La razón de ser de los organismos autónomos.
Por: Jenny González Arenas.
En una charla reciente, de esas que ahora se hacen por internet, como parte de la nueva realidad en el mundo, alumnos estudiantes de derecho preguntaban sobre la razón de ser de los Derechos Humanos, reflexionábamos juntos sobre la existencia de estos derechos como un mecanismo de freno al ejercicio autoritario del poder del Estado.
Esa afirmación me llevó a meditar un poco sobre la existencia de los organismos autónomos constitucionales. La justificación de estos organismos radica en que se requiere de cierta autonomía para poder criticar y cuestionar las acciones emprendidas por el gobierno central.
La autonomía de los organismos constitucionales brinda la suficiente independencia, no solo para ejercer sus recursos, sino para emitir opiniones y recomendaciones con la certeza de que sus decisiones no estarán, al menos es lo que se pretende, influenciadas por el gobierno en turno.
Los organismos autónomos constitucionales, tienen una característica muy importante, es el grado de especialización en el tema que abordan, lo que provoca que las opiniones que de ahí emanan no son decisiones políticas sino verdaderos estudios sobre el caso concreto, basada en una metodología que motiva una decisión pensada en torno a un tema en particular, es decir, no se trata de preguntar a la mayoría se están a favor o en contra de alguna decisión solo porque así conviene a sus intereses, sino de justificar, con argumentos debidamente fundados y motivados las razones por las cuales se toman las decisiones.
Incontables son los casos en los que los titulares de las secretarías no son especialistas en los temas que debe tratar la secretaría que les toca encabezar, y ocupan el puesto por ser amigos del presidente en turno o por favores políticos, lo que en muchas ocasiones motiva la toma de decisiones de acuerdo con intereses particulares o personales, a capricho del gobernante en turno.
Por el contrario, la conformación de los organismos autónomos, en su mayoría se trata de personas que han demostrado formación sobre el tema en particular, que requieren cierto prestigio y reconocimiento en su trayectoria y que son abalados por el senado de la república o por el poder legislativo local, dotando así de una especie de legitimación pública en relación a quien encabezará el organismo autónomo, no solo por la sugerencia del ejecutivo, sino por el reconocimiento de su trayectoria en el tema.
La autonomía de la que están dotados les da el poder de tomar decisiones independientemente de los intereses del gobierno en turno, apegados – al menos eso pareciera – a su conocimiento sobre el tema y no a los intereses políticos del caso que llega a sus manos para resolver.
Atentar contra los organismos autónomos, su independencia o su existencia, implicaría la desaparición de ese freno al ejercicio autoritario del poder, llevando a la sociedad mexicana, no solo a un centralismo autoritario en la toma de decisiones, sino provocando una violación flagrante a la Constitución Mexicana, puesto que estaría atentando claramente con el principio de progresividad de los derechos reconocido en el artículo primero de nuestra constitución.
El amenazar, ahora a la CONAPRED y después a otros organismos autónomos, no es otra cosa que un acto de autoritarismo, de centralización y un retroceso de los derechos en nuestro país. Este tipo de señales se deben de atender de manera urgente, no debemos tomarla a la ligera.
