REGRESA LA VIOLENCIA (I)
Ricardo Monreal Ávila
Después de dos años de una baja en los homicidios con arma de fuego (la manifestación más alta de la violencia), regresa la ola de ejecuciones en diversos puntos del país; incluidos aquellos municipios que habían revertido esta situación como Ciudad Juárez, Chihuahua.
Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2015 (ENVIPE), en el año 2014, 22.8 millones de personas fueron víctimas del delito. Como consecuencia de ello, se generaron pérdidas equivalentes a 155 mil millones de pesos, así como gastos de atención a la salud que ascienden a los 8.2 mil millones de pesos.
Al considerar estas cifras, se obtiene que el costo del delito es de 226.67 mil millones de pesos. En promedio, hablamos de que por cada persona el delito cuesta 5 mil 861 pesos, cifra que ha ido en aumento en los últimos años, pues en 2011 fue de 123.4 mil millones; en 2012, de 215.2 mil millones, y en 2013, de 213.1 mil millones de pesos.
Esa cifra representa el 1.27% del PIB nacional. Así entonces, el costo por delito está casi a la par del crecimiento anual del PIB nacional, lo cual hace reflexionar acerca del gran costo que la delincuencia le representa al país, y que las estrategias del combate resultan onerosas e ineficaces. Es así como el delito le cuesta una enorme cantidad de recursos a la nación, mucho de lo cual proviene de particulares.
Ante los altos índices delictivos y la mala percepción social de seguridad, la población hace gastos en medidas de protección para sus hogares. Se estima que existen 34 millones 297 mil 592 personas en hogares que han implementado alguna de estas medidas. A nivel nacional se hicieron erogaciones por 63 mil 640 millones 436 mil 623 pesos, lo que da un promedio de 1,856 pesos por persona.
En la Ciudad de México, el dato no varía mucho: en 2014, cerca de 3 millones de personas fueron víctimas del delito, lo que arrojó pérdidas de 27.3 mil millones de pesos, con gastos de 726 millones de pesos para la atención a la salud. Por lo tanto, el costo del delito en la capital del país es de casi 32 mil millones de pesos, lo que quiere decir que a cada persona afectada le cuesta 8 mil pesos cada delito.
De igual manera, quienes habitan en la Ciudad de México invierten en su seguridad. Existen alrededor de 3 millones de personas en hogares que tienen alguna medida de protección, lo cual representa un gasto de 4 mil millones de pesos, esto es, un promedio de 1.3 mil pesos por persona.
Tales cifras consideran mayormente a los delitos del orden común, como el homicidio, las lesiones y el robo, entre otros. Sin embargo, existen también aquellos delitos conocidos como de alto impacto, cometidos principalmente por el crimen organizado, como el secuestro, la trata de personas y el tráfico de drogas (conocido como delitos contra la salud), los cuales son los que mayor impacto tienen en la llamda “economía del delito”.
Recordemos que la Comisión de Salarios Mínimos estableció la cantidad de $73.04 pesos para el año 2016, por lo tanto, el impacto del crimen y la violencia se traduce en daños y perjuicios que para un mexicano que gana el salario mínimo, equivale a casi el costo de una quincena trabajada. En pocas palabras, la clase trabajadora y obrera termina pagando los platos rotos, y absorbe directamente los costos de dicho impacto.
Asimismo, la distribución per cápita de los costos implícitos en el crimen y la violencia del país resulta ser un plano ideal, puesto que en la práctica los sectores más pobres o pauperizados de la sociedad son los que soportan directamente los embates de la violencia y de los criminales.
De conformidad con el mapa mundial basado en el Informe sobre el Desarrollo Humano de la ONU, en 2015, menos del 2% de los mexicanos vivía con menos de 1.25 dólares, lo que según el tipo de cambio promedio del segundo trimestre de 2016 equivale a $21.65 pesos al día. Empero, esta cantidad que determina el umbral para hablar de pobreza extrema representa el 29.64% del salario mínimo en México.
Es importante remarcar que el sistema judicial de nuestro país enfrenta grandes retos, como la enorme carga de trabajo y el alto índice de sobrepoblación en las prisiones. En 2015, la paz en México mejoró en un 0.3%, que es el menor avance que hemos tenido en los últimos 5 años, combinado con el gran número de detenciones sin sentencia. Estas mediciones fueron posibles gracias al Indicador de Paz en México, en inglés MPI (Mexico Peace Index), realizado por el Institute for Economics and Peace, con base en el Indicador de Paz Global, que se lleva a cabo cada año desde 2007.
En esta medición de paz en México, el estado de Hidalgo se posiciona como el estado más pacífico, seguido de Yucatán, Veracruz, Tlaxcala y San Luis Potosí. Las cinco entidades menos pacíficas son Guerrero, Sinaloa, Morelos, Baja California Sur y Norte. El estado de Guerrero es una vez más el menos pacífico del país, con el porcentaje más alto de homicidios (54.5 homicidios por cada 100 mil personas).
El estudio de los porcentajes acerca de indicadores de violencia en ese estado proyecta una característica muy interesante, ya que hubo avances en la lucha contra extorsión, secuestro, y crímenes relacionados con el tráfico de drogas, y podría representar un aparente progreso. Sin embargo, el creciente aumento de homicidios nos indica un cambio radical en cuanto a las formas de ejercer la violencia: menos tolerancia para la extorsión y altos índices de homicidios; y tomando en cuenta la psicología de los grupos delictivos, se podría estar enviando un mensaje para todo aquel que no coopere.
Según cálculos realizados a partir de la información de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el año 2014 solamente se denunciaron en México 10.70% de los delitos ocurridos, quedando el resto de los delitos sin denunciar y, por lo mismo, sin castigo. Hablamos de una cifra negra de 89.30% la mas alta para un país considerado democrático (continuará).
Twitter: @ricardomonreala
