Ricardo Monreal Ávila
¿Interés general o particular?
Luego de una sesión de más de doce horas ininterrumpidas, el Senado de la República concretó el día de ayer la aprobación por parte del Congreso de la Unión para extinguir 109 fideicomisos; la razón: la opacidad con que se han manejado los cuantiosos recursos públicos allí depositados.
Es bien conocido que muchos de los recursos repartidos a través de los fideicomisos, originalmente destinados a becas para la investigación, para atletas de alto rendimiento o para apoyar diversas artes, entre otros objetivos, fueron en cambio a parar a los bolsillos de personas allegadas a funcionarios y funcionarias de alto rango.
Actualmente, esa figura es utilizada por los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal, y la virtud de este esquema de dotación de recursos económicos proviene de la flexibilidad que lo caracteriza, la cual se traduce en menos restricciones para el manejo temporal de los presupuestos y el cumplimiento de objetivos. Asimismo, la fiscalización de los recursos con que cuenta cada fideicomiso sigue otro tipo de suerte, distinta de la de la mayoría de los organismos públicos convencionales, lo que la hace menos rígida.
Sin embargo, estas ventajas convirtieron a los fideicomisos constituidos en el seno del Estado mexicano en un arma de doble filo, al dar paso a irregularidades y prácticas de corrupción en su manejo, y así, muchos de ellos funcionaron durante largo tiempo como las cajas chicas de una élite política, desde donde se desvió gran cantidad de recursos públicos para la satisfacción de intereses particulares, dejando de lado el mandato de velar por el interés general o colectivo.
Sólo en 2018, más de 336 fideicomisos federales contenían en sus arcas 879 mil millones de pesos. Con esa cantidad de dinero se cubriría veinte veces el presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México; siete veces el destinado a la capital del país y tres veces el de la Secretaría de Educación Pública.
Cabe recordar que el Presupuesto de Egresos de la Federación del año fiscal anterior equivalía a 6 billones de pesos, aproximadamente, por lo que el total de recursos depositados en los fideicomisos asciende a casi una sexta parte de la cantidad de dinero de la que dispone la Federación para el ejercicio anual del gasto público, y actualmente los 32 estados de la República cuentan con 326 fideicomisos públicos que en su conjunto suman aproximadamente 39 mil 140 millones de pesos.
Hay quienes consideran una exageración afirmar que muchos fideicomisos se convirtieron en cajas chicas o búnkeres institucionales plagados de corrupción; sin embargo, hay evidencias consistentes, así como relatos ciudadanos de que la distribución de los recursos mediante esta figura no se realizaba siempre de manera justa, equitativa y oportuna.
Por su misma naturaleza (recuérdese el secreto fiduciario), no es posible fiscalizar estas instituciones con el rigor de los sistemas de control interno y de evaluación que sí son aplicables en los organismos públicos centrales o paraestatales. Ello ha permitido abusos y excesos por parte de las instancias encargadas de su administración o manejo.
Con todo, el actual Gobierno federal no es el único que ha tenido evidencias del mal manejo o de la opacidad en la conducción y el destino de los recursos públicos depositados en los fideicomisos. No son pocos los análisis realizados por organizaciones civiles y personas conocedoras del tema que ya habían advertido de ello.
El saneamiento de las finanzas públicas fue uno de los principales compromisos anunciados desde la campaña política de 2018 por el actual presidente de la República. La ordeña constante de recursos del erario fue una característica de las administraciones pasadas, y la utilización de los fideicomisos para tales propósitos es un estigma que se debe corregir; resulta imperante que todo tipo de prácticas que laceran el interés general de la nación sea proscrito definitivamente.
Así, el Ejecutivo federal ha anunciado que se han iniciado los trámites para realizar una auditoría técnica, administrativa y financiera en todos los fideicomisos que están por ser extinguidos y que, ante evidencias de corrupción o malos manejos, se presentarán denuncias ante la Fiscalía General de la República.
Por supuesto que las decisiones presidenciales, a dos años de gobierno, trastocan (y seguirán haciéndolo) los intereses de particulares apostados a lo largo y ancho de los programas y presupuestos públicos durante décadas, pero los intereses de particulares no pueden estar por encima del interés de la nación y el bien público, los cuales el Estado mexicano está obligado a velar.
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