Dr. Ricardo Monreal A.
Por la dignidad del empleo
Apenas el pasado cinco de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reformas en materia de justicia laboral, libre sindicalismo y negociación colectiva, justo en el contexto de la conmemoración del Día del Trabajo, efeméride que debe recordarnos que la lucha por mejorar las condiciones de las y los trabajadores no debe llegar a término. En México, esa fecha debe pasar de un mero ejercicio de discurso político correcto a hechos concretos, que permitan asegurar la efectiva defensa de los derechos laborales.
En nuestro país, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de 2018, existen alrededor de 52. 2 millones de personas insertas en el sector laboral, tanto informal como formal. El 43.1 por ciento de las y los trabajadores se desempeñan en actividades relacionadas con el sector comercial y los servicios; el 18.7 por ciento, en el sector manufacturero; y el 17 por ciento, en actividades relacionadas con la construcción. Las actividades agropecuarias han ido presentando un descenso notable: 6'720,104 personas en nuestro país se desempeñan en este sector laboral.
Según información de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), entre los países miembros de la organización, las y los trabajadores mexicanos son los que laboran más horas anualmente: un trabajador nacional invierte alrededor de 2,255 horas al año en el desempeño de su actividad laboral, mientras que uno de Alemania, tan solo 1,363 horas. En este último caso, en el país germánico no sólo trabajan mucho menos, sino que producen mucho más.
Respecto de nuestros principales socios comerciales, en Canadá el promedio de horas laborales al año es de 1,703 y en Estados Unidos de América, de 1,783. En naciones de América Latina como Costa Rica y Chile, se invierten un promedio de 2,212 y 1,974 horas, respectivamente.
A pesar de que en México se invierte un mayor número de horas a las actividades laborales, las y los trabajadores no son remunerados en la misma proporción, pues en décadas recientes se ha dado una marcada pauperización de los salarios en términos nominales, pero también en términos reales. En el año 2006, alrededor de 5.3 millones de personas percibían más de cinco salarios mínimos: poco más de 12,000 pesos mensuales; para el año 2017, el número de trabajadores con esa percepción se había reducido a 2.7 millones, de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación del INEGI en aquel año.
Además, el ritmo de vida al que se ha visto sometida la población durante décadas, reflejada en las extenuantes jornadas de trabajo sin un adecuado descanso, está repercutiendo en la proliferación de enfermedades cardiovasculares y crónico-degenerativas, como la diabetes. Esto, de acuerdo con un estudio de la Universidad Autónoma Metropolitana, ha propiciado que la esperanza de vida en México sea de 75 años, mientras que en Chile, país con condiciones sociales y económicas semejantes a las nuestras, llega a los 83 años.
Resulta poco sensato pensar que se puede lograr una sociedad más justa en nuestro país, si perviven las paupérrimas condiciones laborales que lo han marcado durante tantos años. Una de las más importantes herramientas para procurar la justicia o para reducir la brecha de la desigualdad social en el país es la necesaria dignificación de las percepciones de las y los trabajadores y la mejora sustancial de sus condiciones laborales.
No es secreto para nadie que el poder adquisitivo se ha deteriorado considerablemente en los últimos treinta años ni que las constantes crisis en la economía mexicana han repercutido principalmente en los bolsillos de las familias de escasos recursos, las cuales aún constituyen la mayoría de la población, por ello, a pesar de las críticas que suelen calificar de populismo cualquier acto orientado a beneficiar a la ciudadanía, la actual administración decretó, desde enero del presente año, el aumento al salario mínimo, el cual pasó de 88.36 a 101 pesos.
En el Senado de la República existe plena conciencia de las demandas históricas de las y los trabajadores. Por ello, al final del segundo periodo ordinario de sesiones de este año legislativo, quienes conformamos la LXIV Legislatura aprobamos la reforma laboral con la que se pretende mejorar las condiciones de trabajo de todo tipo.
Se propuso un nuevo esquema de justicia laboral que involucra, entre otros aspectos, la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, el cual vendrá a sustituir a las Juntas de Conciliación y Arbitraje; y ahora, las demandas en materia laboral serán atendidas directamente por tribunales del Poder Judicial.
Asimismo, para dar mayor certidumbre y democratizar los procesos internos de la vida sindical de nuestro país, se elimina el modelo de votación a mano alzada para la designación de líderes sindicales, propiciando elecciones libres, auténticas y democráticas: un paso enorme para tratar de eliminar el “charrismo” sindical y otras malas prácticas.
Cabe agregar que la aprobación de la reforma laboral se circunscribe en el marco del cumplimiento de diversas disposiciones generadas por la firma del nuevo acuerdo comercial entre los tres países de América del Norte (México-Estados Unidos de América y Canadá), denominado T-MEC.
Si México desea competir a la altura de las dos grandes economías de la región, el gobierno se debe actualizar en materia laboral, para buscar que el trabajador nacional esté en óptimas condiciones al momento de medirse con sus símiles de los dos países vecinos.
Aún falta un largo camino por recorrer. En la Cámara de Senadores seguimos ocupándonos para que la dignidad de todos los trabajadores y las trabajadoras mexicanos no sea únicamente materia de discursos, sino una realidad tangible en la vida cotidiana.
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