Telefonía Celular y datos biométricos.
Por: Jenny González Arenas.
Se acaba de aprobar por el senado una propuesta que ya había sido previamente aprobada por la Cámara de Diputados referente al padrón de datos biométricos que se pretende conformar con los usuarios de servicios de telefonía celular. Este tema ha acarreado muchas opiniones a favor y en contra (los únicos que lo defienden son los que lo propusieron).
El tema en sí es complicado, porque involucra muchas aristas que, de no ser analizadas a profundidad, pueden dejar en estado de indefensión a millones de mexicanos. Nos centraremos en el conflicto de derechos humanos.
Partimos del derecho humano a la privacidad frente al derecho humano a la seguridad pública; no porque sea el más importante, sino porque los legisladores mexicanos que promueven este padrón se han encargado de venderlo como la panacea para terminar con la extorsión y el secuestro que “en muchos casos, se cometen desde los centros penitenciarios, a través de teléfonos celulares que ingresan de forma clandestina a las prisiones.”
Esta afirmación nos lleva a un sinnúmero de cuestionamientos que se deberían resolver antes de atreverse a tomar una medida tan invasiva a la privacidad de los mexicanos como la creación de un padrón con datos biométricos, por ejemplo ¿si se atreven a afirmar que “en muchos casos”, significa que la autoridad tiene conocimiento de cuantos ocurren desde el interior de un centro penitenciario y cuantos no? Si es así, ¿porqué las autoridades no hacen algo?; además ¿cómo dejan a las autoridades penitenciaras cuando declaran que los delitos ocurren desde el interior de los centros penitenciarios? ¿están reconociendo la ineficacia de dichas autoridades al no poder detener el ingreso de teléfonos celulares a los distintos centros penitenciarios?
No sería mejor que se reforzaran las medidas de seguridad en los centros penitenciaros o que se busque y castigue a los responsables del ingreso de los celulares a dichos centros o que se implementes verdaderas estrategias de reinserción social o de prevención del delito, para evitar que se sigan cometiendo secuestros y extorsiones desde el interior de las cárceles.
Siempre es el ciudadano quien tiene que asumir, con la injerencia excesiva en el ejercicio de sus derechos, por la ineptitud de las autoridades para realizar su función de seguridad pública.
En pocas palabras, el derecho a la privacidad es el pilar del desarrollo de las personas en una democracia respetuosa de los derechos humanos, porque implicaría que puede libremente expresarse, manifestar sus ideas y su forma de pensar, sin el temor de que la autoridad lo persiga por ello, puede reunirse libremente con quien así lo desee, publicar la información que así considere en los medios que tenga a su alcance, porque es su responsabilidad y el ejercicio de su derecho a la privacidad.
Pero cuando el Estado ha reconocido su ineficacia, es cuando se tienen que implementar medidas restrictivas, que violentan no solo la vida privada de las personas, sino que ponen en riesgo la información más personal de cada individuo como lo son sus datos biométricos, simple y sencillamente porque el Estado no ha sido capaz de encontrar una medida menos lesiva para poder “combatir la delincuencia”.
Existirá algún estudio que demuestre que, si la población entrega sus datos biométricos al Estado, la delincuencia disminuye. Si lo hay, que lo presenten, pero si no lo hay, entonces confirmamos que será una medida más de represión del Estado en contra de los mexicanos, un retroceso en el ejercicio de los derechos humanos y, por ello, no solo una violación al principio de progresividad de los derechos consagrado en el artículo 1º Constitucional, sino una violación a los tratados internacionales ratificados por nuestro país. Pero eso parece no ser relevante para los diputados y senadores, se trata, simplemente, de implementar una medida que, puede que no tenga el fin que tanto han publicitado.
