Un sexenio con agenda privatizadora - El Nopal
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Un sexenio con agenda privatizadora

Un sexenio con agenda privatizadora

Dr. Ricardo Monreal Ávila

El sexenio que está por concluir se ha caracterizado por ser la administración federal más rapaz en la historia reciente de nuestro país. El gobierno ha ejecutado al pie de la letra cada una de las exigencias que la oligarquía económica local y foránea le han dictado, sin escatimar los costos sociales de tales decisiones, como con la reforma energética.

Las reformas estructurales han sido las más importantes en mucho tiempo en nuestro país, sin embargo no atendieron al bienestar general, sino a una agenda de intereses particulares, así que los efectos de pauperización en la vida cotidiana de las mexicanas y los mexicanos no se hicieron esperar, situación que había sido anticipada por académicos, organizaciones no gubernamentales y políticos de oposición al régimen. Selectos grupos privados fueron los únicos que reportaron beneficios directos e inmediatos.

Los recursos naturales con que cuenta México son de suma importancia para garantizar una vida digna y plena y el desarrollo de nuestras generaciones. En contraposición con el espíritu del Constituyente de Querétaro y de los padres fundadores del México contemporáneo, el estratégico sector energético nacional se abrió a la participación del capital privado, para quitarle al Estado, paulatinamente, el tutelaje sobre este sector, abonando con ello a la crisis de legitimidad del Estado mexicano, en sus momentos de estertor por el abandono de sus principios revolucionarios.

Hace unos días, en medio del proceso electoral y del Mundial de futbol, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, se produjo otro golpe por parte de la tecnocracia apostada en el poder, en detrimento de la seguridad ambiental y en perjuicio de derechos humanos establecidos en nuestra Constitución. A meses de que termine el sexenio, el titular del Ejecutivo federal firmó 10 decretos para quitarle las vedas a 300 cuencas hidrológicas de suma importancia en todo el territorio nacional, entregándolas de manera disfrazada a la explotación desmedida por parte empresas de los ramos refresquero, petrolero, minero y cervecero.

Las llamadas vedas son regiones, áreas hidrológicas o acuíferas en las que no se permite una explotación más allá de las correspondientes restricciones legales, para que se pueda conservar el recurso hídrico en cantidad y calidad; se trata, con ello, de prever cualquier afectación que se pueda dar en las zonas lacustres y en los mantos subterráneos de nuestro país. Es decir, las vedas tratan de evitar la contaminación o sobreexplotación del agua, con el fin de asegurar la disponibilidad del preciado líquido, de lo contrario, se comprometería el bienestar y el futuro de las próximas generaciones.

La arbitraria acción de quien encabeza el Ejecutivo federal se presentó como una “reserva hídrica para uso ambiental”, lo que a todas luces constituye el colofón de la serie de reformas privatizadoras que tuvieron lugar durante este sexenio; el objetivo: entregar el recurso vital a manos del capital privado, sin considerar los intereses de la población en lo general ni de varias comunidades agrarias en lo particular. Con los decretos correspondientes se ignora también el impacto ambiental que significará el levantamiento de las vedas que protegían jurídicamente buena parte de las cuencas hidráulicas del país. La consigna de parte de esta administración es clara: hay que privatizar todo lo que se pueda antes de que finalice el sexenio, pues los costos sociales de estas decisiones tendrán que ser resueltos por el gobierno entrante.

La decena de decretos firmados el 5 de junio pasado por el titular del Ejecutivo federal vulneran flagrantemente el artículo 4 constitucional, el cual dispone en su quinto párrafo:

“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.

La explotación de los recursos hídricos por medio de licitaciones o concesiones otorgadas a particulares por los gobiernos federal y estatal, no sólo afectaría considerablemente las reservas del vital líquido con las que cuenta nuestro país, sino que también pondría en riesgo la integridad personal, el patrimonio y la subsistencia misma de las poblaciones campesinas que habitan en los alrededores de las reservas naturales de agua.

Los beneficiarios directos de estos decretos son las empresas que requieren grandes cantidades de agua para poder llevar a cabo sus actividades, pues al dejar desprotegidas las reservas, éstas están condenadas a la contaminación y la sobreexplotación por el desarrollo de la industria en cada una de las áreas mencionadas. Hasta el 2012, de acuerdo con un informe realizado por expertos de la UNAM, las plantas embotelladoras de una importante refresquera tenían concesiones que en su conjunto sumaban alrededor de 33.7 millones de metros cúbicos anuales; la cantidad de agua consumida por la transnacional es impensable.

¿Cuál será la consecuencia de abrir la puerta a la sobre explotación del recurso hídrico por parte de manos privadas? A mediano plazo, expertos de la Universidad Autónoma Metropolitana vaticinan que buena parte de la población en el país y de las comunidades campesinas van a padecer de escasez de agua por el acaparamiento del recurso por parte del capital privado, así como por la eventual sobreexplotación y contaminación de las reservas del vital líquido.

Lamentablemente, fue acertado lo que anticipaba Andrés Manuel López Obrador: el acceso al poder de una camarilla política nos ha llevado al despeñadero. No obstante el repudio social por el mal gobierno, la administración actual se empecina en sacar adelante y a toda costa su ilegítima e inconstitucional agenda privatizadora. Resulta urgente echar atrás la infame decisión; con el triunfo de AMLO se revisarán los excesos, los abusos y los dislates institucionales, en el marco de la cuarta transformación de México.

ricardomonreala@yahoo.com.mx<br /> Facebook y Twitter:
@RicardoMonrealA

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