Dr. Ricardo Moneal A.
Recuento de una multa ominosa
A 18 días de haberse concretado el triunfo de la única opción de cambio real para la administración pública federal y para todo el país, el Instituto Nacional Electoral (INE) emitió una resolución en contra del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), sin sustento y a raíz de la iniciativa de algunos integrantes de ese instituto, situación que no puede dejar de ser denunciada.
El INE señaló haber detectado irregularidades en el Fideicomiso “Por los Demás” que integrantes de Morena y numerosos simpatizantes crearon para apoyar, de manera efectiva y práctica, a miles de personas afectadas durante la emergencia que se desató como consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017, y que nuevamente mostró la solidaridad el pueblo mexicano.
La creación del fideicomiso fue un gesto meramente humanitario cuyo propósito era socorrer a las personas damnificadas, sin buscar en ningún momento el oportunismo o el protagonismo político de la institución o de algún personaje que tuviera aspiraciones a competir por un puesto de elección popular en las elecciones pasadas.
Entre las resoluciones del INE se aseguró que hubo un financiamiento paralelo para la organización, así como aportaciones ilegales de empresas al fideicomiso, sin que se mencionaran los nombres de las empresas o sus dueños. Ante la falta de solidez en los argumentos, pareciera que estas conclusiones del Instituto estuvieran destinadas a manchar la integridad ética y moral con las cuales se emprendió este proyecto de ayuda alternativa a las personas afectadas por los sismos de septiembre de 2017.
El fideicomiso se constituyó el 25 de septiembre y logró recaudar más de 85 millones de pesos, mismos que se han repartido entre las personas con mayor necesidad, después de la tragedia del sismo. En 261 municipios de los estados de Chiapas, Morelos, Oaxaca, Puebla, Guerrero, Estado de México y Ciudad de México se ha apoyado aproximadamente a 27 000 personas afectadas, con una ayuda por familia de 2 400 pesos, y se tiene proyectado entregar 20 millones de pesos más en los próximos días, con lo cual se estaría ayudando a 8 200 personas más. Que en la resolución preliminar del INE se haya afirmado que estos recursos constituyeron un financiamiento paralelo es un agravio en contra de la inteligencia de la ciudadanía y de la dignidad de quienes, en el mejor ánimo de cooperación, brindaron su apoyo con el único propósito planteado: ayudar.
Sin elementos bien constituidos, el Instituto pretendió castigar a Morena con una descomunal multa de 197 millones de pesos, por las “irregularidades” que señaló encontrar en la recaudación hecha mediante el fideicomiso. Por supuesto que esto fue objeto de oportunas impugnaciones ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y no fue necesario agotar todas las instancias, ya que el propio Consejero presidente del INE declaró posteriormente que lo relacionado con el fideicomiso se desarrolló con total apego a los ordenamientos jurídicos, lo que ampara la honorabilidad del instituto político y de su militancia.
Por lo demás, hubo voces entre los consejeros del Instituto, que se atrevieron a comparar esta situación con el “Pemexgate” del año 2000, lo cual sólo evidencia la incapacidad para sopesar hechos comprobados de lo que fue uno de los mayores casos de corrupción electoral en la historia del México contemporáneo, en comparación con una acusación con tintes políticos poselectorales, en contra de un esfuerzo genuino de solidaridad cuya única intención fue auxiliar a quienes cargaron con las mayores consecuencias después de los dos sismos de septiembre que golpearon el sur y centro del país.
Existen dos bochornosos casos de triangulaciones financieras que se presentaron en el proceso electoral del año 2000. En 2002, a raíz de una denuncia hecha por uno de los partidos de oposición, se supo que el PRI, en complicidad con la dirigencia sindical de Petróleos Mexicanos (PEMEX), había desviado alrededor de 640 millones de pesos, los cuales fueron inyectados a la campaña presidencial de su entonces candidato, quien finalmente perdió la elección. La consecuencia: una multa de mil millones de pesos impuesta por el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) contra el tricolor.
De igual manera, en la campaña del PAN para el mismo proceso electoral, la participación de recursos ilícitos fue una constante: hubo colaboración empresarial en las triangulaciones de recursos tanto nacionales como extranjeros, pero también desvíos económicos que se hicieron desde el Poder Legislativo, los cuales fueron a parar a la cuantiosa campaña presidencial del entonces abanderado del PAN y que derivaría en la llegada de la alternancia blanquiazul al frente del Poder Ejecutivo. Por estas acciones el IFE multó al PAN y al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por un total de 498 millones de pesos.
En esos dos casos sí hubo elementos comprobables que demostraron prácticas ilícitas que ensuciaron las contiendas electorales. No así en el de Morena, y sin embargo la acusación que se hizo en su contra no es de importancia menor: se intentó manchar la reputación de este movimiento para que haya, de entrada, una mala percepción del gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador a partir del 1º de diciembre próximo, tratando de ensuciar además el bono de legitimidad otorgado libremente por la ciudadanía, poniendo los mayores obstáculos posibles a una administración federal que evidentemente planteará cambios sustanciales dentro de la organización gubernamental, como la reducción de salarios ofensivos y privilegios que perciben altos funcionarios.
Y todavía está en la memoria de muchos mexicanos la ilegalidad en la que incurrieron las autoridades electorales en el caso Monex. De continuar con ese tipo de resoluciones, la señalada corrupción y el desprestigio los perseguirán hasta su total deslegitimación. El INE declaró no contar con pruebas de que los recursos del fideicomiso fueran a parar a la campaña presidencial de AMLO, y a pesar de ello se turnó la investigación a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) en colaboración con la Procuraduría General de la República (PGR), para determinar si hay algún delito electoral que perseguir.
No encontrarán nada.
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