SISMOS EN CHILE Y EN MEXICO - El Nopal
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SISMOS EN CHILE Y EN MEXICO

SISMOS EN CHILE Y EN MEXICO
Ricardo Monreal Ávila

Comparado con el sismo de 1985, la letalidad y la reacción frente al sismo del 19 de septiembre pasado fue sensiblemente menor la primera y mejor la segunda.  Cuestión de ver el balance preliminar: 20 mil muertos y desparecidos, y 40 mil inmuebles dañados hace 32 años; 337 decesos y mil 500 inmuebles dañados en 2017. Claro, la intensidad del sismo fue también un grado menor en este septiembre que hace tres décadas.

Sin embargo, comparado con países como Japón, Singapur y Chile que han desarrollado un sistema de protección civil y tecnología sismo resistente, estamos aún atrasados.

El 16 de septiembre de 2015, hace dos años, Chile padeció un sismo de 8.8 grados Richter, equivalente a 100 mil bombas atómicas como la de Hiroshima. Sin embargo, la devastación fue la menor en la historia del país andino: once muertos y 35 inmuebles dañados.

¿Qué hizo Chile para amortiguar este golpe de la naturaleza? En cuatro palabras: desarrollar una cultura de protección civil. Aquí las cinco medidas más importantes:

Un sistema de alerta temprana que envía mensajes de texto y avisos a través de la televisión digital a la población en caso de emergencia. 2) Programas de educación a la población para que sepa con precisión qué hacer en caso de un sismo o un tsunami. 3) Expidió una “Normativa Nacional Antisísmica en Materia de Construcción”, orientada a que las viviendas y edificios soporten terremotos de gran potencia. 4) Fiscalización estricta en la construcción de edificios e infraestructuras. 5) Simulacros frecuentes para que la población desarrolle capacidad de entrenamiento en casos de desastres; en colegios, hospitales y edificios gubernamentales estratégicos estos simulacros son obligatorios tres veces al año.

En el caso de las edificaciones, los expertos explican que el secreto de toda la construcción está en que la estructura sea de hormigón armado y acero para darle suficiente flexibilidad y resistencia al inmueble, que se balancea de un lado a otro como un bote en el agua, pero no se cae.

El otro referente es el movimiento de “ciudades resilientes” (resiliencia: capacidad de reponerse a un evento traumático, como un sismo), promovido por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR), recomienda a las ciudades expuestas al riesgo de un desastre natural que adopten al menos 10 medidas:

1. Organización y coordinación entre los gobiernos locales; 2. Presupuesto público con criterios y perspectiva resiliente; 3. Evaluaciones permanentes de riesgo; 4. Obras públicas diseñadas para afrontar el cambio climático; 5. Evaluación permanente a escuelas e instalaciones de salud; 6. Reglamentos estrictos de construcción y cambio de uso de suelo; 7. Programas educativos y de capacitación ciudadana para enfrentar el riesgo de desastres naturales; 8. Proteger ecosistemas y zonas naturales de amortiguamiento; 9. Sistemas de alerta temprana y gestión de emergencias con ayuda de las tecnologías de la información y la comunicación; 10. Políticas públicas inmediatas de reconstrucción centradas en la recuperación de hogares, centros de trabajo y medios de sustento de la población afectada por un desastre.

La CDMX pertenece a este movimiento y uno de los ángulos bajo los cuales se evaluará el desempeño de los gobiernos nacional y locales será bajo ese decálogo internacional.

Como delegado de la Cuauhtémoc, considero que el primer punto de estas recomendaciones, “coordinación entre los gobiernos locales” está resultando insuficiente. Las autoridades delegacionales hemos sido excluidas de los comités de reconstrucción y financiamiento gubernamentales que se han formado para atender los efectos postsísmicos. Es un error de diseño, porque las delegaciones son el primer contacto con la población afectada y la fuente de información más directa sobre los daños y afectaciones en el territorio. Los damnificados no acuden al gobierno central o a las dependencias federales, sino directamente a las oficinas delegacionales a plantear sus demandas.

El segundo actor excluido y que la ONU recomienda atender y apoyarse en ella, es la sociedad civil organizada, tanto en las asociaciones de damnificados que de manera natural están surgiendo, como en las agrupaciones y colegios de profesionales, técnicos, especialistas y académicos que tienen planes y proyectos que aportar para la reconstrucción. Que las asociaciones de desarrolladores inmobiliarios y cámaras empresariales participen en la supervisión del destino de los recursos de la reconstrucción, es un avance. Pero ellos no representan al conjunto de la sociedad civil, que es un espectro social y profesional mucho más amplio. Por ejemplo, en la fiscalización de los fondos deben participar también Transparencia Internacional, el IMCO, MCCI y los colegios de auditores.

La transparencia debe ser el inicio de la reconciliación entre gobierno y sociedad, entre autoridades y ciudadanos, porque un manejo ineficiente, descuidado u opaco de los recursos de la reconstrucción podría terminar de fracturar la confianza ciudadana hacia los gobiernos de todos los niveles y colores.

El otro paso importante hacia la reconciliación es que la energía social que liberó el sismo del 19S se traduzca ahora en participación ciudadana. Hay que ciudadanizar la reconstrucción y el rumbo de la ciudad en los próximos meses y años. Los ciudadanos tienen mucho que decir y decidir sobre el uso del suelo, el aire y el agua, los tres elementos críticos de las ciudades resilientes.

ricardomonreala@yahoo.com.mx<br /> Twitter: @ricardomonreala

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