Legalidad, no privilegios
Dr. Ricardo Monreal Ávila
La 4T implica en sí misma cambios de fondo que, invariablemente, están encaminados a volver realidad el artículo 13 de nuestra Carta Magna: legado histórico de los más brillantes liberales del siglo XIX que se centra en la supresión de fueros y privilegios.
Los efectos de las nuevas políticas gubernamentales ya se han empezado a sentir por quienes estaban acostumbrados al cobijo, los favores, privilegios o prebendas, zanjando las distancias entre el poder político y el poder económico, en detrimento de las personas menos favorecidas.
La llegada de un gobierno de izquierda fue por décadas el temor de los grandes círculos del poder político y económico de nuestro país; no es un secreto para nadie que muchos de los esfuerzos de quienes dieron rostro a la época neoliberal se concentraron en detener el avance de proyectos auténticamente populares en el escenario político nacional.
Los vientos de cambio que golpearon con fuerza los inicios del siglo XXI concedieron el arribo al poder de las representaciones más abiertas de la derecha política; hubo transición política, pero no cambio de régimen, por lo que la agenda política, económica y social prácticamente no sufrió variaciones.
Por otro lado, los lastres del antiguo régimen se recrudecieron: se incrementaron los niveles de deuda pública externa e interna, así como la corrupción, el amiguismo el nepotismo y la burocracia dorada, con cargo a las cada vez más empobrecidas familias mexicanas.
En el año 2012 ocurrió una nueva transición, pero de nueva cuenta no hubo un cambio de régimen. La agenda neoliberal encontró en la administración federal (y en los pactos cupulares de fuerzas políticas afines) a sus principales aliados, avanzando sin cortapisas en el culmen del esfuerzo privatizador: la reforma energética, mediante la cual se comprometieron seriamente los recursos estratégicos de la nación, perpetuando el régimen de privilegios y amenazando de paso la soberanía.
Por si fuera poco, ha quedado en evidencia cómo en aquella época la Secretaría de Hacienda, con la complacencia y el beneplácito de la Presidencia de la República, condonó cantidades ingentes de impuestos a los emporios empresariales más importantes del país. En marzo pasado, el actual primer mandatario reveló en una de sus conferencias matutinas que el total de la condonación discrecional de contribuciones fiscales en los dos sexenios pasados ascendió a un total de 21 mil millones de dólares, ocasionando un grave daño a las arcas públicas del Estado.
Por esa razón y por iniciativa de las y los defensores de la 4T, se aprobaron las reformas necesarias para eliminar la condonación de impuestos y, con ello, evitar la utilización de la política fiscal como una institución de pago de favores. En su lugar, se planteó que el Estado pudiera ejercer mayor inversión en áreas del sector público de suma relevancia, tales como la salud, la educación y la investigación en ciencia y tecnología, entre otras.
El papel actual de la institución encargada de la recaudación tributaria, la Secretaría de Hacienda, es llamar a cuentas a quienes por años se beneficiaron de un régimen de privilegios basado en la corrupción y el pago de favores, alentando la evasión y un régimen fiscal de carácter regresivo.
Por primera vez en la historia de nuestro país se erigió un gobierno de carácter popular, legítimo, lo cual actualizó los temores de varios grupos y emporios acostumbrados a los vicios y las malas prácticas del pasado. Ahora las políticas públicas en todas las áreas están pensadas y direccionadas para atender a la ciudadanía de a pie, a la que los gobiernos anteriores ni siquiera tomaron en cuenta, y que, por el contrario, fue sometida a duras cargas fiscales, con el fin de llenar los huecos dejados por las condonaciones de las millonarias contribuciones.
Para quienes estaban acostumbrados a regímenes especiales, el hecho de pagar a la hacienda pública lo que por ley les corresponde constituye una afrenta, por lo que el arribo de la izquierda a la Presidencia ha sido objeto de los más variados y hasta descabellados ataques mediáticos: allí concurren las comparaciones desafortunadas con la crisis en Venezuela, el falso debate de las energías limpias o la raja política que lamentablemente se la ha querido sacar al tema de la pandemia.
En México tiene que prevalecer el Estado de derecho; por encima de la ley, nada ni nadie, lo que de ninguna manera exime la colaboración entre la administración pública y el sector privado. Se debe entender el rol estratégico del Estado en el desarrollo económico, uniendo esfuerzos por el bienestar de la población, recordando que en la sindéresis del derecho se encuentra la dignidad de cada mujer, hombre, niño o niña de nuestro país.
Femsa, consorcio que ha incursionado en diversos sectores productivos de nuestro país, aceptó en días pasados pagar 8 mil 790 millones de pesos por concepto de impuestos. Al presidente de ese consorcio, conocido como JAR, o por el apodo del “Diablo” —persona a la que he tenido la oportunidad de tratar en algunas ocasiones—, se le ha querido adjudicar una declaración relacionada con hacer uso del doble de la cantidad erogada en sus contribuciones, para influir en el ejercicio de revocación de mandato propuesto por el propio presidente de la República, lo cual fue desmentido por la misma dirección de la compañía en un comunicado.
Después de que se difundió esa supuesta declaración, hubo reacciones en redes sociales, en donde incluso se convocó a boicotear a la empresa mencionada. A partir de mi experiencia, JAR, como muchos otros empresarios y empresarias mexicanos, es una persona de negocios cabal, que sin duda ha entendido que el propósito de este gobierno no es la confrontación con el sector privado, sino la defensa de la legalidad y la construcción de acuerdos para impulsar el bienestar de todas y todos los mexicanos; meta principal y razón de ser de la 4T.
Las grandes empresas y consorcios de nuestro país son conscientes de que la ideología económica del actual gobierno dista mucho del enfrentamiento o el ataque al sector privado, muy al contrario, existe un férreo compromiso con la sana competencia económica y con las certidumbres para conceder una cancha pareja, las cuales pasan necesariamente por la restricción de fueros y privilegios, y por el fortalecimiento del Estado de derecho.
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