El Poder Judicial de Zacatecas y el COVID – 19.
Por: Jenny González Arenas
No cabe duda de que, ante un escenario de crisis, siempre hay que esperar que alguien pretenda sacar provecho de la situación, buscar protagonismo y figurar, aunque ello implique poner en riesgo a la población.
Siempre se ha dicho que en Zacatecas la justicia es una demanda de la población, en anteriores participaciones hemos hecho referencia a la difícil situación que enfrenta el Poder Judicial de nuestro Estado por no contar con un presupuesto acorde a las demandas de la población y a la carga de trabajo que implica impartir justicia en nuestra entidad.
Pero una cosa es que la justicia sea una demanda constante de los zacatecanos y otra muy distinta que los zacatecanos queramos poner en riesgo al personal del poder judicial y a sus familias, simplemente porque a alguien se le ocurrió que media pandemia es el momento oportuno para ser protagonista.
El 30 de abril, en sesión extraordinaria de Pleno, celebrada por videoconferencia, emite un Acuerdo General en el que después de una exposición de motivos en los que hacen mención de los diversos acuerdos mediante los cuales se señala lo importante de acatar las medidas de distanciamiento social así como el riesgo de incremento de contagios a lo largo del mes de mayo, en el que se espera la mayor intensidad de propagación del virus, el Poder Judicial adopta la postura de regresar a trabajar de manera parcial el 6 de mayo, so pretexto que, a decir de los Acuerdos tanto a nivel federal como estatal para atender la pandemia señalan que la impartición de justicia es esencial.
En este sentido, es importante señalar que si bien es cierto tanto el Acuerdo Federal como el del Estado – que dicho sea de paso, parecen copiados – la impartición de justicia es esencial y la sitúan en el rubro de la seguridad pública, también es cierto que no se hace un señalamiento específico sobre que áreas deben estar operando y en que circunstancias. Por lo que se entendería que son los respectivos poderes judiciales los que tendrán que detallar la manera en la que trabajarán sin poner en riesgo la salud y la vida, tanto de los justiciables como del personal encargado de impartir justicia.
Ante este escenario, el Magistrado Presidente emite un acuerdo general en el que señala cuales son los asuntos que deberán ser considerados como “Urgentes”, sin señalar cual fue el criterio para que se determinara que es lo urgente y que no lo es.
Se hace un exhaustivo listado, que resulta ser enunciativo y no limitativo, lo que abre la posibilidad de un sinfín de temas que pudieran entrar en ese rubro a pesar de no encontrarse en la lista. Aunque luego resulta también ocioso buscar que asuntos no están en la lista porque hay temas como en materia penal o mercantil en donde pareciera que todo lo que ahí se trata es de urgente resolución. Sin dejar de mencionar, claro esta, los demás temas en los que prácticamente todo se vuelve “urgente”.
Lo que llama mas la atención es como señala que se deberán estar resolviendo los asuntos, con un tercio del personal presente, como si quisieran demostrar que un una tercera parte del poder judicial se pudieran resolver los asuntos que se consideran “urgentes”.
El personal deberá estar presente en los centros de trabajo, aunque ello implique poner en riesgo a la ciudadanía y al personal en lugar de optar por el uso Tecnología y medios electrónicos como lo esta haciendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Es irresponsable la forma de actuar del Magistrado Presidente, porque en ningún momento, de la lectura de la exposición de motivos ni del propio acuerdo se desprende la realización de un test de ponderación que permitiera llegar a las conclusiones que llegaron y tomar el acuerdo que tomaron, mas bien parece un mero acto de imposición e intransigencia judicial, sin tomar en cuenta todos los elementos a considerar en una situación de ponderación de derecho a la salud, al trabajo, a la vida y a la justicia de las personas.
Quien se presume debería garantizar los derechos de las personas, en cuyas manos ponemos la salvaguarda de nuestros derechos, es quien los esta poniendo en riesgo.
