de desarrollo necesita realmente el campo mexicano? Porque el verdadero progreso no puede medirse únicamente en toneladas de oro extraídas o en cifras de inversión extranjera. El desarrollo auténtico debe garantizar acceso al agua, salud, seguridad alimentaria, participación comunitaria y equilibrio ambiental.
La crisis socioambiental de Mazapil evidencia que el modelo extractivo actual resulta insostenible cuando sacrifica territorios enteros en nombre de la rentabilidad. El desafío para México no consiste solamente en producir riqueza, sino en construir un modelo de desarrollo donde la dignidad humana y la sustentabilidad tengan más valor que cualquier mineral.
