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CRISIS DE SEGURIDAD (I)
Ricardo Monreal Ávila

Uno de los temas importantes que estarán en el panorama electoral del próximo año (en concreto, en la elección presidencial), es que proponen los candidatos en materia de seguridad.
El único que ha definido hasta el momento un diagnóstico y una propuesta en este materia es Andrés Manuel López Obrador. A continuación una síntesis de sus propuestas.
La crisis de seguridad que vivimos es algo mucho más profundo y grave más que un asunto de policías y ladrones; se trata de una crisis de valores y de convivencia marcada por el resentimiento social a causa de la pobreza y la falta de oportunidades, que se traduce en violencia. Agravan dicha crisis una conjunción de factores sociales y económicos, a los que se suma el deterioro y la corrupción en los cuerpos policiales y en el aparato de procuración y administración de justicia. El estilo de vida actual inducido por la cultura neoliberal y consumista, en la que lo fundamental es el dinero, lo material y lo superfluo, ha hecho también su parte, generando frustración social, particularmente en los jóvenes.
Es por ello un error reducir la estrategia de seguridad a una correlación de la capacidad de fuego entre los cuerpos policiales y el crimen organizado, con el único fin de capturar a los grandes capos del narcotráfico. Llevamos más de 10 años aplicando esa lógica centrada únicamente en descabezar cárteles, sin desmantelar su infraestructura financiera. Los resultados han sido efímeros y pobres.
En vez de lograr que la sociedad recupere la paz y tranquilidad perdidas, esta estrategia ha fragmentado a los grupos criminales, propiciado relevos cada vez más violentos en sus dirigencias, multiplicado los conflictos y dispersado la violencia. Ciertamente, 6 asesinatos de cada 10 que se cometen en el país están vinculados con el narcotráfico, pero por seguir únicamente a los grandes capos se ha descuidado a los criminales del fuero común, aquellos que cometen robos violentos en las calles, aquellos que se meten a una casa y amordazan y lastiman a una familia, aquellos que cometen un secuestro rematando el patrimonio y la tranquilidad de la víctima y su familia, aquellos que extorsionan y se adueñan del ingreso de quien tiene una pequeña actividad económica o negocio legítimo, a aquellos que, en general, son los que más daño hacen a los que menos tienen.
En este tiempo, las instituciones responsables se han desgastado y desprestigiado, y existen cada vez más evidencias de que algunos cuerpos de seguridad más que ser la solución son parte del problema por su involucramiento con el crimen organizado. En pocas palabras, estamos ante el agotamiento de un modelo de seguridad.
El número de asesinatos cometidos durante los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto (159 mil hasta 2015, según cifras oficiales, sin contar los 26,000 desaparecidos) es la prueba más contundente y dolorosa de que al régimen actual no le importa atender las causas del problema. En el caso de Michoacán, por ejemplo, hay lecciones sobre el impacto negativo que tiene combatir al crimen y la inseguridad sólo con fuego. En ese estado no hubo un plan para generar empleos, ni para atender a los jóvenes; la estrategia estuvo centrada en el aspecto coercitivo, pretendiendo resolver los problemas de seguridad sólo con la intervención del Ejército, la policía o el uso de la violencia.
Recuperar la paz y la tranquilidad y reconstruir la convivencia social es una lucha que se debe dar en varios frentes. La solución de fondo, la más eficaz, pasa por enfrentar desempleo, pobreza y desintegración familiar. Pasa particularmente por sustituir al narcotráfico como opción económica para los jóvenes, por opciones de educación y trabajo honesto. “Si no se repara el tejido social (...) no se va a resolver el problema de la inseguridad, aunque se tenga un policía en cada esquina”; la estrategia de seguridad debe ir muy de la mano con las políticas de procuración y administración de justicia.
Es necesario mejorar la capacitación de las policías dejando de pensar solo en el cumplimiento de una meta o una certificación. Lo que se necesita es cumplir de manera real con ese objetivo y que el resultado sea contar con policías preparadas, no solamente desde el punto de vista operativo, sino acorde a la implementación del Nuevo Sistema de Justicia, porque de nada serviría mejorar la actuación policial si no existe una justicia limpia, transparente y expedita, acorde a las reformas constitucionales llevadas a cabo hace más de ocho años.
No hay forma de alcanzar el éxito de la estrategia de seguridad con la saturación de estados y municipios con fuerzas federales, sean estas policiales o militares. Los retos de la seguridad y el mantenimiento del orden público son cada vez más complejos. Los retos emergentes, derivados fundamentalmente del atraso social, nos obligan a conceder primacía al combate a la pobreza sobre el uso, aun legítimo, de la fuerza del Estado. Tampoco vamos a mejorar la seguridad pública reprimiendo la inconformidad social; la violencia política solo se resolverá con diálogo, racionalidad y transparencia, y con decisiones públicas que respondan a las demandas sociales.
Combatiremos al crimen organizado en todo el territorio nacional y con toda la fuerza de las instituciones del Estado mexicano; habremos de garantizar la concurrencia obligada de los estados de la federación para perseguir también a los criminales del fuero común. El Ejecutivo movilizará todos los apoyos al alcance de su competencia para apuntalar la lucha contra los delitos del fuero común. Sin embargo, muy poco será posible sin un esfuerzo alineado y comprometido de las autoridades locales para restructurar los cuerpos policiales estatales.
El componente de inequidad social en la violencia que vive México no puede seguir siendo subestimado. El combate a la marginación y la generación de oportunidades para una vida digna es el punto de partida de toda política de seguridad que se precie efectiva. Frente al fracaso de las viejas estrategias, tenemos que poner en práctica nuevas soluciones. Combatiremos la inseguridad por vías sociales, económicas y culturales y no solo policiales, pues la violencia generalizada solo puede ser vencida con cambios sociales y económicos efectivos y con la influencia moral que, con el ejemplo desde el poder, pueda ejercerse sobre la sociedad en su conjunto.
“El itinerario de la seguridad pasa por enfrentar desempleo, pobreza y desintegración familiar para garantizar el bienestar del pueblo, pues la paz y la tranquilidad solo pueden ser productos de la justicia" (AMLO, 2017). Pasa también por enfrentar la pérdida de valores; pasa por procurar un mayor profesionalismo en el combate a la delincuencia, por priorizar la inteligencia por sobre la fuerza y por garantizar coordinación y perseverancia en los cuerpos de seguridad". Pasa sin duda también por el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de los integrantes de los cuerpos de seguridad (continuará).

ricardomonreala@yahoo.com.mx Twitter: @ricardomonreala

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