Betty Luevano
Sociedad civil organizada en la ruta del cambio en México
Tal malo como pueden resultar los excesos de un sistema político sobre una población oprimida y abusada hasta la saciedad, esos mismos excesos pueden detonar la necesidad de unión para hacer frente al opresor, al que conocemos también como a sus debilidades.
México nunca se ha distinguido por lo organizado de su población para afrontar problemas públicos, a excepción de la Guerra de Independencia y la Revolución Mexicana, de las que nos separa siglos ya.
En la historia reciente, sólo eventos catastróficos han logrado el trabajo conjunto con rasgos de solidaridad espontánea, como el terremoto del 85, en donde fallecieron cerca de 13 mil personas, o la devastación del paso de los huracanes.
Más de cien mil personas conforman la cifra aproximada de muertes por la guerra contra el narco iniciada en 2006 por Felipe Calderón y continuada con peores resultados por Enrique Peña Nieto. Todos en este país conocemos a alguien que ha muerto o desaparecido en esta oleada de violencia y cada día nos asecha la posibilidad de que alguno de nuestros familiares o nosotros mismos podamos quedar en el fuego cruzado, convirtiendo a este problema en una causa importante de muerte en nuestro país, al grado de poder considerarlo grave y urgente el atenderlo.
La corrupción, la democracia, el desempleo y ahora la inseguridad son causas importantes por las que la sociedad civil en México comienza a acelerar el paso hacia su organización.
A últimas fechas conocemos de organizaciones no gubernamentales que tienen como objetivo incidir en la vida política de nuestro país, particularmente en el cambio de rumbo de las políticas públicas y el apego a la legalidad por parte de quienes ostentan el poder o ejercen recursos públicos.
Una intención que además de meritoria, es urgente e impostergable dadas las circunstancias sociales que vivimos. No obstante, no está clara la manera en la que estas agrupaciones puedan influir de manera definitoria en las decisiones de gobierno.
Las alternativas comunes van desde la manifestación pública con marchas, plantones o tomas de edificios, que corresponden más a la vieja usanza grillera; la denuncia pública, crítica, reproche o reclamo en los medios de comunicación que, analizando la Casa Blanca de Peña Nieto, no tienen mayor trascendencia dados los niveles actuales de cinismo de la clase política. También está la acción jurídica, aunque con el grado de corrupción incluso en el ámbito jurisdiccional, tiende a su escasa efectividad.
Así las cosas, pareciera que cualquier esfuerzo por reorientar el rumbo hacia mejores horizontes va camino al bote de la basura, pero como mencioné en el primer párrafo de este comentario sobre la debilidad de nuestro opresor, esta clase política retorcida en el abuso del poder, es el poder mismo, que se comporta en quienes lo ostentan como un virus aferrado a su huésped, o tal vez el huésped aferrado a él, de tal manera que incidir en la práctica democrática y las transiciones del poder público se vuelve el arma amenazadora con la que la sociedad cuenta.
Como sociedad civil organizada no nos conviene alejarnos de la búsqueda de los espacios públicos de elección popular. Es imperativo ir por ellos y arrebatárselos a quienes los han ostentado por generaciones y los han tomado como cheques al portador y trofeos de impunidad en detrimento de nuestro bienestar como nación. Aunque no se trata de cambiar a unos por otros, sino de poner el ejemplo y componer el camino.