El modelo económico neoliberal, agotado
Dr. Ricardo Monreal A.
La crisis generalizada que se ha vivido en México en años recientes, no sólo es producto de la mala administración y de la rampante corrupción en las más altas esferas gubernamentales. Buena parte de la situación que experimenta nuestro país se debe al modelo de política económica implementado en las últimas décadas del siglo XX por los gobiernos mexicanos, que trajo como consecuencia una acelerada pauperización de la economía con repercusiones directas en la calidad de vida de millones de habitantes.
El modelo económico conocido como neoliberalismo comenzó a aplicarse en países de primer orden durante la década de los setenta del siglo XX; la crisis del Estado de bienestar y del llamado Estado providencia, que se estructuraba en la relación política-economía, en la procuración de una burocracia eficiente para la administración pública, en la existencia de una política social como medio de estabilización democrática, así como en la búsqueda de una reducción de las desigualdades sociales, dio pie a la implementación del neoliberalismo como política económica predominante a nivel global.
La crisis económica de los años sesenta ocasionada por el déficit público en países como Estados Unidos, permitió que en la nueva propuesta se redujera el gasto que el Estado ejercía, así como la privatización de empresas estatales, la finalización de un Estado social y el adelgazamiento de la burocracia. Asimismo, se presentó un cambio del modelo de producción conocido como fordista, a uno flexible; el primero se centraba en acumulación rígida, producción en serie y trabajo especializado; el segundo privilegió la integración de la economía mundial por medio de redes en las que intervino la aplicación de las tecnologías duras y el surgimiento de nuevas ramas industriales en terrenos de la informática, la robótica y la genética, con lo que hubo un nuevo dinamismo en la producción, circulación y consumo.
La crisis económica norteamericana de 1971 culminó con la eliminación del patrón oro como sistema de fijación de valor monetario a nivel internacional. Y en 1973 comenzó el boom petrolero en el que por casi ocho años los precios de crudo a nivel internacional se mantuvieron al alza. En México, durante el sexenio de 1976 a 1982, esto permitió un sobreendeudamiento por parte del gobierno para poder invertir en la extracción del hidrocarburo en aguas profundas del Golfo de México; el colapso económico tuvo lugar en febrero de 1982 y éste se circunscribe dentro de un periodo conocido como Crisis de la deuda.
Para poder financiar el rescate económico, a finales de su sexenio, el entonces presidente firmó una carta de Intención dirigida al Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual evaluó y estableció las acciones que en política económica debían seguir los gobiernos mexicanos a cambio del préstamo que se otorgaría para aliviar la crisis. Entre las exigencias que el FMI hizo al gobierno nacional resaltan las siguientes: reducción del gasto público, reducción de los salarios en términos reales, reducción del aparato burocrático, apertura comercial (salida y entrada de capital extranjero libremente) y adelgazamiento del Estado, es decir, privatización de empresas paraestatales y de la banca.
Al iniciar el sexenio de 1982 a 1988, el Estado tenía participación en 1,155 paraestatales, y al finalizar su periodo sólo participaba en 427, es decir, en tan solo seis años se dio una reducción del 63 % del sector público paraestatal. Las políticas de privatización se siguieron sucediendo durante la siguente administración (1988-1994), época en que se privatizaron la siderurgia, la banca y la telefonía. La privatización de la banca trajo como consecuencia inmediata el fraude monumental conocido como Fobaproa, el cual se originó por la inexperiencia de los nuevos dueños de las instituciones financieras, quienes se endeudaron para después invocar el socorro gubernamental, que hizo pública una deuda que era de unos cuantos.
Al comenzar el siglo XXI, sólo quedaban en la mira de la vorágine privatizadora un par de sectores industriales fundamentales: las compañías de electricidad y la paraestatal petrolera. Desde el gobierno 2000-2006, hasta el actual se había buscado la manera de entregar al capital privado uno de los últimos bastiones del financiamiento público. En 2013 se aprobaron las reformas a los artículos 25, 27 y 28 de nuestra Carta Magna, con lo que se abrió la puerta para desintegrar el otrora esquema constitucional de propiedad pública de los recursos naturales y el subsuelo mexicano, para favorecer sobre todo a los grandes consorcios internacionales. En contrapartida, a Pemex se le impusieron regímenes fiscales mucho más rígidos, que complican su participación en el sector.
De acuerdo con expertos, la paraestatal irá encogiéndose paulatinamente, y aquellas exigencias operativas que ya no pueda cubrir serán ocupadas por los grandes consorcios petrolíferos.
El resultado de la aplicación de este tipo de políticas económicas está completamente a la vista: cada vez hay más habitantes en situación de pobreza y pobreza extrema; la economía mexicana no crece; se reduce cada año el gasto social; los sueldos, en términos reales, decrecen de manera constante a la par del crecimiento inflacionario; y las alzas en el precio de los energéticos parecen no tener fin, aunque se prometió que con la reforma disminuiría el precio de gasolinas y gas.
Asimismo, se abandonó al campo de manera deliberada y hubo una migración masiva de la población rural hacia Estados Unidos, y las zonas en donde se agudizó la pauperización económica y social, ahora enfrentan mayores índices de violencia e inseguridad; muchos campesinos se dedican a cultivar marihuana y amapola, por la extrema necesidad, aunque algunos otros son obligados a hacerlo.
Andrés Manuel López Obrador ha dicho que después del triunfo del 1 de julio próximo la política de privatizaciones terminará. Es necesario repensar el papel del Estado dentro de la actividad económica, para darle congruencia a lo que establece nuestra Constitución en su artículo 25, porque ha quedado demostrado que el neoliberalismo prianista no sólo no funciona, sino que ha acelerado la desintegración del tejido social y de las condiciones de bienestar en México, haciendo que la crisis sistémica sea cada vez más aguda.
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