Los Organismos supra – nacionales y el nuevo gobierno.
Por: Jenny González Arenas.
No podemos dejar de hablar de derechos humanos en una etapa tan convulsa de México, aunque muchos puedan decir que estamos en proceso de transición, buena o mala, la coyuntura obliga a preguntarnos cual será la respuesta del nuevo gobierno a las peticiones o sanciones que se imponga en contra de nuestro país por organismos internacionales.
Para nadie es un secreto que mientras medios contrarios a la línea oficial o detractores del nuevo sistema se pronuncian y muestran información sobre lo delicada de la situación en nuestro país, el Presidente se encarga de desmentirlos sin fundamento alguno, solo refiriendo que el tiene otros datos, estos otros datos son lo que ha vuelto compleja la gobernabilidad en México, porque las políticas públicas surgen de datos duros que orientan la toma de decisiones y, cuando cada quien tiene sus datos, las políticas públicas sufren estragos y se alejan de una realidad para aproximarse a otra.
No cuestionamos la veracidad de una o la otra, cuales son los datos reales, pero si creemos que la alternativa es hacer caso a aquella información que se obtiene por medios demostrables, con metodologías adecuadas y probadas, no simple y sencillamente por el afán de contradecir o de desacreditar a quien tiene otra información.
Partiendo de lo anterior, es válido preguntarnos ¿cuál será la postura de la actual administración federal cuando un organismo supra nacional haga un pronunciamiento, vinculante o no, sobre la responsabilidad de nuestro país en el incumplimiento a compromisos internacionales?
Esta interrogante esta fundada en las reiteradas ocasiones que el actual presidente de México ha tratado de manera despectiva a periodistas y medios que han publicado información que contraviene los datos oficiales, a pesar de contar con un sustento metodológico para tales afirmaciones, pero también surge porque nuestro actual gobierno ha mostrado indiferencia o sumisión a declaraciones de otros gobiernos como lo es el de Estados Unidos, por lo que si es preocupante o, al menos, intrigante el saber que puede llegar a suceder si hay un pronunciamiento, digamos por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenciado el actuar del gobierno de México ante una violación de derechos en el territorio nacional.
Puede ser que, o se rechace porque el alegará que es responsabilidad de otros gobiernos, o se ignore porque se desacredita la importancia de un organismo internacional de tal envergadura por no haber sido él quien ratifico o reconoció la competencia de dicho organismo en asuntos en México, o se ponga a debatir en una conferencia mañanera sobre si los datos que arroja la sentencia son reales o no, porque como siempre, el presidente contará con otra información. El peor escenario sería que en un evento público, consulte a mano alzada, si el pueblo de México, solo el que se encuentra presente en ese mitin esta a favor o en contra de acatar lo que la sentencia de la Corte Interamericana diga en contra de México.
Es un extremo, pero eso no deja de ser un escenario plausible, en un México en el que los derechos humanos se quieren someter a votación y pueden mas los intereses políticos que los intereses sociales, lo de menos es que el Presidente adopte su tradicional postura de rechazo ante lo que para él es contrario a su régimen.
Por lo pronto no nos resta mas que esperar a que ese pronunciamiento por parte de cualquier organismo supra nacional tenga lugar y veremos cual es la reacción del actual presidente. Lo prudente sería que acate los compromisos internacionales previamente adquiridos por nuestro país, que no debilite las instituciones, pero sobre todo, que se respeten los derechos humanos en nuestro país.
