La corrupción en el 2016
Martha Chapa
Estarán de acuerdo conmigo en que uno de nuestros problemas más graves y persistentes en nuestro México es la corrupción.
Poseedora de un historial que transcurre a lo largo de varios siglos, la arraigada corrupción constituye un hábito –más bien, un vicio– que sigue presente en nuestra vida cotidiana y no cede a pesar de los anhelos y esfuerzos de gran parte de la sociedad mexicana. Por supuesto, en ese segmento no están incluidos los corruptos, que no son pocos, y se ubican sobre todo en el campo de la política.
Ahora, por primera vez en la era contemporánea se han presentado demandas e iniciado procesos judiciales contra exgobernadores que han aprovechado sus cargos para beneficiarse a costa del erario. Se trata de un hecho histórico que abre la posibilidad de investigar otros muchos casos de mandatarios estatales que han malversado los fondos públicos, ya sea quienes recientemente hayan concluido su periodo sexenal, o los gobernadores entrantes, que incluso –de comprobárseles los delitos que se les imputan– podrían no terminar su periodo de gobierno.
El hecho relevante es que han empezado a cambiar las reglas del juego y ya no será tan fácil que los Ejecutivos estatales burlen las normas para salir enriquecidos al término de sus gobiernos.
Se trata apenas de los primeros pasos de una lucha contra la corrupción, que será titánica y deberá darse a fondo. Una batalla que incluye la necesidad de un marco jurídico que controle más y mejor a los propios gobernadores y en general a todo servidor público, desde el policía de crucero hasta el nivel más alto de gobierno, pasando por quien organiza y convoca las licitaciones para las obras públicas.
El proceso democrático que se inició décadas atrás fue liberando a los gobernadores del dominio férreo del gobierno federal, al grado de que ya no tuvieron ningún obstáculo administrativo y legal que evitara sus prácticas corruptas, la impunidad, el enriquecimiento ilícito o el endeudamiento público en detrimento de la ciudadanía de cada entidad y región. Se les otorgó un poder sobrado de autonomía sin los debidos sistemas de vigilancia y control administrativo y financiero, que nada tiene que ver con un avanzado y saludable federalismo ni con la descentralización institucional.
Por eso, así como fue necesaria la acción conjunta para lograr que el sistema político mexicano se democratizara, ahora debemos unirnos aún más para detener la corrupción en su mayor grado, hasta lograr su erradicación.
Al cierre del año, es ése uno de los logros que, si bien incipientes, nos estimulan a seguir avanzando en lo individual y lo social para que en el 2017 nos congratulemos de que la corrupción vaya perdiendo terreno y posiciones. Podremos decir, así, que nos encaminamos hacia un país con mayor desarrollo y prosperidad común, que exige, antes que nada, una activa y decisiva ciudadanía capaz de transformar y consolidar un Mexico diferente.
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