Dr. Ricardo Monreal A.
“Partida secreta” y transparente
La LXIV Legislatura del Senado de la República continúa trabajando para hacer las modificaciones legislativas que permitan una mejor administración de los recursos públicos que maneja el actual gobierno. En días recientes, en periodo extraordinario, la Cámara Alta aprobó la Ley de Austeridad Republicana, la cual será un instrumento que permitirá no sólo un manejo responsable de las finanzas, sino además el control de malas prácticas, tan enraizadas en la administración pública, como los compadrazgos, el amiguismo, los “moches” y otras formas de comportamiento corrupto.
En el pasado se dieron muchos actos de corrupción por parte de funcionarios públicos apostados en todos los órdenes de gobierno, y no es secreto que, en aras de proteger intereses particulares o de grupo, altos funcionarios favorecieron los consorcios de amigos o familiares, otorgándoles contratos ventajosos, con procesos de licitación amañados o arbitrarios, para favorecer a terceros, con transacciones millonarias. Asimismo, desde la dirección de las dependencias federales se otorgó información clave o privilegiada para inclinar la balanza en favor de ciertas personas durante el desarrollo de las licitaciones. Con frecuencia, servidores públicos de gran jerarquía fueron recibidos como integrantes de las juntas directivas de los consorcios que se vieron beneficiados con su gestión.
Mientras esto sucedía, los partidos o grupos políticos que fueron mayoría durante mucho tiempo en ambas Cámaras del Congreso de la Unión permanecieron en silencio, a sabiendas de la corrupción que se daba al interior de la administración pública federal, y así permitieron que ese tipo de situaciones se fueran replicando. El Congreso no intervino en forma alguna, dentro de sus atribuciones, para investigar los hechos.
Hoy, el Congreso, y de manera particular el Senado de la República, busca atender estas situaciones y establecer candados legales para erradicar ese tipo de situaciones en el servicio público federal. La oposición, antes de la aprobación de la mencionada ley, criticó ampliamente el dictamen debido a lo radical de la propuesta; cierto es que hubo modificaciones que se aceptaron y cuya pertinencia enriqueció aún más el proyecto; sin embargo, la naturaleza y el sentido de esta nueva legislación son arrancar de facto el clima de corrupción que tanto daño le ha hecho a nuestro país.
Una de las grandes críticas al proyecto de decreto, y que se intentó mediatizar ampliamente, fue respecto al artículo 61 de esta nueva ley, que a la letra dice:
Los ahorros generados como resultado de la aplicación de dichas medidas deberán destinarse, en los términos de las disposiciones generales aplicables, a los programas del ejecutor del gasto que los genere. Por cuanto hace al Poder Ejecutivo, dichos ahorros se destinarán a los programas previstos en el Plan Nacional de Desarrollo o al destino que por decreto determine el titular.
Las acusaciones se han centrado en descalificar la disposición, llamándola “nueva partida presidencial secreta”.
Anteriormente, el titular del Ejecutivo federal podía disponer de una auténtica “partida secreta”. En esencia, se trataba de recursos públicos cuya cantidad nunca se conoció, que tampoco se podían fiscalizar y, lo más grave, que nadie sabía el destino que les asignaba el presidente de la República; por tanto, había un ejercicio discrecional de estos recursos. Al día de hoy, tales partidas no se pueden investigar debido a que, por su misma naturaleza, no hay ningún registro; no se sabe cuánto dinero era y tampoco es posible rastrear su destino final.
De igual manera, quienes hoy se refieren a una “nueva partida secreta” en su momento decidieron guardar silencio ante el poderío indiscutible del presidente en turno.
Lo dispuesto en la nueva Ley de Austeridad Republicana es todo, menos una partida secreta. Todos los recursos ahorrados por la aplicación de las medidas de austeridad se acumularán en una bolsa o partida que será del conocimiento público de manera permanente, pues la asignación que haga el titular del Ejecutivo federal será sólo por decreto oficial, con lo cual quedará de lado toda opacidad o discrecionalidad en el uso del erario público. Así también, los fondos se van a utilizar en programas sociales, pero éstos no podrán ser ocurrencias de momento, sino que, por el contrario, las cantidades presupuestales se destinarán a los programas previstos en el Plan Nacional de Desarrollo y, por ende, podrán ser fiscalizadas.
Quienes apostamos por la Cuarta Transformación de la vida pública de nuestro país sabemos que ésta sólo se logrará tomando decisiones de carácter sustancial y con plena transparencia. En el Senado de la República seguiremos trabajando por hacer las adecuaciones jurídicas que este país necesita para sacudirse el cáncer de la corrupción y fortalecer un auténtico Estado de derecho, favoreciendo el manejo responsable de todos los asuntos públicos del país, así como de todos los recursos materiales, administrativos, económicos y humanos del aparato gubernamental.
Vale la pena recordar que, en administraciones federales anteriores, las “partidas secretas” se llamaron “partidas de seguridad”. Los recursos de aquellas bolsas ascendieron incluso hasta los 40,000 millones de pesos, cantidades que, en teoría, fueron destinadas a la Policía Federal, pero que no pudieron ser objeto de fiscalización, lo que mantuvo en la opacidad el uso efectivo de esos recursos.
Los hechos y el tiempo, sin lugar a dudas, ubicarán a esos gobiernos en el lugar histórico que les corresponde.
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