Dr. Ricardo Monreal A.
Un régimen caduco que se niega a morir
El artículo 127 de la Constitución establece, en su primer párrafo, que todos los servidores públicos recibirán una remuneración por las labores que desempeñen, la cual tiene que ser adecuada e irrenunciable y, sobre todo, proporcional a sus responsabilidades. Esto aplica, de acuerdo con el mismo artículo, para quienes trabajen en instituciones de la Federación, entidades federativas y municipios, así como en las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.
La fracción número II del mismo artículo es muy clara respecto a cuál es el tope constitucional de los salarios de los servidores públicos de más alto rango, pues a la letra dice: “Ningún servidor público podrá recibir remuneración […] por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente.”
El mandato constitucional es muy preciso en tal sentido: se trate de un pago en efectivo o en especie por el desempeño en el servicio público, dicha remuneración no puede —por ningún motivo— ser superior a la del mismo jefe de Estado. El hecho de que se permitieran pagos excesivos para una burocracia dorada, con tal de que contribuyera a perpetuar un régimen de impunidad y corrupción, constituyó, en sí mismo, una violación flagrante y contundente a nuestra Carta Magna.
A menos de quince días de haberse establecido el primer gobierno legítimo y democrático en la historia reciente de nuestro país, se han suscitado, entre quienes integran al Poder Judicial, inconformidades poco favorables para la institucionalidad del Estado mexicano. La razón de esto se asocia con la pretensión de la cúpula de este Poder de mantener su régimen de privilegios a costa del erario, y en claro desacato al mandato constitucional.
Jueces, magistrados y ministros de nuestro país no han entendido que la ciudadanía demanda un cambio radical en la conducción del Estado y en el actuar de los servidores públicos; por años, el enriquecimiento personal al amparo de los altos cargos ha sido una constante de los regímenes previos, que encumbraron en las posiciones más importantes del aparato judicial a hombres y mujeres alineados a los intereses de la mafia del poder.
El muy cuestionable proceso de selección de nuestros jueces, magistrados y ministros detonó un círculo vicioso; éstos, a su vez, hicieron gala de un nepotismo sin parangón y ahora tenemos a un Poder Judicial plagado de amiguismos, compadrazgos y parentelas, sirviéndose con la cuchara grande del Presupuesto. Por otro lado, su alejamiento de la ciudadanía los ha hecho insensibles, insaciables, disfuncionales e ineficientes.
Quienes hoy, desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, promovieron la suspensión de la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, lo hicieron desde una posición cupular, de espalda a las necesidades de la sociedad, sin ningún tipo de legitimidad y sin mediar viso democrático alguno. En contrapartida, la Ley en cuestión fue producto de un Congreso legítimo, elegido democráticamente por una abrumadora mayoría social y en atención al clamor ciudadano.
Constituye, pues, un atropello al interés público, el hecho de que una burocracia dorada minoritaria quiera retener privilegios anticonstitucionales, al amparo de un discurso que sólo refleja la poca moral con que se desempeñan quienes integran al Poder Judicial, y no tienen empacho en desatender los más elementales principios republicanos y del servicio público.
Decir que, para garantizar la independencia y la soberanía, así como un desempeño incorruptible, es necesario contar con tan escandalosos salarios, constituye una simpleza, una falacia. Falta de ética es lo que se advierte con tal aseveración; la remuneración no se puede anteponer al compromiso ético de realizar una labor objetiva, profesional, imparcial y con apego a derecho.
El hecho de que jueces y magistrados hayan salido a manifestarse por primera vez en la historia del Poder Judicial, no por una marcada injusticia social, no por un caso escandaloso de corrupción, o por una grave violación a los derechos humanos (que en pasadas administraciones se dieron en abundancia), sino para mantener sus desproporcionados salarios, evidencia una carencia total del sentido del servicio público.
Tal como expresó el nuevo titular del Ejecutivo federal: si el servicio público no cubre las expectativas de ingresos, siempre estará el sector privado para satisfacer las legítimas aspiraciones de desarrollo personal, profesional o económico. México es un país de contrastes: tenemos a la mitad de la población sumergida en la pobreza y en pobreza extrema, con márgenes de desigualdad escandalosos y con una falta de oportunidades que se ha agudizado en los últimos treinta años; pese a ello, sostenemos a un Poder Judicial que oscila entre los más caros a nivel mundial.
Han sido muy desafortunadas las reacciones y posturas de los ministros que encabezan la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tratando de defender lo indefendible, carentes de sustento ético o moral, y al margen del sentir de la mayoría y de la coyuntura histórica.
El Poder Legislativo, preocupado por la regularidad constitucional, ha instado a la Suprema Corte a retraer las ofensivas en contra de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Esperamos que haya congruencia en sus próximas resoluciones en este teno, por el bien de la estabilidad política del Estado mexicano, por la paz social y por el cumplimiento del mandato constitucional para garantizar el Estado de derecho en nuestro país.
Quienes representamos al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo tenemos la convicción de la conveniencia del régimen de separación de Poderes, de los mecanismos de pesos y contrapesos. De ahí que los frecuentes acercamientos con el Poder Judicial y los diferentes posicionamientos en torno a los temas más relevantes de la agenda pública se lleven con total apego al marco constitucional y con el ánimo de procurar no sólo la moderación, regulación, control o fiscalización entre los Poderes constituidos, sino la colaboración. No debe ser el Poder Judicial una institución reaccionaria al servicio de la plutocracia.
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