La tradición del chivo expiatorio: ¿justicia legal o justicia mediática? - El Nopal
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La tradición del chivo expiatorio: ¿justicia legal o justicia mediática?

La tradición del chivo expiatorio: ¿justicia legal o justicia mediática?
Dr. Ricardo Monreal A.

En días pasados se hizo del conocimiento público otro presunto desvío de recursos por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), que se anexa al escándalo de corrupción conocido mediáticamente como La estafa maestra, en el que también se vio involucrada la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). El señalamiento ahora es por desviaciones que ascienden a los 700 millones de pesos, los cuales se suman a los 1,200 millones que fueron objeto de triangulaciones, por medio de supuestos convenios con universidades públicas y empresas fantasma, caso dado a conocer en diversos medios de comunicación durante el trascurso de 2017.

La corrupción de altos funcionarios de la administración federal saliente responde a la debilidad crónica del Estado de derecho en nuestro país, que propició la rampante impunidad. Resulta imperante que, por medio de las instituciones competentes, se realicen las pesquisas necesarias para deslindar responsabilidades respecto a los casos de presuntos desfalcos millonarios de recursos públicos. Por ello es que desde el Senado de la República se auspiciarán las investigaciones correspondientes, para que se puedan aclarar los probables casos de corrupción a que se ha hecho referencia, y llamar ante la justicia a las personas involucradas.

El presidente electo se ha pronunciado respecto a la posición que tomará su gobierno en relación con estos presumibles actos de corrupción: no se emprenderá una eventual persecución política, lo que, sin embargo, no equivale a la perpetuación de la impunidad por la vulneración del orden jurídico. Las declaraciones de quien será el próximo titular del Ejecutivo federal tienen que ser leídas en una connotación histórica que alude a la proscripción de añejas prácticas, que consistían en encarcelar a altos funcionarios de los gobiernos anteriores, con la intención de granjearse el favor de la ciudadanía, al tiempo que se perpetuaba la impunidad al interior de las instituciones gubernamentales.
Baste recordar cuando en la administración federal de 1982 a 1988 se acusó a quien se desempeñara como director de Petróleos Mexicanos durante el gobierno antecedente, por un presunto fraude de alrededor de 35 millones de dólares. Al exfuncionario, ya entonces integrante del Congreso de la Unión, se le aplicó la declaración de procedencia (conocida como desafuero), y permaneció en prisión la mayor parte del sexenio.

Asimismo, al inicio del aquel sexenio, el jefe del desaparecido Departamento de Policía y Tránsito del Distrito Federal de la administración previa fue acusado de contrabando, acopio de armas y abuso de autoridad. Debido a ello, fue detenido y encarcelado en 1984. Este caso y el anterior estuvieron inmersos en el proceso de la llamada Renovación moral del Estado mexicano, emprendida por el Ejecutivo.

Esta campaña, principalmente mediática, de la administración pública federal de entonces, buscó congraciarse con la sociedad a través de la inmolación de chivos expiatorios. Cabe señalar que ambos exfuncionarios quedaron libres a la llegada de la siguiente gestión a los Pinos.

El titular del Ejecutivo federal de 1988 a 1994 siguió el ejemplo de su antecesor, y se ofreció a sí mismo la cabeza del líder sindical petrolero. Mediante este acto, se pretendió darle legitimidad al gobierno ante la ciudadanía, a la vez que se tomaba el control fáctico de la organización sindical, y con ello se allanaba el camino para comenzar el proceso de privatización del sector energético.

Es interesante recordar que el líder sindical no fue acusado de corrupción ni de enriquecimiento ilícito, sino que fue condenado a 35 años de prisión por el delito de posesión ilegal de armas. La detención ocurrió en su domicilio y fue realizada por el Ejército mexicano; recobró su libertad durante el sexenio siguiente (1994-2000).

Igualmente, el actual titular de Ejecutivo, en un intento por hacer empática su administración ante la ciudadanía, y con la pretensión de imponer la reforma educativa, buscó al más reciente chivo expiatorio de la tradición institucional: la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, quien fuera acusada por la Procuraduría General de la República por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada; sin embargo, por falta de pruebas, en meses recientes se le exoneró de todo cargo y recuperó su libertad.

Tras 26 años al frente del sindicato magisterial, la lideresa fue depuesta mediante la intervención directa del presidente de la República en turno, y al igual que en los otros casos, fue acusada de todo, excepto de la evidente corrupción que imperó durante su mandato.

Ahora, con el caso del presunto desvío de recursos públicos en dos secretarías de Estado, y funcionarios involucrados, es el Poder Legislativo de mayoría morenista el que está buscando establecer los procedimientos necesarios para el esclarecimiento de los hechos y, como se ha afirmado públicamente, realizar las denuncias penales correspondientes para el deslinde de responsabilidades; todo, conforme a derecho.

El presidente electo lo ha reiterado: su gobierno no va a encarcelar a ningún “famoso” de la política contemporánea; más específicamente, no va a buscar chivos expiatorios en la administración saliente, no es la función del Ejecutivo, es arena del costal judicial y de procuración de justicia, que pronto deberán ser auténticamente autónomos. De dar rienda suelta a la persecución política, se estaría incurriendo en los vicios y simulaciones de los regímenes del pasado.

Ahora bien, en el ejercicio de la división de poderes constitucionalmente establecida en nuestro país, el Legislativo es un mecanismo de contrapeso, a la vez que un órgano de fiscalización y evaluación respecto a la actividad del Ejecutivo. Por esa razón, el Senado de la República será un instrumento que contribuirá a la investigación de los presuntos desvíos en Sedesol y Sedatu.

En el marco de la Cuarta Transformación del país, es preciso subrayar que toda actividad llevada a cabo por las autoridades se dará en el contexto de la plena vigencia del Estado de derecho y del respeto irrestricto a las facultades, competencias y atribuciones de los tres poderes. Independientemente de las distintas lecturas que se deseen hacer de las recientes declaraciones del presidente electo, el Senado de la República cumplirá su compromiso histórico con las demandas de justicia y de combate a la corrupción.

No más chivos expiatorios. No más impunidad.

ricardomonreala@yahoo.com.mx

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