CUANDO SE PIERDE LA CONFIANZA EN EL ÁRBITRO.
Nubia Barrios
La democracia no se sostiene únicamente en elecciones, requiere de instituciones capaces de garantizar la efectiva voluntad ciudadana, que las reglas sean iguales para todos y todas y que el poder político tenga límites. Por todo ello, cuando la confianza en una autoridad electoral se ve comprometida, el problema trasciende a las personas y alcanza a los cimientos de esa institución y a la democracia misma.
Tengo la fortuna de impartir la clase de Teoría Política y Procesos Electorales lo que me ha llevado a estudiar, entender y palpar un poco más de cerca los temas y procesos y, debo confesar, que ha sido difícil especialmente en estos días, explicarles a mis alumnos sobre la autonomía que constitucionalmente le reconoce nuestra Carta Magna a este organismo a través de su artículo 41. Dirimir y digerir entre el deber ser y la cotidianidad interna de un instituto en el que sus principios rectores son la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.
El caso de Guadalupe Taddei, quien presentó su renuncia a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) en medio de lamentables señalamientos sobre presuntas irregularidades y posibles conflictos de interés, abre una discusión que como mexicanos no podemos ignorar: ¿Qué sucede cuando la institución responsable de organizar elecciones enfrenta cuestionamientos sobre su imparcialidad?
Por supuesto que dichos cuestionamientos deben investigarse y que, de ser el caso, las responsabilidades deben acreditarse conforme a las leyes de la materia, sin embargo, no podemos dejar de reconocer que las dudas públicas sobre quienes encabezan las instituciones tienen consecuencias incluso antes de que esas investigaciones concluyan. LA CONFIANZA ES UN ACTIVO que se construye con los años y que puede deteriorarse rápidamente cuando la transparencia y la rendición de cuentas no ofrecen respuestas congruentes y suficientes.
El INE no es una dependencia más de la administración pública, su función va más allá, consiste en nada más y nada menos que en ser el árbitro entre las distintas fuerzas políticas y la ciudadanía mexicana. Tiene la responsabilidad de organizar elecciones, garantizar la competencia y hace que cada voto cuente y sea respetado.
Su legitimad radica en que los actores políticos y la sociedad tengan la certeza de que sus decisiones obedecen a la ley y no a intereses particulares y lo sucedido en días pasados, muestra a un árbitro cuya imparcialidad se pone en duda y cuando esa confianza se debilita, las consecuencias no se limitan a una elección pues se pone en riesgo la credibilidad de los resultados, la aceptación de las decisiones públicas y la convicción de que cada participación y cada voto realmente tenga un valor, además, existe otro peligro quizá aún más profundo: LA PÉRDIDA DE LA AUTONOMÍA DE LAS INSTITUCIONES.
La autonomía no es un privilegio de los funcionarios ni una concesión del poder político, es una garantía para la sociedad, significa que una autoridad debe poder ejercer sus atribuciones sin subordinación a intereses partidistas, presiones gubernamentales o compromisos personales y la renuncia de una titular tampoco resuelve por sí sólo el problema.
La democracia no pertenece a un partido, gobierno ni persona, ES DE LA CIUDADANÍA. Y las instituciones electorales existen precisamente para proteger ese derecho frente a cualquier interés.
