Entre el luto y el temor
Por: Claudia Anaya Mota
Mi más sentido pésame a todas las familias
que han perdido a un familiar en manos de la delincuencia
y mi exigencia de justicia en todos los casos.
Este fin de semana fueron asesinadas 10 personas en distintos municipios de Zacatecas. Cuatro de ellas fueron localizadas en Pánuco, otras cuatro en Morelos y dos más en Saín Alto.
Las víctimas tenían perfiles diversos: empresarios, exfuncionarios, servidores públicos en activo e incluso un exregidor del vecino estado de Durango. La violencia volvió a demostrar que no distingue edad, profesión ni condición social.
La reacción que me compartió la gente fue una mezcla de miedo, sorpresa, incredulidad e indignación. Conforme transcurrieron las horas y comenzaron a conocerse más detalles de estos lamentables hechos, esas emociones dieron paso a una sensación todavía más profunda de vulnerabilidad.
Es innegable el sentimiento de indefensión frente a la actuación del crimen organizado. Hoy, cualquier persona puede sentirse en riesgo. A ello se suma la sorpresa por la forma en que operan estos grupos criminales y la indignación que provocó la respuesta inicial de las autoridades, quienes decidieron destacar que la mitad de las víctimas "habían consumido sustancias toxicológicas".
La respuesta de la autoridad debe ser, por supuesto, transparente y eficaz, pero siempre bajo un principio fundamental: no revictimizar a las víctimas. La primera obligación del Estado es proteger a las personas, investigar los hechos y procurar justicia, no insinuar circunstancias que puedan terminar trasladando a las víctimas parte de la responsabilidad de su propia tragedia.
Estas ejecuciones vuelven a exhibir la capacidad operativa y la brutalidad con la que actúa el crimen organizado. También ponen de relieve que, pese a las inversiones anunciadas por el Gobierno del Estado, la infraestructura de videovigilancia en Zacatecas sigue siendo insuficiente para atender las necesidades de seguridad, tanto en labores de prevención como de reacción inmediata.
Lo que distinguió a Zacatecas entre 2021 y buena parte de 2023 fue que la violencia dejó de ser un hecho aislado para convertirse en una sucesión de fines de semana marcados por múltiples homicidios, producto de la disputa entre organizaciones criminales por el control del territorio. El año 2021 cerró como el más violento del que se tiene registro en la entidad, con un incremento cercano al 40 % en homicidios respecto de 2020.
Las cifras reflejan la magnitud del problema. En 2021, Zacatecas registró 1,741 homicidios dolosos, la cifra más alta de su historia reciente. Posteriormente comenzó una disminución sostenida: 1,428 homicidios en 2022, 1,058 en 2023, 500 en 2024 y 149 en 2025, de acuerdo con datos oficiales.
Sin embargo, la disminución de los indicadores no ha impedido que continúen presentándose episodios de alto impacto que concentran múltiples homicidios en un solo fin de semana, como el que acabamos de vivir. Cada uno de estos acontecimientos revive el temor colectivo y pone a prueba la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad.
Las autoridades tienen la obligación de identificar y detener a los responsables materiales e intelectuales de estos crímenes, garantizar el acceso a la justicia, asegurar el derecho a la verdad de las familias y generar condiciones que impidan la repetición de hechos tan dolorosos. A nosotros, como sociedad, y a mí, en lo particular, como representante de Zacatecas ante la Federación, nos corresponde mantener una exigencia permanente de justicia y por supuesto, de colaboración en el ámbito de mis competencias constitucionales.
Para buena parte de la población, la inversión pública en materia de seguridad no ha generado los resultados esperados. De poco sirve adquirir un perro robótico que, en teoría, sería utilizado para tareas de reconocimiento en situaciones de alto riesgo, si termina siendo más conocido por los videos en los que aparece bailando al ritmo de la música. Del helicóptero Black Hawk se conoce muy poco sobre sus intervenciones operativas, pues no existe un registro público que permita evaluar su impacto específico en las tareas de seguridad ni determinar en qué medida ha contribuido a la reducción de la violencia. La percepción ciudadana es clara: la tecnología y el equipamiento solo cobran sentido cuando se traducen en mayor seguridad para las familias.
Las familias zacatecanas siguen esperando certidumbre, protección y resultados. A la decepción se suma ahora la indignación. El Gobierno del Estado debe actuar con un comportamiento ejemplar, y las instituciones encargadas de investigar y procurar justicia tienen la responsabilidad de esclarecer estos hechos y ofrecer respuestas puntuales a una sociedad que muestra claros signos de hartazgo y cansancio.
Más allá de las estadísticas, cada fin de semana de violencia representa familias destrozadas, comunidades paralizadas por el miedo y un Estado que sigue teniendo una deuda con sus ciudadanos. La paz no puede medirse únicamente por la reducción de indicadores; debe reflejarse en la tranquilidad con la que viven las familias zacatecanas.
Senadora de la República
