Ricardo Monreal Ávila
Un nuevo aeropuerto; más deuda, más corrupción
Entre los detractores de las propuestas hechas por el Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), se pone mucho énfasis en los programas sociales anunciados por Andrés Manuel López Obrador, pues, señalan, implican una gran inversión del Estado en materia de desarrollo social.
Estas propuestas son contrarias a las indicaciones de instituciones financieras, como las del Fondo Monetario Internacional, en sus diversas cartas de intención dirigidas a los gobiernos mexicanos a partir del sexenio de Miguel de la Madrid. En ellas, ha dictado los pasos estratégicos para ahorrar recursos financieros: principalmente reducir el gasto social, es decir, disminuir los recursos destinados a satisfacer las necesidades básicas de la población en rubros importantes que impactan directamente en el bienestar social, con el fin de que estos gobiernos sigan siendo objeto de grandes financiamientos.
Pero el modelo económico neoliberal implementado en nuestro país en las últimas décadas ha demostrado sobradamente que no es el adecuado para las necesidades particulares de México.
En las campañas detractoras de la principal fuerza de izquierda, mucho se ha hablado también acerca de la deuda pública y de su exponencial incremento a partir de la implementación de políticas públicas, subsidios y programas sociales que buscan combatir la pobreza y la desigualdad. Por supuesto que tareas titánicas como estas últimas representan un mayor desembolso de recursos, con vistas a una inversión que arrojará resultados a mediano y largo plazo, y beneficios para toda la población. No obstante, aquellos grupos políticos que han comprometido económicamente a las siguientes generaciones de mexicanas y mexicanos de manera irresponsable, son los primeros en referirse a las propuestas de MORENA en materia de desarrollo social como inviables.
Pero en este doble discurso omiten mencionar que la deuda pública del país se ha incrementado incesantemente durante los últimos tres sexenios, sin que ello se haya traducido en beneficios proporcionales para la población. Al final de la actual administración, la deuda que tendrá el sucesor de la silla presidencial, según cálculos de 2017 de la propia Secretaría de Hacienda, será de aproximadamente del 47.3 % del PIB (esta deuda creció un 13.6 % entre 2012 y 2016).
Durante la presente administración se pretendió impulsar el crecimiento económico a partir de la contratación de más y más deuda, en lugar de fomentar la innovación, la competitividad y el desarrollo industrial; el resultado es que este año se pagará un monto histórico de intereses: 698 mil millones de pesos, cantidad que representa el 2.9 % del PIB.
Preocupa que, a pesar del excesivo endeudamiento actual, se siga contratando más deuda para satisfacer proyectos como la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que se realiza en los terrenos de Texcoco. Como es de suponerse, los voceros de la Presidencia han hecho declaraciones alarmistas de las catastróficas consecuencias que sobrevendrían sobre el país en caso de que se diera marcha a atrás a la magna obra.
Abiertamente, AMLO ha reiterado la necesidad de evaluar la posibilidad de no continuar con semejante proyecto, sobre todo por las variaciones en los costos dadas a conocer recientemente. Las voces oficiales han señalado que, de cancelarse la obra, se perdería una inversión de 120 mil millones de pesos –alrededor de la mitad de la inversión total, según cálculos oficiales–, 70 mil empleos actuales y 450 mil posibles empleos cuando el aeropuerto esté en funciones. Pero el avance que se tiene hasta el momento es del 28 %.
No obstante, de continuar con el proyecto, los resultados serían más costosos. De entrada, el ex procurador Fiscal de la Federación señaló que ya hay un sobreendeudamiento financiero a raíz de la obra, lo cual es muy grave debido a que el gobierno federal no tiene un respaldo económico que le permita soportar la inmensa deuda que está adquiriendo; para sanear los hoyos fiscales que se generarán, futuros gobiernos tendrán que echar mano de la recaudación fiscal, con lo cual se le estaría cargando aún más la mano al contribuyente de a pie, en un escenario en el que el disfuncional e inequitativo sistema de exacción mexicano sigue ubicándonos en el último lugar del rubro entre los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
La inversión que se está proyectando para la construcción del nuevo aeropuerto, y su costosísimo mantenimiento posterior (recuérdese que ya se había señalado la inviabilidad de la obra por el tipo de suelo lacustre en donde se asentará, el cual presentará hundimientos persistentes que deberán atenderse), no reportará grandes avances en materia de ingresos públicos pero, de no evaluarse, tendrá consecuencias financieras graves.
El megaendeudamiento que esto implicaría tendría que sumarse al pago de intereses de la incontrolable deuda pública, así como al pago de intereses del megafraude del Fobaproa. De entrada, ya hay Afores invirtiendo las pensiones de los trabajadores en la monumental obra con la que se va a despedir el actual titular del Ejecutivo federal.
Los otros candidatos y la candidata a la presidencia ya señalaron que de ganar la elección no darán marcha atrás a la construcción del aeropuerto, y que ni siquiera se sentarían a evaluarlo, como si fuera prioritario dar una falsa imagen de prosperidad y desarrollo a los demás países, a sabiendas de los altos costos que se le vendrán encima a la población nacional, tanto en financiamiento, como en mantenimiento.
Y, por si fuera poco, la empresa que ganó la licitación para la realización del Paso Exprés de Cuernavaca, Morelos, que dio a luz un socavón que cobró la vida de dos personas en julio de 2017, es la misma que se está encargando de edificar la torre de control del nuevo aeropuerto. Seguramente, le darían otra vez el trabajo si la torre colapsara a días de inaugurarse. Lo que se puede vislumbrar de este proyecto son también grandes conflictos de interés.
La cuestionable obra bien podría considerarse el símbolo de la corrupción de la presente administración, y tenemos un botón de muestra: la Auditoría Superior de la Federación ya encontró irregularidades por 234 millones 722 mil pesos en contratos otorgados entre 2014 y 2016. Que se preparen, a partir del próximo diciembre se revisarán uno por uno.
ricadomonreala@yahoo.com.mx<br /> Twitter y Facebook: @RicardoMonrealA
