Ricardo Monreal Ávila
Instituciones y legitimación
En México prevalece una gran desconfianza hacia las instituciones del Estado, por los boyantes actos de corrupción que se han presentado en los más altos niveles de gobierno durante los últimos sexenios. El papel que jugarán las autoridades electorales en la contienda de este año será de gran trascendencia, pues no sólo tendrán la responsabilidad de garantizar la legalidad en el marco de unas elecciones libres, auténticas y transparentes, sino que al mismo tiempo deberán contribuir a dotar de legitimidad a las y los representantes políticos que resulten vencedores.
Para el sociólogo alemán Jürgen Habermas, las reglas institucionales se pueden legitimar a través de lo que definió como la acción comunicativa: la legitimidad únicamente se puede alcanzar mediante las acciones de los individuos que dan cumplimiento a los extremos establecidos dentro de un cuadro normativo, por virtud de lo cual el reconocimiento de las actividades realizadas por las autoridades de parte de los individuos sólo se podrá dar por los resultados de los hechos o las acciones emprendidas.
Siguiendo este planteamiento, si las acciones de las autoridades no corresponden con lo que se espera de ellas, de acuerdo con el marco normativo establecido, podrán seguir ejerciendo su función de forma legal, pero entre la ciudadanía no habrá reconocimiento o aceptación de las acciones de esas autoridades, de manera que tampoco existirá un consenso que las legitime o reconozca, más allá de su condición formal o legal. Dicho de otro modo, la autoridad no se puede mover únicamente en los fríos parámetros de la legalidad; no se debe descuidar la legitimidad otorgada por el reconocimiento ciudadano.
En nuestro país son profundos los cuestionamientos acerca de la credibilidad de nuestras instituciones, a pesar de que no ha habido mucha preocupación por que den cabal cumplimiento a las funciones, facultades o atribuciones legales que protestaron defender. Y la ciudadanía se refiere a quienes representan nuestras instituciones, con expresiones que denotan el hastío por los malos manejos, la corrupción y la evidente utilización de recursos públicos para favorecer intereses privados; no hay correspondencia entre las acciones de las autoridades y su discurso, el cual con frecuencia gira en torno a salvaguardar la legalidad en beneficio de la población general.
Las instituciones encargadas de proveer a la gobernanza electoral, así como de sostener los pilares de la democracia en nuestro país: el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, han sido objeto de críticas por parte de diversos sectores de la sociedad, por su cuestionable credibilidad, su ambivalencia, sus inconsistencias y la incertidumbre que generan. No se puede hablar de un verdadero ejercicio democrático en México, si no se cuenta con instituciones objetivas, profesionales, imparciales, independientes y que se apeguen estrictamente a la legalidad.
Se ha afirmado de manera recurrente que todo está planeado para asegurar la mayor transparencia en los comicios del próximo 1 de julio. No obstante, las recientes decisiones tomadas por el INE y por el TEPJF, respecto al registro y la participación electoral de algunos personajes, bajo la figura de la candidatura ciudadana independiente, dejan mucho que desear y nos remiten a un piélago de incertidumbres.
La candidata independiente, integrante en activo del panismo durante mucho tiempo, decidió separarse de su partido por el desplante autoritario del ahora abanderado de la coalición Por México al Frente. Al buscar postularse como aspirante independiente a la Presidencia, su proceso de recolección de firmas presentó irregularidades en aproximadamente 708 mil 606 firmas, aproximadamente— de las cuales, 432 resultaron apócrifas, es decir, se obtuvieron de credenciales falsas. Aun cuando se tuvo el conocimiento de la presentación de documentación no fidedigna, el INE decidió avalar esa candidatura, otorgándole legalidad a una práctica que debió derivar en la anulación del proceso y en la apertura de una investigación.
Cuando el INE acreditó esa candidatura, al mismo tiempo desechó las aspiraciones de, entre otros, Armando Ríos Piter y Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco. El proceso de recolección de firmas de este último para impulsar su candidatura independiente igualmente presentó diversas irregularidades, por lo cual se le dejó fuera de la contienda. No obstante, acudió al TEPJF por la invalidación casi 400 mil firmas, que resultaron fotocopiadas o falsificadas.
En días recientes, el TEPJF dio su fallo a favor del gobernador con licencia de Nuevo León, con lo cual ordenó al INE incluirlo en la boleta para la elección presidencial. Cuatro de los siete magistrados votaron a favor del proyecto de sentencia que se presentó en la Sala Superior del Tribunal, en el cual, según los funcionarios, se juzgaba el hecho de que los respaldos “no se desvirtuaron en cuanto a su eficacia por quien tenía la carga de probar su ilegalidad, por lo que hasta el momento en que se dictó sentencia, subsistía su validez”.
Según la resolución del Tribunal, las firmas o respaldos recuperados por el quejoso superaban el 1 % del listado nominal que se necesitaba para poderse registrar como candidato presidencial. No les tocaba, señalaron, juzgar la ilegalidad de los respaldos recabados por Rodríguez Calderón.
Sin embargo, la resolución del TEPJF es infundada debido a que, entre otros aspectos, no se le pidió al INE validar las firmas, sino que el propio Tribunal se ocupó de ello. Por otro lado, a partir del criterio de los magistrados, se valoraron los hechos, cuando lo que se debe ponderar son los derechos en juego, con el fin de priorizarlos en caso de que se presente una colisión entre ellos, como señalara Diego Valadés, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. En resumen, no hay un uso adecuado de la argumentación judicial o retórica forense detrás de la decisión del Tribunal, lo cual es altamente preocupante, ya que estos mismos magistrados serán los encargados de validar las elecciones que están en puerta.
Las voces de la ciudadanía dan cuenta cada vez más del nulo reconocimiento de las acciones de las autoridades electorales; la falta de credibilidad de éstas se ha convertido en una gran mácula que esperemos no llegue a empañar los comicios del 1 de julio.
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