Dr. Ricardo Monreal A.
Un presupuesto austero y equilibrado
En vísperas de Navidad, la Cámara de Diputados aprobó un Presupuesto de Egresos acorde con las demandas que nuestro país enfrentará en este 2019, otorgando mayores recursos a los rubros que demandan mayor liquidez, y recortando aquellos que, pese a la incomodidad de algunos sectores, no son prioritarios en esta etapa.
No se trata de vulnerar en modo alguno los principios de autonomía o eficiencia de organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o el Poder Judicial de la Federación, sino de ajustar sus presupuestos para eliminar gastos suntuarios o salarios injustificados —sin que por ello se comprometa la eficiencia del trabajo que realizan—, con la visión de austeridad impulsada por la Cuarta Transformación.
La población mexicana sostiene una de las burocracias más caras del mundo, pero, no obstante los altísimos salarios de ésta, sus resultados ha sido magros en los últimos años. Esto es inadmisible en medio de la grave crisis que enfrenta nuestro país, y cuando existe un clamor ciudadano añejo por corregir problemas tan importantes como el de la corrupción o la impunidad.
El paquete económico para 2019, presentado por la Secretaría de Hacienda, despertó inconformidad por la reducción de recursos que planteaba a las instituciones públicas de educación superior de nuestro país, o por recortes importantes al sector de divulgación cultural. Sin embargo, fuimos testigos de la voluntad política del actual gobierno federal para escuchar el descontento, reconocer el error y rectificar las decisiones, a fin de atender las demandas de ciertos sectores de la población que, con justa razón, consideraban prioritaria la afluencia de recursos públicos.
Asimismo, los recursos para el apoyo de las actividades agropecuarias serán suficientes para seguir impulsando el desarrollo de estos sectores estratégicos en México, de otra manera, no puede pensarse siquiera en la posibilidad de alcanzar en el mediano plazo la autosuficiencia alimentaria, y no se diga un índice de productividad que permita a nuestro país ser realmente un competidor a nivel internacional.
Existe, como se ha demostrado en los primeros días del actual gobierno, un compromiso real y genuino de cambiar sustancialmente las condiciones en las que la anterior administración dejó al sector público. No estamos frente al discurso demagógico de antaño, en el que las promesas de campaña iban y venían durante los procesos electorales, y después se iban al bote de la basura, dando como resultado la pauperización económica y social del país.
Quienes critican al actual gobierno y en su momento aplaudieron el régimen de privilegios que pervivió en México, siguen intentando infundir miedo entre la población y apostando por la división y la polarización ciudadanas. Son válidas las posturas tanto en favor como en contra del primer gobierno legítimo mexicano; lo que resulta reprobable es la calumnia, la guerra sucia, la política del escándalo y demás artilugios para manipular y destruir la de por sí mermada confianza de la población en las instituciones.
Ahora bien, las acusaciones de que es objeto el nuevo gobierno provienen de decisiones necesarias, como las que se expresaron en el Presupuesto de Egresos recién aprobado. En la Ley de Ingresos, el monto total de los recursos avalados asciende a 5 billones 838,000 millones de pesos, una cifra mayor a la que originalmente había considerado la Secretaría de Hacienda en su paquete económico. Sin embargo, cada peso del presupuesto público se destinará a partir de un ejercicio responsable del gasto y en el marco de la normatividad existente, teniendo como eje transversal la política de austeridad propuesta por el presidente de la República.
El recorte presupuestal más importante se le aplicó al Poder Judicial de la Federación: 1,700 millones menos respecto a la cantidad otorgada en el ejercicio de 2018; el Instituto Nacional Electoral tendrá un recorte de 950 millones de pesos; la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibirá 161 millones 900 mil pesos menos; el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, 300 MDP menos; el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 37 MDP menos, entre otras dependencias.
Estas reducciones presupuestales no son arbitrarias en lo absoluto y tampoco se hicieron sin fundamentos sólidos; son medidas urgentes y necesarias debido al excesivo gasto que se ha erogado en el servicio público federal. En las pasadas administraciones, sólo las cúpulas de la burocracia se beneficiaron de las bondades de salarios, prestaciones y otros privilegios, por la mera cercanía con el poder: viajes internacionales, hospedajes en hoteles de lujo, servicios privados de transporte aéreo, comidas en suntuosos restaurantes de la ciudad, choferes, seguros de gastos médicos mayores, celulares, entre otras cosas, fueron la constante. Eso ya se terminó.
Con los recortes se pudo avanzar en el incremento al presupuesto de agricultura, con 8,091 millones de pesos; el sector cultural contará con 500 MDP más; la Secretaría de Educación Pública, con 1,057 MDP más, mientras que las Secretarías del Bienestar y del Medio Ambiente tendrán un incremento de 2,137 MDP y 4,500 MDP respectivamente, por mencionar algunas.
Las dos Cámaras que integran el Congreso de la Unión han dado muestra de que el Poder Legislativo ha sido enteramente consciente de las necesidades del país y de la manera como se tienen que evaluar las prioridades para atender los distintos rubros.
Los recursos públicos se direccionaron a las áreas con mayor necesidad no por mero capricho, sino con la convicción de que no es posible seguir sosteniendo burocracias doradas a merced de la pauperización del país; se debe hacer lo mejor posible con lo que hay disponible; maximizar los recursos, buscando siempre resultados óptimos.
Éste fue uno de los compromisos de campaña de la coalición “Juntos Haremos Historia”, y la voluntad popular le otorgó el mandato cumplirlo. A pesar de la crítica y de la cerrazón de la oposición que demerita los esfuerzos, las promesas se llevarán a cabo siempre en concordancia con principios éticos y atendiendo en todo momento las críticas y los cuestionamientos disidentes, con el fin de lograr la unidad y la reconciliación político-social que tanto urgen en nuestro país.
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