Ricardo Monreal Ávila
Intermediarios y desvío de recursos
No es casualidad que el sobreendeudamiento público que pesa sobre el país se haya incrementado considerablemente durante el periodo del neoliberalismo; actualmente este monto asciende a 12 billones 281 mil 445 millones de pesos.
Se trata de una ingente cantidad de dinero que no fluyó adecuadamente a infraestructura pública o desarrollo, sino a la alimentación de marcos de opulencia y lujos, característicos de la clase política que se apostó en el poder durante más de treinta años, defendiendo intereses particulares y de grupo.
El manejo y la operación de recursos públicos de manera fraudulenta significa daños directos al erario público, y también la traición a la confianza de millones de mexicanas y mexicanos, así como el socavamiento del patrimonio de generaciones futuras.
La corrupción es una práctica desleal sobre la que se han montado fortunas inmensas por parte de integrantes sin escrúpulos de la clase política. La alianza entre el poder político y el poder económico, y la injerencia del poder económico en los terrenos del poder político permitieron durante mucho tiempo un saqueo desmedido de los siempre escasos recursos de que dispone la Federación.
La llave de salida de recursos públicos de manera discrecional se ha cerrado. Una de las principales prioridades de la 4T es combatir la corrupción que tanto ha lacerado el patrimonio común de las y los mexicanos y, afortunadamente, como se había esperado por tanto tiempo, el poder político el día de hoy no está subordinado en forma alguna al poder económico.
El régimen neoliberal a la mexicana ya era insostenible; las prácticas de corrupción insertas en prácticamente toda la vida pública o administrativa del país no sólo representaron cuantiosos daños a las arcas del Estado, sino que, de manera paralela, se sacrificó la calidad de vida de la mayoría de la población.
La pobreza, la ineficiencia de los servicios de salud, la mala calidad de la educación pública, el atraso en la investigación tecnológica, así como el remate de reservas ecológicas protegidas con el consiguiente daño ambiental, entre otros aspectos, se agudizaron con las prácticas corruptas que cundieron en el país.
Existen muchos ejemplos de los saldos execrables del régimen de corrupción que quedarán para la ignominia de la nación mexicana y que permiten dimensionar el grado de descomposición de las principales instituciones del Estado mexicano durante las pasadas administraciones.
Por ejemplo, la utilización de intermediarios resultó ser la fachada perfecta para la fuga millonaria de recursos públicos que presumiblemente fueron destinados a otros fines.
El Fondo de Desastres Naturales (Fonden), creado en 1996 y en operación desde 1999, es una partida presupuestal destinada a atender, con carácter de urgente, a la población que haya sido afectada por alguno de los 22 siniestros naturales que tienen mayor incidencia en nuestro territorio: huracanes, sismos e incendios, por mencionar algunos. Su desaparición ha sido tema de disputa entre los gobernadores de la oposición (principalmente entre quienes conforman la llamada Alianza Federalista) y el actual Gobierno federal.
El programa era demasiado flexible. En sólo 72 horas y con la emisión de una declaratoria de desastre, cualquier gobierno estatal podía tener acceso a los cuantiosos recursos económicos para atender una emergencia, mientras el Gobierno federal se encargaba de otorgar los recursos de manera monetaria o en especie.
El problema es que la utilización de este “botón de emergencia” propició abusos y desvíos, los cuales han sido ya documentados por la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública.
El uso de intermediarios o empresas para el abastecimiento o la distribución de productos de primera necesidad entre la población afectada invariablemente llevaba implícito el sobreprecio, incluso en más del 50 por ciento, del costo de los artículos adquiridos para la atención de las emergencias ocasionadas por desastres naturales.
Tenemos el ejemplo de la adquisición de cobijas, cuyo costo en el mercado es de 150 pesos, pero que fueron adquiridas por algunos gobiernos estatales hasta en 1500 pesos cada una. Las necesidades o penurias de la población se utilizaban como la coartada perfecta para desviar recursos, sin que ello pudiera fiscalizarse y reportarse con un control hacendario mucho más estricto.
La utilización de intermediarios derivó en prácticas bastante cuestionables, en detrimento del servicio público; en donde se suscitaban tragedias por un desastre natural, había quienes aprovechaban la situación para desviar y sustraer recursos que eran propiedad de la nación, lo cual de ninguna manera se podía permitir en la presente administración.
Que los apoyos se entreguen en forma directa por parte de la Tesorería de la Federación a las personas afectadas, como se ha hecho ante la emergencia por las inundaciones que se presentaron en los estados de Nayarit y Tabasco, permite una distribución más eficaz de los recursos, al tiempo de beneficiar a más personas y hacer un ejercicio responsable de los recursos económicos, abonando a una debida rendición de cuentas.
Prescindir de intermediarios innecesarios permitirá la transparencia en el ejercicio del gasto público y contribuirá a cesar las prácticas de rapiña alimentadas en administraciones anteriores.
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