Dr. Ricardo Monreal Ávilla
Los resultados de la contienda electoral de 2012 por la Presidencia de la República se vieron fuertemente empañados por cuestionamientos a su legitimidad, a los que se intentó acallar con el inicio de una estrategia conocida como Guerra contra el narcotráfico.
La consecuencia de su implementación fue un brote de violencia criminal que se salió de control y vino a sumarse a los saldos de la endémica violencia estructural —manifestada a través de los altos índices de pobreza y la creciente desigualdad—. Así, de manera lamentable, miles de familias pasaron a engrosar listas sin precedentes de personas desaparecidas, desplazadas, secuestradas y asesinadas.
A pesar de los esfuerzos de los líderes de la administración federal 2006-2012 por posicionarse de mejor manera frente al electorado, lo cierto es que la caja de Pandora se ha abierto recientemente para ellos, ventilándose una serie de hechos que han puesto en entredicho su gestión al frente del país.
El juicio contra el capo de las drogas más importante de México —sentenciado a cadena perpetua por una corte de Nueva York el año pasado— permitió que se pusieran en evidencia la complicidad, el peculado y el cohecho detrás de la vinculación entre el crimen organizado y funcionarios de alto rango del gobierno mexicano, específicamente durante el sexenio 2006-2012.
El gobierno del vecino país del norte, a través de la investigación llevada a cabo por sus agencias de inteligencia, y con la participación de testigos, ha comenzado a desnudar la red de complicidades que permitieron que el crimen organizado se convirtiera en el monstruo que es hoy. No es secreto para nadie la fuerza que adquirieron los grupos delictivos durante la primera década del presente siglo.
En un hecho que no dejó de sorprender, uno de los personajes clave de la administración federal mencionada, precisamente quien se encargó de diseñar y ejecutar la estrategia de la llamada Guerra contra el narcotráfico, fue detenido en Texas, Estados Unidos de América, acusado de recibir sobornos provenientes del crimen organizado, particularmente de un cártel.
Las autoridades estadounidenses acusan la complicidad del exfuncionario para favorecer de manera abierta a ese grupo delictivo, permitiendo el paso de estupefacientes por territorio mexicano con destino a la Unión Americana y falseando información.
Además de ello, por medio de una investigación periodística se supo que, presuntamente, la “guerra” iniciada en 2006 en contra del narcotráfico no fue sino una fachada para beneficiar de manera abierta a un grupo delincuencial desde el mismo gobierno; resulta por demás asombroso que instituciones del Estado mexicano encargadas de velar por la seguridad de la población se convirtieran en el brazo institucional de una organización criminal, con el propósito de diezmar a sus competidores, sacrificando en el acto la vida y la seguridad de miles de familias.
Ante tales senalamientos, los encargados de la administración federal durante aquel periodo se han deslindado de toda actividad perpetrada por el ya mencionado exfuncionario, lo cual ha despertado suspicacias
Además, la mencionada gestión tiene sobre sí otra pesada loza: “Rápido y Furioso”, operación encubierta de 2009 que se trazó desde la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) del gobierno norteamericano.
El propósito de aquella operación fue introducir armas de fuego de alto poder —rifles AR-15 y AK-47— a territorio mexicano, con el fin de identificar a compradores y proveedores de la delincuencia organizada en nuestro país.
Cuando el operativo fue denunciado en 2010, después del asesinato de un agente fronterizo estadounidense, el gobierno de la República intentó deslindarse y envió una protesta diplomática enérgica a Washington. Diez años después, sabemos que quienes estaban a cargo de la administración federal tuvieron conocimiento en todo momento de que se estaban ingresando armas de alto poder por medio de una operación encubierta.
La verdad cae por su propio peso. En días anteriores, el presidente de la República, durante su conferencia matutina, mostró un memorándum desclasificado del gobierno norteamericano, conseguido a su vez por la periodista Dolia Estévez, en el que se especifica que el otrora titular de la Procuraduría General de la República había sido informado del operativo desde el año 2007.
Queda claro que el gobierno de aquel entonces supo, con mucho tiempo de anticipación, de la operación encubierta; no obstante, se permitió la injerencia ilegal de extranjeros en asuntos de seguridad nacional que son de la exclusiva competencia del Estado mexicano.
En 2014, el colectivo Desarme México interpuso una denuncia ante la —hoy extinta— PGR, para “determinar si funcionarios del gobierno federal [2006-2012] habían participado en el tráfico de armas y en qué medida”. La consecuencia tuvo que haber sido la responsabilidad penal de esas personas por traición a la patria y por haber permitido, auspiciado y tolerado la flagrante vulneración de la soberanía nacional, causando la muerte de connacionales y extranjeros.
La justicia llega, tarde o temprano. Es tarea del actual gobierno mexicano hacer las investigaciones correspondientes para, en su caso y en estricto apego a la ley, fincar las responsabilidades correspondientes.
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