Por Ricardo Monreal A.
La crisis sanitaria que enfrentamos a escala global, provocada por la propagación de la enfermedad COVID-19, no sólo ha movilizado a los gobiernos a tomar medidas urgentes para reducir los niveles de contagio y evitar con ello el colapso de los sistemas de salud y el deceso de más personas.
Asimismo, el tsunami epidemiológico está trastocando el sistema económico mundial, y nuestro país tendrá que hacer frente, con el máximo de recursos prospectados, al impacto económico negativo augurado en semanas anteriores y en el que todas y todos estamos involucrados.
En México se siguen implementado medidas para atender la fase 2 de la pandemia y para afrontar la fase 3, que se estima entrará a mediados de este mes. En este mismo tenor, el presidente de la República ha anunciado una serie de acciones para poder enfrentar la situación en el corto plazo.
Si bien estamos ante un problema sanitario sin precedentes, en forma directamente proporcional se está gestando un problema económico de la misma envergadura; en este orden de ideas, el rescate de la economía no se hará de manera vertical, como antaño, cuando se optaba por favorecer a la cúpula empresarial, olvidando a las bases, a las personas menos privilegiadas.
La receta neoliberal ante estos escenarios era muy simple: ante una crisis inesperada había que aumentar los márgenes de la deuda externa, vía empréstitos, con instituciones como el Fondo Monetario Internacional o cualquier otro organismo financiero.
Los primeros en recibir los recursos contratados por el Estado eran los grandes capitales; a pesar de ello, los recortes de personal y la pérdida de empleos se disparaban; venía una reducción considerable en el gasto social y, por ende, el recorte severo al presupuesto para programas sociales, además del inminente aumento a cierto tipo de impuestos y al precio de los combustibles. Con esa receta, la brecha de desigualdad se ensanchaba aún más; las personas ricas se hacían más ricas y las pobres se hundían todavía más en la miseria.
Es interesante notar que, en el discurso de la tecnocracia que administró nuestro país durante décadas, se privilegió y se defendió la reducción de la participación del Estado en temas económicos; sin embargo, frente a crisis de gran calado —como la relacionada con el Fobaproa, por ejemplo—, no se dudaba en buscar la intervención estatal, como el gran salvador y solucionador de problemas. Todo, por supuesto, con cargo directo a la población de a pie.
Esa peculiar forma de operar durante las crisis llegó a su fin. A quienes esperan la contratación de mayor deuda pública para salir del bache económico que se augura resultaría preciso informales que eso no ocurrirá en esta ocasión.
Los fondos que se utilizarán para poder hacer frente a la crisis económica que viene aparejada con la sanitaria saldrán de recursos propios: liberación de fondos de estabilización para financiar la continuidad de diversos programas sociales; liberación de 65 mil millones de pesos de carga fiscal a Pemex, y devolución pronta del IVA, para apoyar a las empresas.
Además de ello y en congruencia con la política asumida por el presidente de la República, los gastos en el gobierno se reducirán aún más, por lo que habrá recortes a los sueldos de altos funcionarios y funcionarias; reducción en los montos por concepto de viáticos, operación y publicidad gubernamental, así como en las compras a proveedores y los costos de obras públicas.
No se pretende de ningún modo despedir a quienes laboran en el sector público, pero sí habrá mayor exigencia laboral y compromiso, aunado a un mayor espíritu de servicio, honestidad y austeridad.
Quienes hoy critican las medidas anunciadas por el presidente de la República para enfrentar la crisis económica, habrían preferido anunciar un nuevo rescate para los más acaudalados pero las acciones del gobierno actual son de carácter social y están orientadas a beneficiar a quienes se ubican en los grupos vulnerables por su condición socioeconómica.
Se espera que con una mayor inversión pública se generen 2 millones de empleos en nueve meses, y que con las medidas de austeridad —entre ellas, la eliminación de aguinaldos para las y los altos funcionarios— haya un ahorro sustancial para apoyar a las personas que más lo necesitan y no abandonarlas a su suerte, como sucedió en crisis del pasado cercano.
En la lucha que nuestro país enfrenta contra la pandemia por COVID-19, el presidente López Obrador utilizó una expresión peculiar en su conferencia matutina del 2 de abril: “Ayer —señaló— usé por primera vez el término 'crisis transitoria'. Esto no va a tardar, y vamos a salir fortalecidos. Y vamos a salir fortalecidos porque no nos van a hacer cambiar en nuestro propósito de acabar con la corrupción y de que haya justicia en el país… Por eso vamos a salir fortalecidos, o sea, que nos vino esto como anillo al dedo para afianzar el propósito de la transformación”.
Ante esta declaración, se dio un número significativo de malas interpretaciones: “Ese anillo tiene virus. Le está dando la bienvenida al caos y a la crisis que pueden acabar con el país, con el anillo y con el dedo”, o, “De ésta no vamos a salir igual: o nos salvamos todos o nos hundimos todos… con anillo y dedo juntos”.
Como bien lo señaló el presidente, esta crisis es una oportunidad para demostrar que se puede actuar de manera diferente, sin comprometer aún más la autonomía económica de nuestro país.
¿Qué hay de fondo en el contexto de la crisis sanitaria que vivimos? Una anillada lucha por el poder. El problema sanitario se traducirá en un desolador panorama económico, que se intentará llevar al ámbito de lo político y sacar raja para obtener cualquier ventaja de corte electoral.
La cuarta transformación de nuestro país comenzó en julio de 2018. La crisis actual representa la oportunidad para afianzar el proceso de cambio, evitando a toda costa dar marcha atrás en el propósito fundamental, que es cimentar las bases para lograr, por fin, un Estado con justicia social.
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